27 de abril de 2016 13:27 PM
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Resistiré: por qué Monsanto mantendrá sus controles pese a la decisión del Gobierno y a la bronca del campo

La resolución de Agroindustria que prohíbe el monitoreo compulsivo es observada por la multinacional como "vaga" y la firma continuará con el control para proteger su propiedad intelectual sobre las semillas de la soja. Las organizaciones del agro reafirman que Monsanto opera en la ilegalidad.

La saga en torno a la comercialización de Intacta -la última soja transgénica lanzada en el mercado argentino por la multinacional Monsanto- sigue sumando polémica.

Días atrás, el Ministerio de Agroindustria emitió una resolución en la que aclaraba que los monitoreos que venía realizando la empresa en puertos exportadores deberán contar con autorización previa.

¿Para qué hacía estos controles? Para contrarrestar la piratería de su innovación tecnológica, que consiste en manipular genéticamente las semillas (antes de que sean sembradas), de modo tal que sean más resistentes a las injerencias climáticas o a distintos tipos de fumigaciones.

En otras palabras, la invención de la firma permite a los productores lograr un mayor rendimiento.

Las principales entidades del agro recibieron con beneplácito la resolución oficial, ya que interpretan que, de este modo, se pone punto final al control compulsivo por parte de la empresa.

Monsanto, en caso de detectar que los cargamentos de soja entregados en puertos incluían esta tecnología pero no figuraba en las bolsas de semillas que había comercializado, procedía a cobrarles las regalías “in situ”.

De oponerse, el empresario agrícola hasta podía ser denunciado y llevado ante la Justicia.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA), entienden que esta medida es abusiva ya que un privado no debe atribuirse el rol de “policía” que le compete al Estado.

Además, argumentan que los controles en puertos viola marcos legales, como la Ley de Patentes, que veta la posibilidad de contar con la posesión comercial de plantas o cultivos.

Del otro lado del cuadrilátero, Monsanto siempre alegó que, al ser el poseedor de la patente, es justo que quiera cobrar por su invención.

Más aun, sostiene que no tiene inconveniente alguno en enfrentar a las organizaciones en cualquier tribunal local, de ser necesario.

Las pérdidas que enfrenta la compañía -por lo que entiende son prácticas ilegales- resultan significativas, habida cuenta de que cuatro de cada cinco bolsas que se venden no cuentan con la certificación.

Dado que la mayoría de estas partidas “blancas” incluyen la tecnología desarrollada por la multinacional (conocida como transgénesis), la supervisión apunta a limitar la pérdida por falta de pago de regalías, algo que desde Monsanto consideran como una cuestión obvia.

“Esto hay que compararlo con la aparición de la grabadora de discos compactos. De un original luego se hacían varias copias”, destacaron fuentes de la Federación de Acopiadores.

Y añadieron: “En el agro pasó algo parecido. Alguien compra semillas comercializadas bajo el nombre Intacta -que son las que incluyen la invención de Monsanto- para luego multiplicarlas y así armar las llamadas ‘bolsas blancas”.

Además, sostuvieron que lo que busca la empresa es rastrear si el producto final incluye su desarrollo -tal como lo hace en Estados Unidos- para poder percibir sus regalías, teniendo que efectuar este control directamente en los puertos de embarque.

Nuevo capítulo
La nueva comunicación oficial refuerza la postura contraria a los monitoreos compulsivos que efectúa la empresa.

Con la resolución N° 147 del Ministerio de Agroindustria de la Nación publicada en el Boletín Oficial, se crea un “Comité Evaluador de Sistemas de Muestreo, Testeo y Análisis de detección en grano de secuencias de ADN o proteínas específicas”.

Dicha resolución completa la N° 140 emitida hace dos semanas y en la que la cartera que encabeza Ricardo Buryaile se arrogó el derecho de ser la única con la potestad de validar estos sistemas, dejando sin efecto la denominada “Cláusula Monsanto” y el sistema “Bolsatech”.

Este organismo, en la práctica, será el que decida si los sistemas de fiscalización de semillas -como el que ha pretendido aplicar Monsanto para la soja Intacta- son válidos o no.

Y un aspecto clave es que puede tomarse un plazo de hasta 120 días para comunicar una decisión, lo que implica que recién en el segundo semestre la “Cláusula Monsanto” podría conseguir eventualmente un aval oficial.

El control sigue
Si bien las entidades rurales tomaron la nueva resolución como una victoria lograda en una batalla trascendental, lo cierto es que para Monsanto el pronunciamiento oficial no cambia el estado de situación.

En ese sentido, directivos de la empresa aseguraron a iProfesional que el control en puertos continúa vigente.

Esto es así, argumentaron, porque “no hay certeza de que la resolución sea aplicable o modifique lo que ya se viene haciendo”, ni tampoco especifica los mecanismos de monitoreo a efectuar.

La respuesta de la compañía ante la resolución es que no quedan claros sus alcances y que, tal cual está redactada, es tan amplia que incluso abarcaría a todos los mecanismos de testeo que hoy rigen para el trigo o el girasol.

De hecho, siguen las negociaciones con funcionarios para tratar de lograr un acuerdo que preserve los intereses de la compañía.

La postura oficial de la multinacional es que la resolución no afecta a la polémica generada en torno a la semilla Intacta, habida cuenta de que en ningún momento menciona específicamente a Monsanto o hace referencia a la biotecnología.

Su argumento histórico ante este debate es que entidades como La Rural y otras agremiaciones del agro quieren sacar rédito de innovaciones tecnológicas y replicarlas para luego no volver a pagar.

En la vereda de enfrente, Luis Miguel Etchevehere, presidente de la SRA, volvió a cargar contra la decisión de la empresa de no ajustarse a lo establecido por el Ministerio de Agroindustria.

En diálogo con iProfesional, el directivo sostuvo que “Monsanto persiste en los controles, siendo que ahora quedó claro que su sistema de supervisión no está autorizado por el Estado argentino”.

Etchevehere consideró que cualquier acción que realice sobre los granos, ya sea en forma directa o a través de terceros, viola la ley.

“Lo que se dictaminó ahora lo interpretamos como un triunfo, ya que se vuelve a poner el poder de policía donde debe estar, es decir, en manos del Estado. No se puede aceptar que una multinacional sea la que imponga las reglas en nuestro país”, enfatizó.

“El dominio de lo que hacemos en el campo debe estar en manos del poder público y esto es lo que se impondrá a partir de ahora”, consideró Etchevehere.

Además, sostuvo que si Monsanto no acata la resolución, entonces deberá responder ante el Gobierno y la Justicia. Remarcó que en todo este tiempo la empresa no ha hecho más que distorsionar el mercado de granos sin ningún tipo de límites.

Para Etchevehere, lo que el productor le paga con la compra de una única bolsa “ya debería ser suficiente”.

En su visión, la réplica de semillas no rompe ningún vínculo legal, ya que el marco vigente lo permite: “La ley ampara el uso propio todas las veces que el productor considere que debe multiplicar una semilla”, dijo.

“Estamos de acuerdo en que no se pueden hacer copias de la primera semilla adquirida para luego comercializar esa soja como un producto propio. Pero Monsanto pretende cobrar por cada vez que se siembre y se le compre una bolsa y eso es algo que sí es ilegal”, remarcó.

 

 

La “celebración”
Ante el pronunciamiento de Agroindustria, además de la SRA otras entidades enfrentadas con Monsanto salieron a “celebrar” la resolución.

Desde Federación Agraria Argentina (FAA) indicaron que así se puso un freno “a las pretensiones de Monsanto de imponer mediante artilugios extorsivos y engañosos un sistema ilegal de fiscalización”.

La entidad entiende que, de este modo, se persigue a los agricultores, acopiadores y cooperativas con cartas documentos y amenazas de acciones civiles y penales, violando el derecho al uso propio contemplado en la ley de semillas vigente.

“Para la Federación Agraria es un paso muy importante. Veníamos denunciando a la empresa en diferentes ámbitos y la resolución de Agroindustria sienta un valioso precedente”, indicó.

En tanto, desde Confederaciones Rurales Argentina (CRA) dijeron que ahora sí “el Estado, a través de Ministerio de Agroindustria, hace valer el rol que le corresponde como fiscalizador en el comercio de granos”.

“Esperamos que la medida tomada logre zanjar el conflicto del pago de la tecnología aplicada en las semillas, que data de largo tiempo”, destacaron desde Coninagro.

 

 

El dominio
Monsanto es la comercializadora de toda la tecnología aplicada a la soja que hoy se vende en la Argentina.

Su invención llega a los productores a través de las semillas que luego desarrollan compañías como Don Mario y Nidera.

La firma introdujo su primera semilla transgénica en 1996. Lo hizo a través de RR -“Roundup Ready”- que incorporaba resistencia al glifosato, elaborado también por la empresa.

Luego de seducir a todo el sector rural con productos genéticamente modificados, se focalizó en la obtención de regalías por la innovación tecnológica aplicada a los cultivos.

Sin embargo, cuando Monsanto quiso exigir “su parte”, fue demasiado tarde: nunca se le reconoció la patente de la RR en la Argentina, por lo que no pudo obtener ingresos derivados de su invención.

Fue así que, a modo de compensación, la firma orientó su negocio a la comercialización de agroquímicos, del que pudo obtener ganancias multimillonarias.

En instancias previas al lanzamiento comercial de otro producto -en este caso Intacta-, Monsanto no quiso volver a pasar por la mala experiencia que debió transitar en los años 90.

Es por eso que en el 2014 comenzó a ajustar los controles de las exportaciones con el propósito de erradicar la “piratería” de su nueva genética.

Es así que comenzó a negociar acuerdos con los exportadores con el objeto de revisar todos los cargamentos de soja que salgan de la Argentina para poder detectar el uso de biotecnología no abonada.

En otras palabras, la empresa buscó establecer un control privado sobre los envíos al mundo con el fin de poder cobrar por su innovación. Esta práctica es la que ahora está en el ojo de la tormenta.

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