6 de julio de 2010 07:37 AM
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Pide detalles sobre matarife radicado en Punta Alta

Una denuncia periodística vincula a esa firma con la esposa de Echegaray

El diputado nacional por La Rioja Julio Martínez le pide al Gobierno nacional que brinde detalles sobre la firma Hacienda Argentina, un matarife abastecedor y exportador de carne, que estaría relacionado con Silvina Oviedo, esposa del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray. El proyecto de resolución apunta a que se aclare si dicha firma dio como "domicilio para recibir correspondencia del Banco de la Nación Argentina, el inmueble ubicado en Paraguay 3343, en el centro porteño". También interroga sobre si "la titular de ese inmueble es la esposa de Echegaray"; y "si es cierto que el domicilio declarado por Hacienda Argentina ante la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) es Punta Alta, localidad de nacimiento del titular de la Afip". Martínez, en su iniciativa, que fue apoyada por el diputado nacional de Chaco Pablo Orsolini, pide que se informe "si es cierto que dicha empresa fue constituida en octubre de 2008, momento en que Echegaray estaba al mando de la Oncca y empezó a operar en marzo de 2009 con gran cantidad de hacienda bajo engorde". Además, el diputado riojano interroga sobre "si es cierto que los socios que figuran al frente de la firma no tenían, al momento de la inscripción en la Oncca, ningún tipo de antecedentes en el rubro ganadero". Martínez, legislador de la Unión Cívica Radical, busca establecer "si es cierto que tanto Paula Guerra, presidente de la firma, oriunda de Punta Alta, y Alfredo Espósito, vicepresidente, son monotribuistas de la Afip, por lo cual su patrimonio sería insuficiente para montar un feedlot como el que posee Hacienda Argentina SA en Punta Alta con una supuesta inversión original de 3 millones de pesos". También pide detalles sobre "si es cierto que a la firma se le habían aprobado pagos por casi 260 mil pesos por el trimestre febrero – abril de 2009, pero que no fueron efectivizadas". En los fundamentos, Martínez considera que, si esta denuncia es cierta, "nada mas contraproducente que poner al frente de un organismo como la Afip a quien, en lo particular, podría ser, si esto se comprueba, un utilizador de los resortes de la función pública para lograr un enriquecimiento personal, toda vez que el que debe aprobar compensaciones y pagos no reintegrables, es el mismo que los utilizaría en su propio provecho".

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