26 de agosto de 2015 12:10 PM
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Senacsa suspenderá a cuatro funcionarios imputados

De las 28 personas que fueron imputadas por la Fiscalía Anticorrupción por presuntamente causar un perjuicio patrimonial a la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Servicios, Consumo y Producción de Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Coopemag), cuatro son funcionarios del Senacsa, hasta la fecha.

De acuerdo con los datos que obtuvimos de Recursos Humanos de la institución, César Ortiz trabaja como asesor legal de Senacsa; Francisca Lezcano presta servicios en la Vicepresidencia; Andrés Benítez presta servicios en la Asesoría Técnica; Secundino Zorrilla es jefe de Transporte y Taller, todos del ente sanitario local.

Idoyaga dijo estar al tanto de la cuestión, pero que están esperando la comunicación correspondiente de la Fiscalía para suspender en sus cargos a la funcionarios salpicados presuntamente en el daño de unos G. 4.093.520.808 a la Coopemag. “Estamos enterados de que si continúan en los cargos los funcionarios imputados estaríamos incurriendo en una falla a la Ley de la Función Pública, por lo que estamos siguiendo todo el proceso legal para separarlos de los cargos hasta que culmine el proceso judicial”, dijo Idoyaga.

 

Al menos Ortiz y Zorrilla figuran como funcionarios permanentes del Senacsa. Los otros dos, Lezcano y Benítez, son contratados.

 

Recordemos que el caso Coopemag se originó por una denuncia presentada en setiembre del 2013 por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) por varios delitos económicos, a partir del informe de la intervención realizada a la cooperativa.

 

La fiscala Alba Delvalle fue designada para el caso y luego de casi dos años de investigación la agente formuló una imputación por lesión de confianza el pasado 7 de agosto. Posteriormente, la agente fue trasladada de unidad y la causa quedó a cargo de la fiscala Nadine Portillo.

 

La imputación señala ocho hechos entre el 2010 y el 2013, en los cuales los ex directivos incurrieron en delitos contra el patrimonio de la institución. En la mayoría de estos casos puntuales, la Fiscalía también imputó a los miembros de la Junta de Vigilancia, por omitir el control al Consejo de Administración.

 

La mayoría de los imputados son ex directivos y miembros de la cooperativa, que también en su momento fueron funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

 

Proceso. Según el escrito de la Fiscalía, el modus operandi del ilícito que causó daño patrimonial a Coopemag fue el siguiente: el Consejo de Administración presuntamente expuso datos falsos en los estados contables de la entidad. Otro de los movimientos irregulares fue el pago a la asesora jurídica del ente, Alva González, sin aparente justificación, y extracción de sumas en efectivo sin justificativo correspondiente.

 

Por otra parte, la imputación menciona que los miembros del Consejo de Administración de la cooperativa habrían firmado pagarés en hojas membretadas de la cooperativa a favor de Walter Sarubbi. “Aparentemente, no existiría motivo alguno que justifique el endeudamiento”

 

“En los registros informáticos de la Coopemag habrían sido inscriptos supuestas transferencias de fondos de cuentas de ahorro a plazo fijo, por parte de Walter Sarubbi, a favor de María Magdalena Insfrán Fernández; el total de cuentas presuntamente transferidas asciende a 7 cuentas, sin embargo, al parecer, cinco de las cuentas no serían reales (…)”, se transcribe en el texto de la Fiscalía. Asímismo, se encontraron documentos que dan paso al supuesto falseamiento de datos contables, con el cual la cooperativa consiguió un crédito de la central Credicoop

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