12 de agosto de 2016 18:21 PM
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Los agronegocios van más rápido que la ley

El gran dinamismo de la agroindustria y su profundo arraigo sociocultural hacen que muchas normativas vigentes sean obsoletas

Por Eugenia Bustamante, abogada y profesora en la UCA y la Universidad Austral

 

En la actualidad cuando se habla de agronegocios se hace referencia a la multiplicidad de negocios que se realizan en el campo, y también a todos los negocios derivados de la producción, transporte, industrialización de productos primarios y comercialización de los mismos en el mercado interno e internacional. Por ello, el régimen jurídico que se aplica a los agronegocios en la actualidad es complejo, ya que presenta características propias derivadas del amplio espectro de relaciones que regula.

 

Al mismo tiempo, el agro es uno de los sectores más dinámicos, porque incorpora tecnología, genera nuevas figuras contractuales y asociativas y se ha profesionalizado de tal forma que incluye negocios cada vez más sofisticados que exceden la realidad nacional y son parte de un contexto globalizado. Por lo tanto, quedan fuera de un marco legal que no ha tenido reformas en las leyes propias del sector últimamente.

 

A continuación enuncio algunas particularidades de la legislación sobre agro que se derivan de las características específicas de la actividad productiva tal como se desarrolla en nuestro país, donde influyen también cuestiones culturales e históricas arraigadas en nuestra idiosincrasia, con la particularidad que estos rasgos distintivos no siempre son tenidos en cuenta por el legislador.

 

Territorialidad de algunas normas, derivada de la extensión geográfica de nuestro territorio con diversas regiones y múltiples economías regionales, donde los productos que se cultivan son distintos y requieren una regulación específica para el lugar, en especial cuando se busca la promoción de alguna actividad o producción.

 

Transversalidad con respecto a todo el derecho, porque hay normas específicas de los agronegocios que pertenecen a diferentes ramas del derecho tanto privado (Civil y Comercial), como así también del derecho público (Administrativo, Tributario, Ambiental, Constitucional, Laboral e incluso Penal respecto de los delitos agrarios como el abigeato y el hurto de bienes agrarios).

 

Interdisciplinariedad por su vinculación con otras ciencias, como las ciencias agrarias, forestales, veterinarias; la economía, la administración, la política, la ecología. En este aspecto hace falta integrar el derecho como una disciplina esencial, ya que regula todas las relaciones jurídicas entre los distintos participantes.

 

Necesidad de adaptarse a las normas internacionales en algunos temas por el comercio internacional de productos e insumos, como en materia de propiedad intelectual en semillas o en la determinación del estatus sanitario del país, por ejemplo de Fiebre Aftosa en la producción de carne vacuna. Aquí la legislación y los organismos internacionales tienen la labor de unificar los criterios normativos de los países productores y consumidores.

 

Poca recepción de la costumbre como fuente de legislación, que es un factor que mantiene su vigencia en el agro en algunas modalidades productivas y principalmente en contratación y concertación de negocios; donde más allá de las nuevas disposiciones legales, se conservan usos y costumbres solo con el argumento de que tradicionalmente se ha hecho de esa forma. Ejemplos: 1) En materia de producción agrícola el concepto de “reserva de semilla para uso propio” en contraposición al pago de regalías por biotecnología. 2) La marcación del ganado por parte del nuevo adquirente cuando por la ley de Marcas y Señales N° 22.939 (modificada por ley 26.478) solo es obligatoria la marca originaria. 3) La utilización de cláusulas de pago nulas en los contratos de arrendamiento y aparcería, como las llamadas contrato a kilaje fijo y contrato canadiense.

 

Especificidad de la materia que justifica la regulación por parte de organismos especializados como el Ministerio de Agroindustria, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) por ejemplo; a través de resoluciones sobre cuestiones vitales para el sector, que en algunos casos deberían ser regulados por leyes del Congreso Nacional. Desde el punto de vista jurídico no es un tema menor, ya que están en juego los principios constitucionales de reserva de la ley y de división de poderes que son los pilares del sistema republicano de gobierno adoptado por nuestro país.

 

Concurrencia de facultades legislativas del Estado nacional y las provincias en algunos temas, que genera conflictos en la aplicación territorial de las leyes. Es evidente la complejidad de una legislación fragmentada por provincias y municipios, lo cual nos obliga a evaluar los beneficios de la autonomía provincial y municipal en relación con la coherencia y simplicidad de una legislación uniforme en todo el territorio, al menos en algunos temas. La dificultad práctica para empresarios y profesionales, como ingenieros agrónomos o veterinarios a cargo de establecimientos productivos, es conocer la gran variedad de legislación municipal que rige de manera diferente, por ejemplo, en materia ambiental.

 

Falta de representación de grupos de interés que unifiquen los reclamos que el sector demanda. Se observa, aunque cada vez en menor medida, el trabajo aislado de los integrantes de cada cadena productiva, y en algunos casos dentro del mismo eslabón de la cadena, que genera que no se reclamen con la fuerza apropiada modificaciones legislativas, y más aún que no se demande por inconstitucionalidad de alguna normativa y se acepte su vigencia o cumplimiento.

 

El desafío actual es adecuar la legislación conforme a los cambios que tuvieron lugar en los últimos tiempos, teniendo en cuenta las características especiales que presenta el sector con el fin de trabajar en las reformas pendientes, algunas más urgentes que otras, pero todas de gran importancia para dar seguridad jurídica a quienes intervienen en la producción e industrialización de los productos del agro

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