17 de septiembre de 2016 09:58 AM
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Algo más que un puñado de dólares

CompartiremailFacebookTwitterSi posterga la rebaja de cinco puntos porcentuales a los derechos de exportación de la soja, el Gobierno corre el riesgo de resquebrajar el vínculo que logró forjar con el campo por haber cumplido sus promesas de campaña electoral a los pocos días de haber asumido. Ese respeto del presidente Mauricio Macri a la palabra […]

Si posterga la rebaja de cinco puntos porcentuales a los derechos de exportación de la soja, el Gobierno corre el riesgo de resquebrajar el vínculo que logró forjar con el campo por haber cumplido sus promesas de campaña electoral a los pocos días de haber asumido.

Ese respeto del presidente Mauricio Macri a la palabra empeñada permitió una rápida reacción de la actividad agrícola. En pocos meses se recuperaron las ventas de maquinaria y comenzaron a reescribirse los planes de siembra de la campaña de granos finos. Pese a la crítica condición financiera en la que se encontraba el promedio de los productores y el panorama de quebranto que presentaba la campaña 2015/2016, los agricultores apostaron al cambio de escenario.

Así, mientras la construcción, la industria y el consumo exhiben todavía índices en retroceso, el negocio agrícola entró en la senda positiva.

El Gobieno, según palabras del jefe de Gabinete, Marcos Peña, admite ahora que la promesa de bajar a 25% las retenciones a la soja este año está en revisión dado que el fallo de la Corte que ordenó frenar la suba de las tarifas de gas a los usuarios residenciales lo obligó a modificar su estrategia de bajar el déficit fiscal.

Esa definición pública puso en claro las discusiones que venían teniendo los miembros del gabinete económico sobre la posible postergación de la rebaja de retenciones. El Ministerio de Agroindustria, que no fue ajeno a ese debate, intenta una jugada de riesgo: pedirles a las entidades gremiales que tengan un “gesto patriótico” y acepten que la soja continúe con el 30% de retenciones por los problemas económicos del país.

Esto se materializó la semana pasada en el acto de la exposición de Jesús María, donde el presidente de la sociedad rural local, Luis Picat, expresó: “Vamos a esperar en cuanto al tema de la quita de retenciones a la soja, ya que reconocemos que hay otras prioridades y somos solidarios”. Rápido de reflejos, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, respondió que iba a llevar esa propuesta al presidente Macri. Lo curioso de esta escena nada espontánea es que para obtener ese aval no se ofrece nada a cambio. Al menos públicamente.

Quienes salieron rápidamente al cruce del “operativo conformidad” fueron los productores autoconvocados.”Son un impuesto distorsivo, confiscatorio, anticonstitucional, discriminatorio (contra el interior y el sector) que genera asimetrías insalvables con nuestros competidores internacionales (que no tiene retenciones)”, dijeron en un comunicado. Curiosamente, el ministro Buryaile tuvo palabras similares. En una entrevista durante el foro de inversores expresó: “para nosotros las retenciones tienen que desaparecer”. Eso sí, no precisó cuándo ocurrirá.

El Gobierno está en un brete porque el costo fiscal del fallo de la Corte sobre tarifas se calcula en 700 millones de dólares, mientras que la rebaja de 5 puntos porcentuales a la soja tendría una merma en los ingresos fiscales de entre 1000 y 1200 millones de dólares, lo que equivale al 1% de la recaudación total. Para 2017, aunque prevé que la economía se recupere, en el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso se calcula que el déficit fiscal represente el 4,2% del PBI.

El Gobierno se preocupa en hacer sus números. Sin embargo, hay un cálculo que falta para que sea completo el análisis de los pro y los contra de postergar la rebaja de retenciones. Es el impacto que tiene en la economía real la reducción de impuestos a la actividad agropecuaria: esos 1000 millones de dólares en manos de la producción se multiplican en camionetas, tractores y ventas en los comercios del lugar donde se origina y en las ciudades cercanas. En la enorme bolsa del Estado, en cambio, su destino es incierto.

Además del factor económico de la decisión está el político. Dentro de la coalición gobernante hay quienes creen que ya se “le dio suficiente al campo”. El propio Macri, en cambio, está convencido de que cuando al campo u otro sector de la economía se le sacan los obstáculos responde y crece. Ése es el dilema por resolver.

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