4 de julio de 2016 12:31 PM
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Nueva reglamentación favorece la extranjerización de tierras rurales

A través de un nuevo decreto, el 820/2016, publicado el jueves pasado en el boletín oficial, el presidente Macri facilita la adquisición de tierras a extranjeros. La medida se justifica como incentivo a la inversión, pero los cambios estimulan el negocio inmobiliario antes que la inversión productiva.
A través de un nuevo decreto, el 820/2016, publicado el jueves pasado en el boletín oficial, el presidente Macri facilita la adquisición de tierras a extranjeros. Con la modificación de algunos artículos de la reglamentación de la Ley 26.737 y nuevos agregados, el macrismo dio un paso significativo para que los extranjeros puedan hacerse de mayores superficies de tierras en Argentina. Aunque se trata de un tema esencial para los productores agropecuarios, el decreto no lleva la firma del ministro de agroindustria, ya que se lo consideró solamente como un tema de registración legal. 
 
El decreto 820/2016 establece un conjunto de nuevos aspectos en la reglamentación de la Ley 26.737 que en su conjunto tienden a favorecer o facilitar la compra de tierras por parte de empresas o personas extranjeras. Los cambios se han hecho con el objetivo de incentivar la inversión extranjera en el país. En este artículo se indican los cambios realizados, si tienden a incrementar la inversión, y las primeras reacciones que se han dado frente a la medida.
 
Los principales cambios introducidos
El Decreto 820/2016 introduce varias modificaciones en la reglamentación de la ley de tierras entre las cuales se destacan tres: la forma de definición de “extranjero”, la forma de establecer el límite máximo en siete provincias y la manera de modificarlo en todas, las restricciones vinculadas a los cursos de agua. 
 
Desde ya que en una reglamentación sobre las condiciones que deben cumplir las personas y las empresas extranjeras para la adquisición de tierras rurales en Argentina un punto clave es la definición de extranjero. La reglamentación anterior, establecía que, para el caso de las empresas controladas, si el 25% del capital controlante era extranjero se debía considerar extranjero, y por consiguiente adecuarse a las condiciones establecidas en la Ley 26.737. El nuevo decreto modifica esa condición llevándola a un requerimiento de “participación mayoritaria”, y/o una participación accionaria de más del 51%. De esta forma, con una participación incluso del 50% (donde está claro el hecho de que cualquier decisión se debe tomar con el consentimiento de la parte extranjera) en el caso de empresas controladas, no regirían las condiciones impuestas en la ley 26.737.
 
Otro de los cambios importantes tiene que ver con ella forma en que se fija el límite máximo de extensión de tierras a adquirir por una persona o empresa extranjera, en particular en siete provincias. La ley había establecido este límite en 1.000 hectáreas para la zona núcleo pampeana, y había establecido un lapso para que las provincias determinen equivalencias en cada zona con respecto a esas 1.000 hectáreas. En caso en que no informara ningún tipo de equivalencias, por el decreto reglamentario operaba la restricción de las mil hectáreas. El nuevo decreto establece que en las provincias que no hubiera una equivalencia explícita en un breve lapso de días, el Consejo Interministerial e Tierras definirá el equivalente, es decir, el límite a la adquisición máxima de tierras. En los próximos días, en consecuencia, deberá verse si estas provincias explicitan una equivalencia –similar o no a las 1.000 hectáreas – o si por el contrario dejan que la superficie se defina a nivel del Consejo interministerial (conformado por el Gobierno nacional y con participación de las provincias). 
 
