20 de junio de 2015 23:02 PM
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Incesante ola de robos en campos

El descuido del orden público, de la prevención y castigo a la delincuencia ha producido consecuencia devastadoras sobre los centros rurales

Con haber sido incontables, y muchas periódicamente puntualizadas, las políticas vejatorias a las que se ha sometido a las actividades agropecuarias a lo largo de los dos últimos gobiernos, se suele olvidar, entre ellas, una de las que tendrán efectos perversos más duraderos. El descuido del orden público, de la prevención y castigo a la delincuencia ha producido consecuencias devastadoras sobre los centros urbanos, pero también se ha extendido como una mancha incontenible sobre la vida rural, sometiéndola a toda clase de delitos.

 

Uno de los últimos ataques que recogió la crónica policial ha sido el brutal robo perpetrado por un grupo comando en una casaquinta de la ciudad bonaerense de Tandil, propiedad de Eduardo Cash, hermano de Diego Cash, ex pilar de Los Pumas en la década del 80. A las 2 de la mañana, cuatro ladrones sorprendieron a los dueños de cada cuando conversaban con otra persona en la entrada de su vivienda. Los asaltantes estaban fuertemente armados, encapuchados y usaban guantes. Se llevaron dinero en efectivo y un auto que fue luego abandonado en una ruta. La causa fue caratulada “robo calificado por empleo de arma de fuego en despoblado y en banda, robo de automotor y privación ilegal de la libertad”.

 

Es un milagro que en las actuales circunstancias del país todavía haya familias que se resistan a abandonar las viviendas asentadas en campos, muchos de ellos, de trabajo. Sin caminos transitables tan pronto cae la lluvia y que en nada han mejorado a pesar de la magnitud de las exacciones fiscales, privadas de la infraestructura más elemental de que se dispone en poblados, muchas familias han ido abandonando con sus hijos los campos porque, además de las privaciones en que en ellos se vive, deben estar preparadas para las contingencias más graves respecto de la seguridad personal y de sus bienes. Basta recorrer zonas del norte de la provincia de Buenos Aires o del sur de Santa Fe para comprobar que, en la mayoría de los casos, una casa, un galpón que se observen a la distancia, se convertirán casi con certeza en cascarones vacíos tan pronto el viajero se acerque y pueda agudizar la mirada.

 

La falsa “década ganada” ha sido para la vida rural peor que una década perdida. Ha impelido a los pobladores a trasladarse a pueblos por los riesgos crecientes de mantener los hogares en medio de una soledad asediada por peligros. Las entraderas y salideras, tan tristemente famosas por los innumerables hechos de violencia que se producen a las puertas de bancos y de viviendas en las ciudades, son también modalidades operativas de la delincuencia junto a las tranqueras.

 

La criminalidad en el ámbito rural se vale de recursos informativos que nada difieren de la que actúa en centros urbanos. Hace “inteligencia previa” sobre las fechas en que se conforman operaciones de venta de tierras, maquinarias, granos o ganado, sobre si se depositaron o no los importes en algún banco, y asaltan a los productores con conocimiento previo sobre el momento y lugar apropiados para ejecutar los movimientos. El año pasado se conocieron numerosos casos de delincuentes que ingresaron en una propiedad rural, cortaron alambrados para llegar al casco y sorprendieron a los moradores, a quienes atacaron violentamente antes de fugarse con sus pertenencias.

 

Se ha sabido de muchos casos igualmente graves relatados por ruralistas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, entre Ríos, Córdoba y La Pampa, donde desvalijaron campos en ausencia de sus dueños, llevándose herramientas, muebles, vajillas y prendas sin que nadie haya visto o escuchado nada. Los malvivientes aprovechan casi siempre las horas de la noche o la ausencia de gente durante el día. Lamentablemente, hartos de la reiteración de este tipo de robos, son muchos los productores que desisten de realizar la necesaria denuncia, con lo cual la cifra de los delitos -ocultadas sistemáticamente por las autoridades- es mucho mayor que la que puede llegar a estimarse.

 

Al robo de ganado mayor, de herbicidas, de fertilizantes, de semillas, de animales de granja, de maquinarias y herramientas se suma la reiterada rotura de silobolsas, que constituye una modalidad delictiva que provoca grandes perjuicios al campo. Se trata de un delito contra la propiedad privada que requiere de una investigación para hallar y condenar a sus autores. La única manera de evitar la comisión de esos delitos es mediante una eficaz prevención y una aficaz sanción una vez que se hayan producido.

 

También es frecuente que se mate animales a tiros a fin de extraer el cuero y llevarse los mejores cortes para venderlos en carnicerías. Ni hablar de contar con planteles pequeños de animales, como ovinos o porcinos. ¿No ha habido, además, desde los años noventa denuncias de todo tipo por asaltos a camiones que transportaban ganados y concluían su recorrido en establecimientos matarifes? ¿Cuántos pagaron con la cárcel por tanta urdimbre siniestra, cuántos obraron en esos delitos especializados sin connivencia política o policial?

 

Habrá que seguir con atención los verdaderos resultados que se produzcan en la provincia de Buenos Aires, la más activa, al parecer, en la prevención de los delitos rurales. Las autoridades dicen que han reducido los robos de animales. Sin embargo, nada que se haga en jurisdicciones locales será suficiente por sí solo para combatir un flagelo que ha introducido cambios históricos en la composición sociológica y habitacional en el campo argentino. Sin una política nacional coherente con el papel que se espera del Estado en cualquier sociedad medianamente civilizada se dilapidarán los esfuerzos que puedan hacer las provincias y municipios. Hay de por medio un problema cultural desatendido también por fuerzas de oposición que aspiran a llegar al poder en diciembre próximo: la ley está para ser cumplida, el monopolio de la fuerza sólo es legítimo cuando es ejercido en representación del Estado. Prevenir y reprimir los delitos constituye una de las funciones esenciales que a éste le corresponden.

 

Es indispensable asumir mayor decisión y coraje cívico frente a la delincuencia y a quienes levantan banderas de impunidad respecto de delitos que se enfrentan con el más absoluto de los rigores en los estados totalitarios a los que pretenden, por si fuera poca la ironía, tomar de modelo. Si el orden público, la seguridad física y de los bienes no se recuperan ni se garantiza la eficiencia policial ni la seguridad jurídica, y por ende, la independencia judicial, de poco servirá que en tan sólo seis meses se produzca un relevo de gobernantes.

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