18 de noviembre de 2009 12:25 PM
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Habrá que financiar la preservación del bosque

En diciembre todas las naciones se reunirán en Copenhague para definir acuerdos que eviten el deterioro climático, provocado por las emisiones de dióxido de carbono producidas a partir de la Revolución Industrial.

Esperemos que se reconozca que los bosques deben ser preservados porque son una garantía para todos, vivamos donde vivamos, de contención del calentamiento global y que es grave que la deforestación este agravando la emisión de carbono. Existe una cuestión de justicia distributiva, ya que los grandes bosques fueron ya talados en los países industrializados y existen hoy únicamente en el mundo en desarrollo (África, América Latina y Asia Pacifico). Si se pretende, como reclaman muchas organizaciones ambientalistas en los países avanzados, que estas naciones pobres renuncien a desarrollos productivos que les generan ingresos y empleos, es necesario implementar mecanismos de financiamiento que las compensen por este renunciamiento.

Si todas las naciones, incluidas las desarrolladas que destruyeron sus bosques I, se apropian de los beneficios que los bosques aportan por ser potentes sumideros de carbono es razonable compensar por este beneficio global. Pero no existe ningún mecanismo financiero para defender el bosque, por esto es necesario que en una nueva versión del Protocolo de Kioto se puedan emitir bonos verdes a favor de quienes preservan el bosque y pierden así una alternativa agropecuaria. La deforestación equivale a un Portugal cada año. El bosque disminuye un 5 por ciento por década y las consecuencias son graves: la liberación a la atmósfera de 3000 millones de toneladas de carbono cada año. Pero si avanzan razonables propuestas de establecer un gravamen universal a las energías contaminantes (carbón, petróleo y gas) habría recursos financieros para preservar los grandes bosques en las regiones tropicales.

Un quinto de las emisiones mundiales de CO2 proviene de la deforestación, lo interesante es que la reducción de estas emisiones tendría bajo costo. En América latina se desmontan bosques tropicales para crear pasturas cuyo valor anual es de unos pocos cientos de dólares la hectárea, mientras que se liberan 500 toneladas de CO2 por hectárea. Ello implica, un costo de reducción de la emisión de CO2 inferior a un dólar por tonelada. Cuando se toman en cuenta otros usos de la tierra aún más rentables, el costo de reducción de la contaminación sigue estando por debajo de los 3 dólares/tonelada de CO2. Mientras tanto, los europeos han llegado a pagar más de 20 dólares por tonelada. Quienes deforestan están destruyendo bienes que retienen carbono cuyo valor anual por hectárea oscila entre 1.500 dólares y 10.000 dólares, por actividades que apenas aportan 200 a 500 dólares. El problema es que los mercados de carbono, no recompensan la disminución de emisiones por la deforestación evitada. No se ha sacado aún partido de esta oportunidad debido a la envergadura de los recursos financieros involucrados.

Hay que avanzar hacia incentivos para que los países en desarrollo reduzcan las emisiones provocadas por la deforestación. Los países podrían cumplir requisitos sobre la reducción de las emisiones financiando la reducción de la deforestación, los países en desarrollo recibirían así pagos por estas reducciones. Así se terminará con la situación actual, en la cual se reclama a países pobres que no deforesten perdiendo la oportunidad de tener un uso alternativo rentable financieramente de su tierra. Los que reclaman hasta ahora no pagan un centavo por la captura de gases contaminantes de los grandes bosques. Esta expansión del mercado de los bonos verdes, no solo aliviara la pobreza mundial sino que también será eficaz en el esfuerzo por la mitigación climática. Esperemos que en Copenhague se pueda avanzar en este sentido.

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