26 de junio de 2010 08:48 AM
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La Oncca, en el Congreso

La repartición de control comercial agropecuario se prepara para ser modificada o finalmente disuelta

La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), creada en el seno de la cartera de Agricultura en 1996 con la misión de controlar la evasión impositiva y previsional, se ha transformado en un ente multifacético a partir de la ampliación de sus funciones, bajo la gestión del secretario Guillermo Moreno y del ex director de esa oficina y actual director de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray. La referida repartición, ampliada mediante decretos y resoluciones, dispone los registros de operaciones de exportación, conocidos como ROE (verdaderos permisos de exportación violatorios de normas internacionales), fija también precios de referencia para productos diversos, establece cuotas de exportación, fija compensaciones dinerarias a establecimientos ganaderos, lácteos y molinos harineros, y otras actividades, como recolección de estadísticas y de registros. Ha sustraído la administración de la cuota Hilton del ahora Ministerio de Agricultura, con graves consecuencias. Bajo esa gestión no se ha logrado cumplir con la actual cuota de 28.000 toneladas anuales de carnes vacunas de alta calidad, que tiene un déficit de unas 12.000 toneladas, y que, sumado a menores precios durante el ciclo anual, provocarían reducciones de ingresos del orden de los 80 millones de dólares. A todo lo enunciado se agrega el abultado presupuesto del organismo, establecido en 3600 millones de pesos anuales, y su amplia planta de personal, extraída en parte de la repartición ministerial, vaciada tanto de contenido como de personal. Todo ello se completaría con graves hechos de corrupción, consistentes en asignar subsidios a establecimientos de engorde de ganado sin los registros necesarios y con cantidades de animales no correspondientes a las sumas aportadas. Las denuncias correspondientes ponen en evidencia la existencia de testaferros que indican un alto grado de impunidad frente al cual es inadmisible la pasividad de los jueces que intervienen. Los varios proyectos de ley ingresados en la Cámara de Diputados se diferencian en el grado de intervención estatal que suponen. Existen quienes, tal vez nostálgicos de la junta de granos, carnes y otros productos, proponen transformaciones que mantienen facultades de intervención gubernamental, mientras que otros propician un desmantelamiento virtual del organismo, trasladando al ministerio funciones residuales. El caso más emblemático de las referidas juntas fue la de granos, disuelta en los 90, hecho que despertó temores en la producción. Sin embargo, la evolución de los cultivos agrícolas y de la economía de los productores disipó tales prevenciones en el contexto de una gran expansión de estas actividades, acotada sólo en los últimos años con motivo de la política estatal, desarrollada, como se ha expresado más arriba, por decisiones que en su mayoría emanaron de la Oncca. Unicamente escapó a estas acciones intervencionistas la soja por su menor incidencia en el consumo nacional, lo que le permitió sortear el desacople entre el consumo nacional y las exportaciones, principio básico de la política oficial. Según lo expuesto, es de esperar que se disuelva cuanto antes la Oncca, para transferir facultades útiles a la estructura ministerial y proceder a investigar sin concesiones los graves hechos de corrupción allí denunciados.

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