27 de mayo de 2015 04:03 AM
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El conflicto aceitero amenaza con hacer estallar la cadena de pagos agrícola: el gobierno igual ya cobró retenciones adelantadas por casi un 70% de los ROE autorizados

Siguen los bloqueos de la Federación de Trabajadores del Complejo Oleaginoso.

Trabajadores aceiteros continúan bloqueando los accesos a las terminales portuarias y fábricas oleaginosas localizadas tanto en el sur santafesino como bonaerense. La medida de fuerza atenta contra la principal fuente generadora de divisas presente en la economía argentina.

La semana pasada representantes de Ciara y de la Federación de Trabajadores del Complejo Oleaginoso llegaron a un acuerdo para ajustar salarios en un 36% en 2015. Pero dicho acuerdo –insólitamente– no fue avalado por el ministro de Trabajo Carlos Tomada (quien, por orden del ministro de Economía, Axel Kicillof, no puede autorizar ajustes superiores al 28%).

La situación, además de comprometer la cadena de pagos agrícola en un contexto generalizado de falta de liquidez, está generando sobrecostos logísticos (con penalizaciones promedio de unos 20.000 dólares por día de espera de un buque y camioneros sin trabajo o varados en acceso de ingreso de terminales portuarias) que, en su mayor parte, serán trasladados a los precios de los granos pagados a productores.

Paradójicamente, el gobierno nacional, si bien debería tratar la “cuestión aceitera” como una prioridad para garantizar el flujo de ingreso de divisas, es el menos afectado por el conflicto.

Eso ocurre porque, gracias al cobro adelantado de derechos de exportación instrumentado por los ROE 180 y 365, se asegura la percepción del 90% de ese impuesto a los pocos días de liberado el ROE (sin importar que posteriormente la mercadería no se pueda embarcar por conflictos gremiales).

En lo que va del presente mes de mayo la Ucesci –organismo dependiente de la Secretaría de Comercio encargado de liberar las licencias de exportación– oficializó ROE de granos, aceites vegetales y harinas proteicas por 6,027 millones de toneladas, de las cuales un 69,5% se habilitaron contra el pago de retenciones anticipadas (la mayor parte de esas operaciones corresponden a maíz, poroto, aceite y harina de soja).

Además el gobierno, gracias a una normativa vigente desde 2012, obliga a los exportadores de granos, aceites y harinas a ingresar las divisas al sistema financiero local en un plazo de 30 días corridos contados a partir de la salida del embarque de la mercadería (aunque el cobro efectivo de la mercadería exportada sea posterior a ese plazo).

Por tales motivos, a pesar de las enormes dificultades que están registrando en las últimas tres semanas las fábricas aceiteras y terminales granarias argentinas, la liquidación de agrodivisas no se derrumbó. En las últimas dos semanas (del 11 al 22 de mayo) dicha liquidación, según datos de Ciara-CEC, fue de 1355,7 millones de dólares.

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