7 de abril de 2010 08:03 AM
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Comprender mejor al agro

Los cambios en la comercialización del trigo parecen mostrar un mayor entendimiento de la realidad del campo

En la comercialización del trigo ocurren hechos sorprendentes. Hasta hace poco, los productores de trigo de hasta 800 toneladas, es decir, medianos y pequeños, para poder vender a los exportadores tenían que figurar en una lista que debía ser avalada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cuyo límite era de 850.000 toneladas provenientes de la provincia de Buenos Aires, 300.000 de Entre Ríos y 150.000 de Santa Fe. Estaba vedado vender más que esa cantidad. Ahora, con buen criterio, el Ministerio de Agricultura ha resuelto dar por tierra con semejante invención. Envió una carta a exportadores y molineros en la que se les indica que podrán adquirir el grano a productores pequeños, medianos o grandes sin pertenecer a esas inconsultas listas. Si bien les recomienda comprarles a quienes figuran en la lista oficial, entre recomendar y obligar hay un abismo conceptual y legal. La política rural del gobierno nacional ha entronizado el precepto ideológico, contenido en conocidos ideales reformistas, consistente en privilegiar, tanto en lo referente al tamaño de la propiedad rural como en los regímenes varios de comercialización, arrendamientos y otros, la conveniencia de tratamientos favorables a productores medianos y pequeños, pero como contrapartida discrimina en contra de los de mayor escala. La primera pregunta que surge es si lo que vale, lo que conviene a la sociedad toda, es producir más o tener muchos productores. La respuesta surge de la experiencia nacional y mundial en la materia: el mundo en el que la producción agraria ha crecido y prosperado (por ejemplo, los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Brasil o las naciones de la Unión Europea) es aquel que no ha puesto obstáculos a la escala de los predios rurales. En cambio, los experimentos reformistas desarrollados durante décadas, como los de México, países de América Central, Bolivia, Perú o los países africanos, han sido sistemáticamente contrarios al crecimiento productivo. En nuestro país, luego de una etapa de aumento del número de productores a raíz de la congelación de los arrendamientos y su venta posterior a los arrendatarios vigentes durante décadas, se ingresó en la década del 80 en un período de crecimiento de la escala productiva, acompañado por cosechas abundantes. No son menores las transformaciones que acompañaron este cambio de las escalas. Los tractores, sembradoras, cosechadoras, pulverizadoras terrestres y aéreas, equipos de riego y todo el bagaje mecánico de alta modernidad que se destina al mercado local y se exporta han sido diseñados para responder a las nuevas escalas, cuyos costos de producción son inferiores a los de las pequeñas propiedades. Los pools de siembra erróneamente estigmatizados y la cantidad de empresas contratistas de labores agrícolas transitan por los mismos carriles y constituyen un nuevo empresariado rural. En este sentido, la orientación expresada por el Ministerio de Agricultura parece responder a una mejor comprensión de la realidad actual. Habrá que aguardar, mientras tanto, la reacción del cuestionado secretario de Comercio, férreamente adherido a las reglas ahora derogadas, cuyos laureles lucen marchitos frente a los pésimos resultados obtenidos con las políticas hasta ahora instrumentadas.

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