Por otro lado, si bien la delimitación de la zona núcleo y el límite fijado en ésta para la extranjerización no fueron modificadas, como así tampoco los criterios para la definición de las equivalencias, fueron ampliadas las competencias del Consejo Interministerial de Tierras, y ahora puede modificar el régimen de equivalencias presentadas por las provincias “mediante resolución fundada, atendiendo cambios que pudieran producirse en la calidad de las tierras rurales, al crecimiento de los ejidos urbanos”, pero también por otras causas, como ser la homogeneización de criterios, zonas de desarrollo, y un amplio abanico de otros etcétera que el Consejo considere pertinentes. Es decir que en aquellos casos en los que no hubiere coincidencia entre el nivel nacional y el provincial, el Consejo Interministerial podría tomar una decisión unilateral, modificando la definición de la provincia. 
 
Una situación similar, en cuanto a que se invierte en manos de quién está la decisión final tiene que ver con los cursos de agua afectados. El decreto 820/16 determina que “El CONSEJO HÍDRICO FEDERAL (COHIFE) confeccionará el mapa identificando los cuerpos de agua, ubicados en cada Provincia…”. Sin embargo, abre la tranquera a que ello se realice de otra manera ya que indica que “mientras dicho mapa no esté confeccionado, la Solicitud del Certificado de Habilitación ante el REGISTRO, será acompañada de una Certificación emitida por un profesional idóneo en la materia, donde conste que el inmueble no incluye cuerpos de agua que responden a la definición de este reglamento”. De esta forma, se crea un mecanismo por el cual se podría eludir la gestión de las autoridades provinciales del agua. Si estas no responden en un plazo máximo de diez días hábiles de la existencia o no de cuerpos de agua se considerará que no afecta curso de agua alguno y por consiguiente aprobada la solicitud. 
 
Siempre bajo el mismo tenor de facilitar la adquisición de tierras a extranjeros, se introdujo también otro cambio sobre el artículo 17 de la Ley N° 26.737. El Decreto 820/2016, establece que “las personas extranjeras que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 26.737 fueran titulares de dominio de tierras rurales en exceso de los límites fijados por la ley, no estarán obligadas a transmitir dichas tierras rurales en exceso; y en caso de transmitir tierras rurales de su titularidad adquiridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.737, podrán luego adquirir el equivalente a dichas tierras rurales, en función de los límites establecidos según el tipo de explotación de que se trate, y del municipio, departamento y provincia en que se encontraren”. Es decir, que la adecuación a la cual los obligaba la ley de 2011, reglamentada en 2012, cuatro años después cambia siendo más laxa en cuanto a las condiciones en que debe cumplirse la ley. 
 
Otros cambios
Otros cambios relativamente menores ha introducido el Decreto, con respecto a la reglamentación anterior. En algunos de estos casos, se trata de consagrar en la reglamentación de la ley aspectos que se habían ido definiendo por medio del accionar del órgano de aplicación de la ley. Esa decir, que aspectos que tenían rango de resolución particular, ahora cuentan con el respaldo de un decreto. Así, en el artículo 2°, se incorporan las figuras de dominio desmembrado, dominio revocable, ejecuciones inmobiliarias, adquisiciones en el marco de concursos y quiebras, adjudicación por disolución de la sociedad conyugal o por ruptura de la unión convivencial, usucapión y, por último, a las personas jurídicas consideradas extranjeras conforme la Ley Nº 26.737. 
 
También se cuenta entre los cambios con respecto al decreto anterior el hecho de que no se contará entre las tierras sujetas al límite en la participación de empresas o personas extranjeras a las que se encuentren en “Zona Industrial”, “Área Industrial” o “Parque Industrial”. El decreto indica claramente que “dicha superficie no será computada a los fines de los límites fijados” en la Ley de Tierras Rurales. No se considerará el límite del 15% del territorio nacional, provincial o municipal para la adquisición bajo estas circunstancias. Tampoco deberá solicitarse certificado de habilitación en aquellos casos de transmisiones de tierras rurales por herencia a herederos forzosos extranjeros o por la constitución o transmisión de derechos reales que desmembren el dominio. 
 
