29 de abril de 2010 18:06 PM
Imprimir

Impulsan una muralla legal para limitar el accionar de los pooles de siembra

Diputados presentaron un proyecto que limita la cantidad de tierras a explotar y fija sanciones para quienes arrienden tierras a grandes grupos

Como nunca antes, el accionar de los fondos de inversión y los pooles de siembra que operan en el ámbito agrario local puede quedar contra las cuerdas.  
Sucede que dos diputados, que cuentan con el aval de la Federación Agraria Argentina (FAA) acaban de presentar un proyecto que, de convertirse en ley, no sólo limita la cantidad de tierras que podrán explotar estos grupos empresarios, sino que además fija sanciones para aquellos propietarios que les arrienden tierras en desmedro de los pequeños y medianos productores.

La iniciativa, que apunta a reemplazar la ley de arrendamiento vigente, busca frenar la reducción que viene exhibiendo el segmento de los productores más chicos que se dedican a la explotación agrícola. Según números de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), desde 2002 a esta parte, la Argentina perdió alrededor de 60.000 pequeños productores.

Este indicador es, precisamente, el argumento enarbolado por los diputados nacionales Ulises Forte, de la UCR La Pampa, y Pablo Orsolini, del socialista Acuerdo Cívico por el Chaco y ex vicepresidente de la FAA, para haber presentado en el Congreso esta iniciativa que promete leventar polémica.

El proyecto –al que usted puede acceder de manera directa haciendo clic aquí–, plantea destrabar la concentración de tierras para el cultivo de, por ejemplo, soja, que hoy muestran las zonas más fértiles del país. En la actualidad, apenas 65 pooles de siembra, según datos aportados a este medio por fuentes privadas, controlan más de 2,5 millones de hectáreas de tierra.

En paralelo, y de acuerdo a Orsolini, “del total de la producción agrícola que se exporta, el 50% es controlado por apenas de 20 compañías. Y de esas firmas, ocho son multinacionales. Además, casi el 70% de toda la producción nacional de soja está hoy en manos de menos de 2.500 empresas”, precisó a iProfesional.com.

Al momento de aportar los nombres de las firmas que operan como pooles de siembra y que el nuevo marco pretende limitar, el funcionario no titubeó en afirmar: “Grobocopatel, con operaciones en Argentina y en la región, El Tejar, Cresud y Adecoagro, en donde participa el magnate George Soros, son algunas de las compañías que concentran inversiones y en algunas zonas explotan hasta 200.000 hectáreas“.

Aunque la estructura varía en cada pool, por lo general éstos tienen el perfil de un fideicomiso tradicional. Es decir, reunen dinero de empresarios y también fondos de profesionales como médicos, abogados o contadores que se acercan a estos grupos con el fin de aprovechar las oportunidades de inversión que brinda el campo argentino.

Orsolini explicó que en uno de sus puntos el marco propone un máximo de 20 unidades económicas a ser explotadas por estas firmas y emprendimientos. Si bien las características de cada una de estas divisiones varían según la provincia, lo cierto es que apunta a fijar un techo en la superficie a la que podrán acceder los fondos de inversión.

“El proyecto que estamos impulsando establece que, más allá de las particularidades de cada unidad económica, los pooles de siembra sólo podrán controlar, en toda la geografía argentina, algo así como 2.000 hectáreas en lugares muy productivos o directamente 20.000 en áreas de bajo rendimiento”, detalló.

Es decir, una superficie sustancialmente menor a la actual.

Frenar la avanzada
La propuesta de Orsolini y Forte se fundamenta, además de la concentración denunciada, en la expansión que los pooles ahora exhiben en todos los puntos del país. “En un principio, la atención estaba puesta en las principales zonas de la pampa húmeda, pero la ‘sojización’ ha generado un peligroso desplazamiento que atenta cada vez más contra los pequeños y medianos productores”, indicó Orsolini.

Según el funcionario, tanto en el noroeste como el noreste de la Argentina se evidencia cada vez más la actividad de estos fondos de inversión dedicados al acopio de tierras para la producción de soja.

Salta, Santiago del Estero, y el mismo Chaco ahora van en camino de quedar bajo el poder de muy pocos empresarios. Con ellos llega el desmonte y un cuidado menor de la riqueza de las superficies. El poder económico hace que a los empresarios chicos no les quede más alternativa que arrendar sus campos o directamente venderlos”, comentó.

Aunque el movimiento de los pooles en esos espacios en principio se ajustaba al alquiler de amplias superficies de siembra, con el correr de los meses los fondos de inversión habrían comenzado a tentar a los dueños de campos de 100 o 200 hectáreas.

“La falta de control en cuanto a la aplicación de la ley 13.242, que actualmente regula el arrendamiento, incluso ha permitido que estos grupos empresarios impongan condiciones como la de pactar contratos de alquiler por sólo tres años. O el pago en granos de los arriendos acordados. Esta última pauta, hoy por hoy, es completamente ilegal”, disparó.

El proyecto de ley que acaba de ser presentado postula, en ese sentido, que los alquileres no podrán hacerse por menos de cinco años, y que cada contrato incluirá un apartado de rotación de tierras mediante el cual cada explotador se comprometerá a utilizar una franja del terreno arrendado para la aplicación de cultivos que recuperen la riqueza mineral del suelo.

“Hay campos en la Argentina que desde hace varios años cultivan soja. Y es común ver a los pooles abandonando estas tierras que van perdiendo capacidad de producción. A partir de este marco, no sólo deberán explotar los campos por cinco años, sino que además deberán dejar un 20% de la superficie para la siembra de productos que potencien el suelo como maíz, pasturas o forrajeras“, destacó.

Premios y castigos
La futura legislación que respalda Federación Agraria Argentina también contempla un régimen de “premios” y “castigos” para los pequeños y medianos productores que cedan sus lotes a los pooles de siembra.

“Quienes alquilen sus tierras a otros productores de menor envergadura pagarán una cuota impositiva menor en lo que hace al impuesto inmobiliario. A la inversa, aquellos que arrienden a los pooles en detrimento de sus pares deberán enfrentar un pago mayor”, indicó Orsolini.

“Una cosa será alquilarle a diez pequeños productores y otra a una firma grande, que sólo ve a la producción agraria como una oportunidad momentánea. La idea es incentivar la primera opción. Por otro lado, se establecerá que los pagos por el alquiler puedan hacerse de todas las formas posibles, tanto en efectivo como aportando parte de la producción obtenida”, aseveró.

¿En qué estado se encuentra hoy el proyecto de ley? “Fue presentado hace muy pocos días y la intención es que se apruebe en los próximos meses. Por fortuna no es el único proyecto en danza: hay otros tres que tienen un perfil similar, y que plantean la necesidad de redistribuir el control de la tierra”, concluyó.

 
Fundamentos
A continuación, algunos de los fundamentos básicos que conforman la propuesta:Favorecer a la agricultura familiar y, en general, a los productores agropecuarios profesionales y estables.

Impulsar la distribución de la tenencia de la tierra por contrato.

Establecer condiciones de estabilidad en la producción y equidad en las relaciones contractuales.

Facilitar la reinstalación de productores excluidos, pequeños propietarios rurales, jóvenes productores y profesionales.
Patricio Eleisegui

Fuente:

Publicidad

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *