19 de mayo de 2016 12:53 PM
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Nueva ley de semillas: un desafío enorme para domesticar posturas irracionales luego de décadas de inacción oficial

Buena parte de la normativa vigente para evitar el conflicto jamás se aplicó

Un grupo de cabañeros de una raza bovina decide comenzar a cobrar a sus clientes un canon por ternero producido. Si el productor ganadero lo abona a la semana de nacido, el precio que se le cobra es el equivalente a 10 kilogramos de novillo Liniers. Luego el precio aumenta a partir de una escala temporal (cuatro meses posteriores al nacimiento, seis meses, etcétera). Y si el empresario pecuario no quiere pagar, los frigoríficos realizan un test genético para determinar el origen del individuo, de manera tal que, en caso de corresponder, descuenten un canon equivalente al 6% del peso vivo del animal de manera compulsiva.

¿Parece disparatado? Esto mismo es lo que está instrumentando la filial argentina de Monsanto en el mercado argentino para intentar cobrar el canon de un evento biotecnológico que, tal como sucede en Uruguay, puede tranquilamente percibirse sin montar una Gestapo comercial.

La reacción de las autoridades locales de Monsanto –aplicar de facto una suerte de retención privada por medio de un método explícitamente no validado por ningún organismo oficial– resulta tan desmedida como la inacción de los gobernantes argentinos en las últimas dos décadas.

La normativa para asegurar una rentabilidad razonable a los desarrolladores de genética y eventos biotecnológicos está presente hace muchísimo tiempo. Pero jamás se aplicó.

La resolución 35/96 del Inase establece que la excepción del agricultor –el “uso propio”– se configura siempre y cuando la semilla original haya sido adquirida legalmente. Tuvieron que pasar dos décadas para que un gobierno –el macrista– comenzara a aplicarla para sancionar a los usuarios de la “bolsa blanca” (semilla ilegal).

Diez años después el entonces secretario de Agricultura Miguel Campos firmó otra resolución (338/06) que determinó que un agricultor puede hacer uso propio por un volumen de semilla equivalente al adquirido originalmente (es decir: si en el año uno se compraron semillas para sembrar determinadas hectáreas, en los siguientes años el área sembrada con uso propio no puede superar esa superficie). Pero la resolución 338/06, si bien está vigente, jamás se aplicó porque la misma nunca fue reglamentada por el Inase.

El equipo técnico del Ministerio de Agroindustria está elaborando un anteproyecto de Ley de Semillas –para reemplazar a la normativa vigente en la materia que data de la década del `70– con el propósito de enviarlo próximamente al Congreso.

Pero no la tienen fácil. Por un lado reciben ataques de un grupo desinformadores públicos que aseguran que la única manera de no espantar inversiones externas es dejar que Monsanto haga lo que quiera –sin usar vaselina– en el territorio argentino. Por otro son presionados por dirigentes agropecuarios paleolíticos que sostienen que Ley 20.247/73 es un derecho sagrado inalterable que no puede modificarse por ningún motivo.

Los principios básicos sobre los cuales debería fundamentarse una nueva Ley de Semillas fueron expresados con mucha claridad por Aapresid, entidad que, entre sus presidentes honorarios, cuenta a Víctor Trucco, padre de Federico Trucco, CEO de Bioceres, quien por estos días se muestra alineado con la estrategia de Monsanto.

Reconocimiento a la​ propiedad intelectual. Pago de regalías único en la semilla. Control para el cumplimiento. Castigar al infractor. Sencillo. Práctico. Esa es la propuesta de Aapresid.

A los argentinos nos encanta intentar superar una irracionalidad con otra aún mayor. El desafío de recuperar la racionalidad es más grande que el de terminar con la corrupción. A los que tienen esa tarea entre manos lo menos que podemos hacer es desearle suerte. Porque la van a necesitar.

Ezequiel Tambornini

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