23 de noviembre de 2009 07:58 AM
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Ponen más control para las remesas al exterior

Los controles para evitar la fuga de capitales ingresan ahora en un nuevo capítulo. El Gobierno decidió seguir de cerca otra vía que también estaría escondiendo salida ilegal de divisas, como las remesas de dinero.

A partir del 4 de enero, entra en vigencia una disposición del BCRA, por la cual los bancos se harán responsables de las operaciones de envío de fondos al exterior por más de 30.000 pesos cuando la transacción la realicen empresas transmisoras de fondos, del estilo Western Union o Moneygram, por ejemplo.

La Comunicación «A» 5.004 sobre «prevención de lavado de dinero y de otras actividades ilícitas» obliga a los bancos a obtener de las compañías transmisoras de fondos «una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención de lavado». También deberán pedirles «copia de los diseños de políticas o manuales relacionados con el principio básico de «conozca a su cliente».

Desde el BCRA explicaron que «se trata de una manera indirecta de controlar a las remesadoras, que hacen operaciones similares a las de un banco pero que hasta ahora se mantenían totalmente fuera de control».

Durante todo el año, una de las principales preocupaciones del Gobierno consistió en limitar la salida de capitales a través del mecanismo conocido como «contado con liquidación», por el cual se fugan fondos vía la compra de acciones o bonos en el mercado local y su posterior venta en plazas del exterior como Uruguay o Nueva York.

Un dato central es que para cualquier transacción que implique giros al exterior deben pasar obligatoriamente por alguna institución del sistema financiero. Por lo tanto, la mejor manera de efectuar un seguimiento sobre estas operaciones es hacer responsable a los bancos de solicitar toda la información y de controlar los fondos que se giran.

La sospecha es que muchas transacciones que involucran remesas escondan en realidad operaciones vinculadas con fuga de capitales, es decir un mecanismo para eludir el férreo control que sigue vigente.

En el primer semestre salieron unos u$s 2.000 millones netos por mes, aunque la tendencia se fue revirtiendo en el segundo semestre. Ya en octubre la balanza se había volcado con un ingreso estimado en u$s 200 millones y la cifra por lo menos se mantendría también en noviembre.

Un segundo paso de esta estrategia para un mayor monitoreo de las divisas que se fugan es modificar el estatus jurídico de las remesadoras de fondos. Hace varios meses que hay un decreto a la firma de la presidente Cristina de Kirchner para transformar a estas empresas en «subagencias de cambio», una nueva figura por la cual directamente quedarían bajo la órbita del Banco Central. Sin embargo, por ahora no se tomó la decisión política de realizar una modificación en esta dirección.

El argumento es que el público que recibe dinero o envía fondos también realiza operaciones de cambio, por ejemplo, transformando pesos a dólares en sus propias monedas. Sin embargo, este tipo de transacciones no tienen control alguno como sí sucede con las sucursales bancarias o las agencias de cambio.

Durante la semana pasada estuvo en Buenos Aires una delegación del GAFI, el organismo internacional que se encarga de supervisar el cumplimiento de cada país de la normativa relacionada con el lavado de dinero y la prevención del financiamiento del terrorismo. Mantuvieron una serie de reuniones en el Ministerio de Economía y el Banco Central. Los funcionarios argentinos confían en que los esfuerzos por cumplir con todos los estándares internacionales mantendrán a la Argentina con altas calificaciones.

El problema, sin embargo, pasa por la actuación judicial. La Unidad de Información Financiera (UIF) recibió desde que arrancó en 2002 un total de 4.300 reportes de operaciones sospechosas de lavado. Sin embargo, la Justicia aún no determinó condena alguna por este delito. De acuerdo con la información de la propia UIF, el 75% de los reportes provienen del sector financiero y cambiario, junto a escribanos públicos, mientras que un 25% de las denuncias llegan de parte del Central y de la AFIP.

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