9 de julio de 2016 12:09 PM
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Entre la nueva agenda y un riesgoso precedente populista

CompartiremailFacebookTwitterEn la agenda de trabajo del Ministerio de Agroindustria hay dos puntos que serán cruciales para resolver los problemas de competitividad que tiene hoy el agro: seguros agrícolas y la ley de semillas. El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, dijo esta semana, durante una jornada sobre “Negocios en el campo”, organizada en LA NACION, que […]

En la agenda de trabajo del Ministerio de Agroindustria hay dos puntos que serán cruciales para resolver los problemas de competitividad que tiene hoy el agro: seguros agrícolas y la ley de semillas. El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, dijo esta semana, durante una jornada sobre “Negocios en el campo”, organizada en LA NACION, que en la cartera a su cargo están trabajando en una norma para superar el viejo esquema de la ley de emergencia agropecuaria. “Hay 12 provincias en emergencia agropecuaria y un presupuesto para asistirlas de 500 millones de pesos”, reconoció el ministro. Ese monto no se actualiza desde 2009, cuando se dictó la ley respectiva. En este rubro el campo no tiene la misma suerte que los clubes de fútbol profesional, que consiguen la actualización por inflación del presupuesto del Estado para Fútbol para todos, creado por el kirchnerismo como parte de su aparato de propaganda.

Buryaile, además, reconoció que en las regiones donde las lluvias hicieron estragos está comprometida la “cadena de pagos”, según dijo. En los últimos días se agravó la situación en el este de Córdoba y el sudeste bonaerense, entre otras regiones. Al desastre que dejaron las precipitaciones de abril, en esas zonas se suman lluvias de 70/80 milímetros en dos días que impiden sembrar el trigo o cosechar el maíz. “En la zona de Necochea se frenó el despacho de fertilizantes para trigo”, contó un ejecutivo. Sólo los pronósticos de buen tiempo para este fin de semana parecía traer algo de alivio.

Un sistema de seguros agrícolas eficiente, como el que tienen Estados Unidos o España, contribuiría a mitigar el daño económico que provocan los fenómenos climáticos extremos.

La otra norma que Buryaile se comprometió a impulsar es la ley de semillas. Dijo que espera sea tratada en los próximos meses y aprobada este año. Ya hay un proyecto presentado en la Cámara baja por el diputado del Frente Renovador, Gilberto Alegre, aunque el Ministerio de Agroindustria enviará al Congreso el suyo. Si no hay un marco legal que termine con el flagelo de la “bolsa blanca” y el reconocimiento al desarrollo intelectual en semillas la Argentina perderá la carrera por la competitividad.

 

 

 

Un paso atrás

Si la agenda del Ministerio de Agroindustria contiene iniciativas que apuntan a superar antiguas anomalías, las del ala política de la coalición de gobierno se conectan con el populismo y las recetas del pasado. Lo demuestra un proyecto de ley del jefe del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, para quitarle 152 hectáreas a la Estación Experimental INTA Marcos Juárez y traspasarlas al municipio de esa localidad cordobesa para un desarrollo urbano. Primero sonaron algunas alarmas sobre los fundamentos del proyecto. El legislador de Pro firmó un despacho en el que dice que “la agricultura es una práctica altamente contaminante, por lo que genera desequilibrios indeseados en el medio ambiente” por lo cual se justificaba el traspaso a título gratuito. Tras el revuelo que causaron esas afirmaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación, el legislador explicó que no había leído “fehacientemente” lo que había firmado, en relación a los fundamentos. Sin embargo, el proyecto no fue retirado y está firme la intención de quitarle tierras al INTA.

Un solitario comunicado de productores Autoconvocados recordó esta semana que el INTA es un “pilar de la generación de conocimientos e investigaciones que contribuyeron al aumento de la producción agropecuaria” y advirtieron que “es una pésima señal seguir divorciando a los ciudadanos de las actividades productivas”. Curiosamente, desde hace tres años técnicos del INTA Marcos Juárez investigan en uno de los módulos de la Estación Experimental cuál puede ser el mejor modelo productivo para desarrollar en áreas periurbanas. Se calcula que hay al menos dos millones de hectáreas que están en esta condición y bajo la presión del crecimiento de las áreas urbanas.

Otro pronunciamiento lo tuvo la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja) que le envió una carta a Massot para recordarle que en esa estación experimental se encuentra el centro de investigación en soja, la Red Nacional de Evaluación de Cultivares (Recso) y el Banco de Germoplasma de soja y de trigo, entre otras actividades. Y eso sin mencionar los aportes clave del INTA Marcos Juárez a la siembra directa.

Si el proyecto del diputado Massot prospera, aún con fundamentos diferentes, se corre el riesgo de fijar un peligroso precedente para que cualquier otro legislador, con intención de mantener la fidelidad de sus votantes, le quite tierras a alguna de las 50 Estaciones Experimentales que el INTA tiene en todo el país

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