13 de julio de 2016 11:36 AM
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En 25 años se duplicó la superficie con suelos degradados

Pasó de 53 millones de hectáreas a 105 millones. Según funcionarios de Agroindustria en el 75% de los casos se debe al mal manejo de quienes producen. La cartera que conduce Buryaile y la de Ambiente quieren una ley nueva para el año próximo.
El problema de la degradación del suelo en la Argentina muestra cifras alarmantes. De los 178 millones de hectáreas que conforman el territorio nacional, unos 53 millones mostraban algún nivel de deterioro hace 25 años, en la actualidad la superficie en la misma situación alcanza la friolera de 105 millones de hectáreas.
 
El dato lo dio a conocer el Ing. Agr. Miguel Taboada, Director del Instituto de Suelos del INTA, durante una jornada organizada por el senador Alfredo De Ángeli presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara alta este martes.
 
No hay una sola causa para que los suelos con algún síntoma de degradación se hayan multiplicado como ocurrió en el último cuarto de siglo. Un dato significativo es que la superficie sembrada pasó de 16 millones de hectáreas a 33 millones, se duplicó. 
 
Mientras que la producción de granos pasó en el mismo lapso de 30 millones de toneladas a casi 120 millones, es decir que se multiplicó por cuatro. Esa agriculturización en el uso de los suelos expandió hacia el norte (NOA, NEA) y el oeste (La Pampa) la frontera de la región pampeana que concentra el 85% del suelo fértil del país y es la verdadera gallina de los huevos de oro de la Argentina.
 
El caso es que la incorporación de la superficie cultivable significó el sacrificio, por caso, de unos 8 millones de hectáreas de praderas y pasturas para producción ganadera, merced a decisiones microeconómicas de productores y empresas que buscaron resultados económicos de corto plazo y reiterados en el tiempo. 
 
Lo mismo ocurrió con los desmontes en el norte que bajaron significativamente el contenido de carbono en suelo, y los desmontes en laderas montañosas que ahora no frenan el escurrimiento de agua hacia abajo, y escurren en épocas lluviosas un torrente hídrico que se lleva toda la superficie y con ella la fertilidad. Si se piensa que la naturaleza tarda unos mil años en generar un centímetro de altura de suelo, da miedo.
 
Por otra parte, el 90% de la agricultura que se realiza es bajo la práctica de siembra directa (SD) que tiene ventajas desde el punto de vista ambiental, pero bien realizada y no en todas las regiones. Taboada indicó a El Enfiteuta que se creía que la SD aportaba carbono al suelo, pero las evidencias hasta ahora no lo pudieron confirmar. En el mejor de los casos permite mantener el nivel de carbono, es decir que puede ayudar a no perderlo.
 
Nueva legislación conjunta con Ambiente
“En el 75% de los casos de suelos degradados la responsabilidad es el mal manejo de suelos” aseguró la Ing. Agr. Carla Pascale Medina del Ministerio de Agroindustria y presidenta de la Alianza Sudamericana por el Suelo.
 
Lo paradójico es que en el país hay una ley de suelos (22.428) que si bien está vigente, hoy es casi una letra muerta por la falta de financiamiento. Además, existen otras 23 leyes provinciales de distinto tipo que o promueven el cuidado del suelo directa o indirectamente. Está claro que no es por falta de normas ya que a pesar de su existencia “nada funciona porque el suelo no se está conservando”, sentenció Pascale.
 
Al problema de la conservación se le suman otros como el económico. En la exportación de granos se van entre 3.600 y 4.000 millones de dólares de nutrientes. El problema es que el suelo “es un capital nacional económico” remarcó Nicolás Lucas, del área de Ambiente de Agroindustria. 
 
El experto puso énfasis en lo cultural: mientras se busca una práctica conservacionista, por otro lado, se han implementado políticas a lo largo de décadas que desde lo microeconómico estimulan todo lo contrario una producción extractiva. 
 
“El suelo es uno de los pocos ejemplos que hay de un recurso nacional con jurisdicción provincial y título de propiedad privada”, observó el Ing. Agr. Octavio Pérez Pardo de la Dirección de Conservación del Suelo y lucha contra la desertificación del Ministerio de Ambiente. El dilema es que la degradación o conservación del recurso depende de la decisión que tome el titular de esa propiedad.
 
Pérez Pardo subrayó los compromisos internacionales que firmó la Argentina en materia de suelos en el marco de Naciones Unidas y cuyos resultados deben mostrarse en 2030. Sobre la base de tres indicadores (productividad, carbono en suelo y cobertura de suelo) es posible verificar si el problema de la degradación se mejora, se neutraliza o empeora. El compromiso en los próximos 14 años es que al menos quede neutralizado, es decir que no se agrave.
 
La idea que se trabaja en el área de Ambiente y Agroindustria es armonizar la legislación existente a nivel nacional y provincial, posiblemente de presupuestos mínimos, para que en 2017 se pueda sancionar una ley que contribuya a mejorar la situación de los suelos en la Argentina. Será un debate trascendente porque el suelo es el recurso natural más importante que tiene el país. 
 
“Con un riesgo a mediano plazo”, advierte Taboada, “en el futuro la producción de alimentos a costo de degradación de suelos puede justificar la implementación de nuevas barreras para arancelarias”, con la producción de biodiesel a base de soja los europeos podrían haber lanzado un globo de ensayo en esa dirección.
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