17 de febrero de 2018 10:29 AM
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La solución para los reclamos del agro y un tema tabú: los jubilados

Uruguay : El Estado gasta US$ 3.500 millones por año para tapar el agujero de la seguridad social; la forma de reducir el déficit es por ahí, pero muy pocos se animan a plantearlo

Desde el lunes volverá a la agenda política la protesta del campo. El gobierno, sin el presidente Tabaré Vázquez, discutirá ese día con los autoconvocados sobre la situación del agro.

Los ministros le explicarán todas las medidas que ya tomó el gobierno en los últimos años y cómo estas permitirán dar un salto de calidad en el futuro. Además defenderá las iniciativas que ya les fueron presentadas hace 15 días, pero que para los ruralistas fueron “insuficientes” y una “decepción”.

Los delegados del movimiento Un solo Uruguay, insistirán con sus reclamos y pedidos para mejorar la competitividad del sector: un dólar más alto y bajar el combustible y otras tarifas.

Dejando de lado la locura del dólar libre que planteó a título individual alguno de los productores (que es imposible porque según coinciden los técnicos oficialistas se iría casi a los $ 23 si se lo deja de sostener con las compras del Banco Central) hay algunas cosas que sí se podrían hacer. Pero para eso hay que sacar del rojo las cuentas públicas.

Para eso los propios autoconvocados han presentado fórmulas y todas consisten en bajar el costo del Estado.

Acto campo Durazno

Pero las propuestas concretas para hacerlo, por ahora, se quedan en aspectos pequeños que no mueven la aguja y apenas podrían reducirlo.

¿Cómo achicar realmente el déficit fiscal? ¿Por dónde se podría reducir el costo del Estado?

Hay un tema del que ya se habló mucho: los trabajadores estatales. El marco legal vigente no permite los despidos y el gobierno ya tomó al inicio del período algunas decisiones que limitan bastante los ingresos, en línea con lo que pidió el campo.

Pero dejando de lado el asunto de los funcionarios, hay otro lugar por el que las cuentas públicas se desangra. Pero ese tema es casi un tabú: las pérdidas que genera el sistema previsional.

Por año, el Estado debe destinar algo más de US$ 3.500 millones para tapar el agujero de las jubilaciones. El año pasado el déficit del BPS fue de US$ 689 millones. Pero a eso hay que sumarle los 7 puntos de IVA que año tras año ya se destinan para cubrir el desfasaje entre los aportes (de trabajadores activos y las empresas) y el pago de las pasividades. También se le debe sumar el déficit de la caja militar, de US$ 500 millones.

En el informe de la última rendición de cuentas el gobierno lo dejó por escrito: las erogaciones para la seguridad social aumentaron 110% entre 2008 y 2017 en términos constantes -descontando la inflación- al pasar de $ 47.700 millones (unos US$ 1.662 millones) a $ 100.580 millones (US$ 3.504 millones a valores de hoy).

Pero esa situación se dio por una decisión adoptada en el marco del Diálogo por la Seguridad Social, que con aprobación de todos los partidos permitió flexibilizar el acceso a la jubilación a personas sin los años de aporte necesario o concediendo retiros anticipados a las madres que tuvieran hijos, entre otros.

Entre 2008 y 2015 el número de jubilados aumentó 23%

Esa es la sangría por la que hay que cortar. ¿Pero quién se anima?

Cualquier propuesta en el sentido de atacar un asunto como este tiene un costo político altísimo.

El único que por ahora se animó a plantearlo públicamente es el ministro de Economía Danilo Astori. En agosto del año pasado aseguró en el Congreso del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores que son “imprescindibles transformaciones del sistema previsional”. Luego en entrevista con El País unos meses después fue más allá: “Si el país no hace una profunda reforma de su seguridad social va a tener serios problemas en el futuro”

La valentía de Astori en este tema, más aún si quiere ser candidato como ha dicho, contrasta con la de otros políticos que saben la gravedad del asunto.

Astori se perfila como candidato en medio de una interna compleja

El presidente Tabaré Vázquez hizo unas declaraciones que parecían en ese sentido. Afirmó que para evitar la quiebra del sistema jubilatorio eran necesarias reformas “dolorosas”. Luego, desde Presidencia aclararon que hacía referencia solo a la caja militar y así lo reflejó la nota de su sitio web.

El director de la OPP, Álvaro García, también dijo que una reforma “no está planteada en este gobierno”.

Entre 2008 y 2015 el número de jubilados aumentó 23%

El “bono demográfico” uruguayo -como califican los demógrafos a la diferencia entre el volumen económico que se genera por la actividad y el de pasividad- tiene vigencia hasta 2030. Por tanto esa es la fecha límite para encontrar una solución.

¿Pero Uruguay va a esperar hasta último momento para solucionarlo?

Tal vez la fuerza que logró el movimiento del campo y el impulso removedor de los autoconvocados sobre el sistema político haga mover algunos músculos dormidos.

¿Se animarán a plantearlo?

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