8 de octubre de 2016 23:15 PM
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El campo y un esfuerzo adicional

La grave situación heredada de los gobiernos precedentes exige, una vez más, el aporte de nuestra agricultura

La macrodevaluación de comienzos de 2002 dio inicio a las retenciones sobre las exportaciones granarias, en particular por su importancia, a las de la soja en su momento llamada despectivamente “el yuyo”. Lo cierto es que, frente a la profunda recesión que atravesaba el país, los productores y las entidades agropecuarias ofrecieron al gobierno privarse transitoriamente de una parte significativa de sus ingresos para contribuir a paliar los efectos de la crisis. Sin embargo, como otros aportes al Estado, éste también vino para quedarse. Luego del auge de los precios internacionales, las condiciones se volvieron gradualmente adversas y el agro debió soportar avatares varios. El intento de la resolución 125, y la resistencia consiguiente, pusieron en evidencia el nulo respeto del gobierno anterior hacia los esfuerzos del campo. Ya no sólo se sacrificaba un 35% del precio, sino que las exportaciones recibían un dólar cuya relación de cambio había quedado alejada de una paridad razonable. La retención era sobre el precio, independientemente que hubiera o no ganancia. Se le retenía tanto al que cosechaba 35 quintales, como al que recogía 17, siendo que éste perdía dinero.

Es conocido el daño que el mismo gravamen causó sobre el trigo y el maíz, ahora acertadamente eliminado con un efecto muy beneficioso sobre las economías provinciales. Se observa en el aumento de las ventas de maquinaria agrícola, fertilizantes y herbicidas y el extraordinario incremento de la superficie sembrada de trigo y maíz para esta campaña. Todo ello, sin contar los efectos beneficiosos para nuestros suelos que pueden retomar el sano camino de la rotación y evitar el monocultivo de soja.

 

 

A la baja inicial del 5% a las retenciones a la soja se sumaba la promesa del presidente Mauricio Macri de reducir otro 5% para la campaña 2016/17 -medida que ahora se posterga hasta 2018 y que se hará en forma gradual-, salvo para las diez provincias del NOA y del NEA que integran el Plan Belgrano. Esto sucede cuando no todas son flores para el campo. Cayeron los precios de los granos, las lluvias extraordinarias castigaron los suelos y se han producido aumentos importantes en los fletes y los agroquímicos. Hay una excesiva superposición de impuestos y en aquellas zonas productoras marginales como el NOA y otras sojeras, la distancia del puerto hace muy difícil la situación actual y más difícil aún mantener el impulso productivo fuertemente alentado por el Gobierno.

 

El campo argentino ha demostrado ser un motor formidable de la economía, y los ingresos que producen las exportaciones de sus productos son vitales para el país todo.

La promesa de una nueva reducción del gravamen, de otro 5% actuó como un incentivo más, generando una inocultable expectativa y fuertes inversiones.

 

El anuncio de la postergación llega en momentos en que se preparaba una extraordinaria siembra de soja. Lamentablemente, la reducción prometida ahora no podrá cumplirse. La grave situación economicosocial heredada exige una vez más el aporte de nuestra agricultura.

Las exportaciones de soja de la campaña 2015/16 alcanzaron casi 59 millones de toneladas. El 30% de las retenciones actuales implican para el Estado el equivalente a 17,7 millones de toneladas, que a 390 dólares la tonelada, representan 6903 millones de dólares. El 5% que se decide no reducir alcanza a la suma de 1150 millones de dólares, y ése es el importe que dejará de recibir el campo en esta campaña.

 

Fácil resulta imaginar el efecto multiplicador que dicha suma hubiera generado en contratistas, vendedores de semillas, fertilizantes, agroquímicos, maquinaria y en el comercio de pueblos y ciudades del interior cuyo gran motor es el agro. No obstante, por importante que sea el aporte del agro como palanca para el despegue argentino y la generación de empleo, no puede olvidarse que el gobierno actual ha recibido una situación fiscal extremadamente grave y una hipoteca del 32% de personas bajo la línea de pobreza, y que ha asumido el compromiso de revertir gradualmente dicha situación.

 

El país nuevamente necesita el aporte del campo. La respuesta de las entidades representativas del agro ha sido muy comprensiva demostrando que, una vez más, ese apoyo no le será retaceado.

 

Por su parte, el Gobierno debe poner su esfuerzo en evitar intermediaciones oligopólicas que encarezcan la cadena comercial entre la producción y la góndola, y hacer las inversiones en infraestructura para reducir los precios del transporte.

 

Se esperan mejoras en las vías alternativas, como la férrea y la fluvial, que permitan disminuir los gravosos fletes camineros. Además, y principalmente, se espera del Gobierno una reducción del abultado gasto público improductivo que haga posible controlar la voracidad fiscal para lograr la ansiada competitividad.

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