8 de julio de 2010 00:59 AM
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El socialismo traba acuerdo opositor para bajar las retenciones

La oposición acordó eliminar las retenciones al trigo, maíz y girasol, pero no lograron definir qué hacer con las que percibe por las ventas de soja, una de sus mayores fuentes de recursos. Al igual que la Federación Agraria, los socialistas pretenden segmentar este impuesto y no ceden. Elisa Carrió se cruzó feo con un diputado de esa fuerza y abandonó la reunión.

Las exportaciones de trigo, maíz y girasol y los productos de las economías regionales no pagarían retenciones sobre lo que exporten si prospera en el Congreso un acuerdo rubricado por todas las bancadas opositoras a excepción del socialismo, que pretende segmentar ese tributo.

Esta resistencia provocó un duro cruce entre Elisa Carrió y el diputado socialista Lisandro Vitale, que terminó con el retiro abrupto de la dirigente de la Coalición Cívica de la reunión que legisladores de todas las fuerzas no oficialistas mantenían en el despacho de la diputada del Gen Margarita Stolbizer.

La rebeldía de los socialistas impide que prospere cualquier acuerdo, debido a que sin su senador y sus seis diputados la oposición de ninguna forma puede asegurarse las mayorías en cada Cámara, sobre todo cuando aún resta saber la opinión de los diputados de centroizquierda.

La bronca de Carrió quedó manifiesta minutos después de finalizada la reunión, cuando su bloque anunció en un comunicado un acuerdo para eliminar las retenciones en trigo, maíz, girasol y en las economías regionales y en crear una comisión especial que defina el destino de las de soja.

La particularidad es que el texto informó sobre las presencias de la reunión pero no hizo mención al socialismo, aun cuando estuvo representado por Vitale y su compañera Mónica Fein.

Sí destaca la participación de los radicales Gerardo Morales (jefe del bloque de senadores) y Oscar Aguad (titular de la bancada de la Cámara baja); de los senadores María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica; Josefina Meabe, del Partido Liberal de Corrientes; y de los diputados Felipe Solá, jefe del Peronismo Federal; Margarita Stolbizer, del GEN; Federico Pinedo, del PRO; y de la propia Carrió.

También estuvieron los diputados Ricardo Gil Lavedra y Silvana Giúdice (UCR), Patricia Bullrich (Coalición Cívica) y Cecilia Arena (Peronismo Federal). Fue Bullrich quien acompañó a Carrió hasta fuera del despacho cuando salió enfurecida tras discutir con Vitale.

Fuego cruzado

La postura del PS coincide con la de la Federación Agraria Argentina, cuyo titular, Eduardo Buzzi, replicó a Carrió por haber adelantado la baja de retenciones consensuada en el Congreso durante un acto de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

“Los socialistas quieren segmentar todo y Carrió planteaba un 25% de retenciones para la soja. Lo más probable es que terminemos acordando variables de segmentación para algunos casos”, confió a LPO uno de los diputados presentes en la reunión.

El comunicado emitido por Carrió habla de “la eliminación de los gravámenes sobre las exportaciones de trigo, maíz y girasol y para los productos de las economías regionales”.

Y anuncia “la creación de una comisión que resolverá la alícuota de las retenciones a la soja, integrada por miembros de los partidos de la oposición que participan de la comisiones de Agricultura y Ganadería de Diputados y Senado”.

En este ámbito confluirían ruralistas con fuerte llegada a la Mesa de Enlace como los diputados radicales Ricardo Buryaile (ex vice de Cra), Ulises Forte y Pablo Orsolini (de la Federación Agraria); y el senador Carlos Reutemann, quien esta vez no fue indiferente y envió a la reunión a la diputada Arena.

El problema es que los tiempos urgen: el 24 de agosto vence la última prórroga del Congreso a las facultades delegadas otorgadas a la Nación y una de ellas es la de definir los derechos aduaneros con meras resoluciones.

En el kirchnerismo ya avisaron que en caso de que para esa fecha no haya una nueva norma, considerarán prorrogada las facultades y seguirán cobrando el impuesto. “Necesitamos una ley para comienzos de agosto”, repiten los legisladores opositores. Pero falta discutir mucho.

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