12 de abril de 2010 15:24 PM
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Las provincias cederían unos 3.417 millones de pesos por retenciones

Por las retenciones a las exportaciones que la Nación dejará de cobrar, los distritos dejarán de percibir también cerca de 3.417 millones de pesos en 2010. Esto representará un incremento del 9% en las pérdidas de recursos, respecto de 2009.

Por la caída de las exportaciones de commodities en general, y por los montos con que se queda la Nación en particular, las provincias verán disminuir este año los recursos que les corresponden por las retenciones a las ventas al exterior.
En rigor, ese monto podría llegar hasta los $8.842 millones (casi tres veces más que lo cedido el año pasado y cifra récord tras la restitución de las retenciones en 2002, debido a las mejores perspectivas exportadoras).
Pero por imperio del Fondo Federal Solidario $5.425 millones del que se coparticipa 30% de las retenciones a la soja y será transferido a las provincias.
Las conclusiones pertenecen a un informe de la consultora “Economía & Regiones”, que destaca además que un 55% del costo fiscal tiene que ver con la pérdida de recursos tributarios provenientes de la coparticipación federal, en tanto que los restantes $ 1.522 millones serían producto de la caída en la recaudación provincial potencial.
El estudio recuerda que “los derechos de exportación han sido una de las principales fuentes de recursos del Gobierno nacional luego de la salida de la convertibilidad”.
Entre marzo de 2002 y diciembre de 2009 se recaudaron por este concepto $140.086 millones, lo que significó en promedio el 11% de la recaudación total.
Ese cobro de los derechos de exportación repercute en las finanzas provinciales a través de dos canales. “Por un lado, implica una transferencia de fondos que va desde los productores provinciales hacia las arcas del Tesoro nacional, lo cual genera una menor capacidad recaudatoria a nivel provincial. Por otro lado, el pago de retenciones implica una menor ganancia imponible y, por ende, una menor recaudación del Impuesto a las Ganancias, uno de los gravámenes más coparticipados”, dice el informe.
Adicionalmente, el menor ingreso disponible del sector privado reduce el cobro del resto de los gravámenes nacionales (básicamente del IVA, el otro tributo de mayor peso relativo dentro de la coparticipación), así como también el cobro de los impuestos provinciales.
En este marco, la consultora remarca que el costo fiscal bruto para las provincias de la implementación de las retenciones habría ascendido a casi $26.000 millones entre 2002 y 2009, a razón de una pérdida anual promedio de $3.240 millones.
Aunque si se descuentan los recursos transferidos durante 2009 por el Fondo Sojero ($2.914 millones), las cifras se reducen a $23.000 millones y $2.875 millones, respectivamente.
En este escenario de arrastre, previsiblemente las provincias más grandes son las mayores perdedoras en términos fiscales por la implementación de las retenciones, al ser las principales exportadoras del país y, por tanto, las que más aportan a las retenciones (que entre 2002 y marzo de 2009 tuvieron como destino final exclusivo las arcas nacionales).
La más perjudicada en términos absolutos es Buenos Aires (que concentra cerca del 20% del costo total), seguida por Córdoba y Santa Fe (ambas con valores cercanos al 9% del total).
Más allá de esa performance puntual, el impacto alcanza a todas las provincias, ya que la situación fiscal y financiera de los distritos “hubiera sido sustancialmente mejor de no haberse implementado las retenciones, aunque a expensas de un frente nacional más debilitado”, resalta el estudio de Economía & Regiones.
“A excepción de los ejercicios 2002 (donde las retenciones tenían un menor peso relativo) y 2009 (debido a la magnitud del déficit), el consolidado de provincias hubiera presentado superávits gemelos en su ejecución presupuestaria, pudiendo haberse destinado dichos excedentes tanto a la constitución de fondos de reserva para afrontar situaciones críticas o para afrontar los vencimientos de la deuda pública con recursos propios, reafirmando la autonomía económica y política de las administraciones provinciales”, sostiene.

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