¿Inversión o sólo cambio de manos?
La sorpresiva modificación de la reglamentación de la ley de tierras, como se la conoce públicamente, tuvo dos argumentaciones. La primera, más bien de forma, indica que eran necesarios determinados ajustes en la normativa dada la experiencia adquirida. Desde ya, ese es un argumento que se puede aplicar a cualquier norma que tenga algo de tiempo. El segundo argumento es sin duda el más significativo: que con esto se busca impulsar la inversión, en este caso extranjera. 
 
El argumento más importante aparece en los considerandos, al indicar que “resulta necesario efectuar algunas modificaciones adicionales (…) de modo tal que, (…) se faciliten y posibiliten las inversiones en el país.” Pero, como sabemos, inversión y cambio de posesión son dos cosas bien distintas. La mera compra venta de terrenos no implica una inversión, en el sentido de aumentar la capacidad productiva del país. ¿El sector agropecuario, que por otra parte tiene una importante inversión en el país, requiere de la venta de sus predios para fomentar la inversión? La respuesta parece ser clara: no. 
 
De hecho, la Sociedad Rural Argentina sostuvo en un comunicado el pasado 20 de junio que “El campo, con el foco puesto en la competitividad y buenas perspectivas para el futuro, invertirá durante este año 58.000 millones de dólares en todas las actividades productivas del agro”, una inversión que representa casi el doble de las reservas que contiene el Banco Central de la República Argentina.
 
Algunas respuestas
A poco de saberse del decreto firmado, uno de los temas que no pasó desapercibo es el hecho de que el mismo no tenía la firma del Ministro de Agroindustria. La lectura desde referentes del sector pasaba por dos lados: o bien que desde el gobierno se había tratado de bajarle el tono al asunto, haciéndolo aparecer apenas como un cambio en aspectos formales de la ley, que tienen que ver con temas del Ministerio de Justicia o bien que no se había querido hacer que el ministro Buryaile pague el costo político de la medida. Por eso la defensa del Decreto estuvo en manos de un subsecretario del ministerio de Justicia, Martín Borrelli, quien sostuvo que con la norma se “busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país”.
 
Una de las críticas que más resonó fue la de dirigentes de Federación Agraria. Un comunicado de la Federación cuestionó “la decisión del gobierno nacional de facilitar la venta de tierras a extranjeros mediante el Decreto 820/16, que modifica la Ley de Tierras sancionada en 2011, tras una larga lucha gremial que tuvo como protagonista a la entidad.” Omar Principe afirmó que “No le tiembla la mano para firmar un decreto en favor de intereses extranjeros. Los pequeños y medianos productores seguimos esperando respuestas”.
 
Príncipe se preguntó luego “quién asesora al presidente de la Nación y qué intereses están detrás de este decreto, con el cual se avanza contra los pequeños productores”. En la misma línea, agregó: “En estos días pudimos ver decisión política para debatir incentivos a las Pymes industriales, la misma que venimos reclamando para diseñar políticas diferenciadas para los pequeños agricultores”.
 
A su vez, el Secretario Gremial FAA, Orlando Marino dijo: “Acá pareciera que quieren poner un cartel de Remate a nuestras tierras, con los productores adentro. Necesitamos políticas públicas que promuevan el desarrollo rural, las economías regionales, los pueblos del interior. 
 
Por otro lado, Javier Rodríguez, el ex Secretario de Coordinación Política e institucional del Ministerio de Agricultura, que estaba a cargo del área de tierras, indicó A El Enfiteuta que “con esta norma se busca impulsar la concentración y extranjerización de las tierras, bajo el argumento de que así se fomenta las inversiones. No hay inversión con el cambio de titularidad de las tierras, pero sí salida de productores, y con ellos de empleos en el campo”.
 
Finalmente, la ex titular del Registro Nacional de Tierras Rurales del Ministerio de Justicia, Florencia Gómez indicó que “Con la ley y la reglamentación vigentes no se frenan las inversiones. Lo que sí hacía era frenar la especulación inmobiliaria”.
Fuente:

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