12 de abril de 2015 04:31 AM
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Gobierno español aprueba el Proyecto de Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria

Ordena el sistema de inspecciones y controles aplicados a los alimentos en las diversas etapas de la cadena de suministro

 El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado viernes 10 de abril el Proyecto de Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria que actualiza la legislación vigente en la materia, que data de 1983, y se adapta a la normativa europea que regula los controles en el ámbito de la comercialización de productos alimenticios y la garantía de su calidad.

La nueva norma incorpora al ámbito de la calidad alimentaria, los principios ordenadores de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que implica que los operadores en las relaciones comerciales no tienen que cumplir más que una sola regulación. Un aspecto  innovador, dado que ofrece mayor capacidad de actuar al operador, en el ámbito de la libertad de empresa y de circulación de mercancías y servicios.

Mediante el Proyecto de Ley, se ordena también el sistema de inspecciones y controles aplicado a los  alimentos, en las etapas de la cadena de suministro comprendidas entre la salida de los productos de la explotación agraria o sacrificio de los animales, hasta su llegada a los almacenes de distribución mayorista. Una regulación cuyo fin es asegurar que los productos llegan al consumidor con todas las garantías de calidad.

Los  sistemas de control que se establecen en la Ley son los existentes en la normativa comunitaria, si bien con este texto aparecen por primera vez en España sistematizados en un único instrumento legal y con vocación de norma básica.

De esta forma se favorece la competitividad de las empresas mediante la simplificación de los mecanismos de control de la calidad comercial de los productos alimentarios, evitando que los operadores se vean sometidos a las cargas administrativas derivadas de la multiplicidad de normativas autonómicas, no siempre coincidentes.

El proyecto de Ley  homogeneiza y actualiza el régimen sancionador, al dictar normas básicas que establecen qué hechos se consideran infracciones leves, graves o muy graves, y se define una horquilla  sobre la cuantía de las sanciones.

Se pretende con ello salvar los obstáculos con los que se encuentran las empresas del sector al recibir un tratamiento distinto según la Comunidad Autónoma en la que desarrollen su actividad, y que los operadores situados en distintos eslabones de la cadena, cualquiera que sea el lugar en el que desarrollen su actividad, tengan un tratamiento igual en caso de detectarse irregularidades en su actuación.

En éste régimen sancionador también se contempla  una actualización de la cuantía de las sanciones, dando así cumplimiento al mandato de la Unión Europea que establece que las sanciones deben ser eficaces, proporcionales y disuasorias. De esta forma, se armoniza el régimen sancionador en todo el territorio español y se actualizan sus importes, de forma que no sea rentable defraudar.

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