6 de julio de 2010 07:17 AM
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El gobierno quiere disolver el Renatre

Busca reemplazar al Registro de trabajadores rurales y empleadores por otro nuevo, con amplia representación del estado y "otros sectores". La propuesta surge a partir del proyecto de ley que anunció la presidenta para cambiar la legislación en materia de trabajo agrario. Aumentaría aporte patronal.

El proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo Nacional al Parlamento para modificar el actual régimen del trabajador rural traerá seguramente más polémica con las entidades del agro y los trabajadores. Poco fue lo que se escuchó hasta ahora, cuando la ley fue anunciada por Cristina Fernández de Kirchner. No es para menos porque la iniciativa que entró por mesa de entradas el pasado 24 de junio, y probablemente no sean muchos los que hayan leído las 111 fojas que lo componen, donde cerca de la mitad constituyen los fundamentos, y el resto corresponde al cuerpo de la ley contenida en 109 artículos, agrupados en 14 títulos. El Enfiteuta se armó de paciencia para leer el extenso proyecto que lleva la firma de la presidenta, el Jefe de gabinete, Aníbal Fernández, y el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Pese a ser una ley que modifica la relación entre el capital de producción y el trabajo en el sector agro, el proyecto no fue rubricado por el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez. La norma amplía los beneficios inaugurados por el mismísimo Juan Domingo Perón, el 17 de octubre de 1944, cuando el gobierno de facto encabezado por el general Edelmiro Farrell estableció el Estatuto del Peón (decreto-ley 28.169/44). Precisamente un año antes de la gesta histórica que dio comienzo al peronismo. El entonces coronel Perón ocupaba, entre otros cargos, la poderosa Secretaría de Trabajo y Previsión, donde revolucionó la relación entre el capital y el trabajo en la Argentina; al implementar desde numerosos beneficios a una clase trabajadora casi ignorada hasta entonces y que lo catapultó a la presidencia de la nación por primera vez en 1946. Pero más acá en el tiempo, la legislación del trabajador rural sufrió modificaciones a lo largo del siglo veinte. Una de las más importantes fue la de la última dictadura militar en julio de 1980, hace exactamente treinta años con la emisión de la ley 22.248. La firmaban el entonces presidente, Jorge Rafael Videla y todos sus ministros, incluido José Alfredo Martínez de Hoz. Con el tiempo se añadieron cambios a la legislación, y uno de los logros más resonantes se produjo en noviembre de 1999, cuando terminaba el gobierno de Carlos Menem, y el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.191 que creó la Libreta del Trabajador Rural y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre). La reglamentación de la ley 25.191 se produjo un año y medio más tarde, ya con Fernando De La Rúa en la presidencia, por abril de 2001. Pero por la crisis económica de aquellos años la cosa demoró en arrancar y el primer directorio del Renatre se constituyó con la llegada de Eduardo Duhalde, en marzo de 2002. El Renatre es un organismo que tiene “carácter de Ente Autárquico de Derecho Público no Estatal”, según lo define la ley de su creación, cuya inscripción es obligatoria tanto para trabajadores como para empleadores de la actividad rural. Su directorio está constituido por cuatro representantes de las entidades del agro, hoy la Comisión de Enlace, y cuatro por los trabajadores rurales, Uatre, que conduce Gerónimo Venegas, actualmente presidente del Registro. La presencia estatal en el organismo solo se manifiesta a través de un síndico titular y otro suplente designados por el Ministerio de Trabajo, a los fines de “fiscalizar y vigilar todas las operaciones contables, financieras y patrimoniales del Renatre” estipula la ley 25.191. Pero todo esto podría ser modificado estructuralmente a partir del proyecto de ley que Cristina Fernández remitió a la Cámara de Diputados de la Nación. Con la iniciativa presidencial el Renatre quedará sencillamente “disuelto” para ser reemplazado por otro organismo: Renatea, es decir, un Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Según se propone en el proyecto presidencial, el “gobierno y la administración del Renatea estarán a cargo de un director general” y un subdirector, que oficiará de suplente. “Ambos funcionarios serán designados por el Ministerio de Trabajo” con cargos rentados. Luego la ley proyectada establece que el Renatea contará con un Consejo Asesor que quedará conformado “por igual número de representantes de los empleadores y los trabajadores de la actividad agraria”, por representantes de los ministerios de Economía, Agricultura, Ciencia y Tecnología, “así como por representantes de otros sectores sociales vinculados a la actividad agraria en cualquiera de sus especializaciones”. Estos últimos no han sido precisados en el proyecto pero serán designados por el Ministerio de Trabajo, que será -dicho sea de paso- la autoridad de aplicación del nuevo régimen. Por otra parte, la inclusión de “otros sectores” resulta lo suficientemente imprecisa como para estimular la imaginación, y suponer que el Estado no quedará en minoría en el nuevo organismo.También la iniciativa del Ejecutivo establece nuevos beneficios para los trabajadores agrarios como una reducción en la edad de jubilación a 57 años, el derecho a más días de licencia. En tanto que para que la medida no afecte el sistema previsional, se aumenta en 2 puntos porcentuales la contribución patronal actual. No obstante, la norma prevé que por dos años se reduzcan en un 50% los aportes del empleador cuando se registren nuevos trabajadores, especialmente los que revisten un carácter discontinuo. Además la ley propuesta erradica las categorías de trabajadores “permanentes” y “no permanentes” y las reemplaza por tres nuevas tipologías de contrato de trabajo: “permanente de prestación continua”, “temporario”, y “permanente discontinuo”. Otra de las novedades de la norma es que eleva el piso de los derechos laborales del trabajador del agro con la aplicación de la ley de Contrato de Trabajo y de los convenios colectivos, lo que busca equiparar al empleado rural con los de los sectores urbanos. También inaugura en la legislación laboral argentina el derecho a la licencia por paternidad, un beneficio del que aún no gozan los demás trabajadores, pero cuya implementación es de esperar en el corto plazo. Entre los argumentos que fundan la norma propuesta, la presidenta de la nación explica que el proyecto intenta avanzar con mayor profesionalismo en la legislación laboral agraria eliminando los aspectos regidos por la costumbre de fuerte raigambre en el sector. Dicha concepción, anticipa un futuro no lejano en materia de derechos laborales “que demandarán los nuevos tiempos que se avecinan”, anticipa. Cristina Fernández sostiene que se busca “terminar con la precarización del trabajo agrario favorecido por la ley vigente y que se refleja en las cifras, ya que más de dos tercios de los trabajadores del sector revisten la categoría de no permanentes y que como consecuencia de ello se encuentran desprovistos de los más elementales derechos ya no sólo laborales sino humanos”. El debate está abierto.

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