9 de julio de 2010 17:34 PM
Imprimir

Carbap evalúa lanzar un cese de comercialización en las provincias de Buenos Aires y La Pampa

La entidad aseguró que instrumentará la medida de fuerza si avanzan los proyectos oficiales que pretenden aplicar un impuesto de $ 50 a las cartas de portes y estatizar los recursos del Renatre

Los dirigentes de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) están evaluando un cese de comercialización de productos agropecuarios en ambas provincias en rechazo a dos iniciativas oficiales.

“El primer proyecto obligaría a incorporar una onerosa oblea, de un costo aproximado de $ 50 en cada Carta de Porte para el transporte de Granos. Lo recaudado, que podría llegar a los 100 M/u$s por año, se destinaría a financiar las actividades de la fundación Ivetra”, indicó Carbap por medio de un comunicado.

“El avance de este proyecto, tras la aprobación de la Afip y de la Secretaría de Transporte, contradice los anuncios realizados hace sólo un año desde la Presidencia de la Nación, afirmando la creación de una nueva Carta de Porte gratuita y segura”, añadió.

“Ahora se explican los verdaderos motivos, denunciados por Carbap en su oportunidad, que tuvo el gobierno para quitarle la emisión y distribución de estos documentos que, con seguridad inviolable y a un precio 10 veces inferior al de las nuevas obleas, realizaban Federación Agraria Argentina y la Federación de Acopiadores de Cereales”, sostuvo la entidad.

El segundo proyecto en cuestión es el de modificación del Estatuto del Peón Rural, por medio del cual el gobierno pretende estatizar al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).

Carbap indicó que ese proyecto “no tiene otra finalidad que desfinanciar y deslegitimar a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), intentando castigar a su secretario General, Gerónimo Venegas, por la posición que él ha asumido en el actual contexto político”.

“Carbap entiende que estas actitudes arbitrarias e irresponsables de premiar y castigar a entidades sindicales alineadas y no alineadas, modificando estructuras jurídicas y tributarias nacionales, sin el previo debate con los sectores involucrados y de manera unilateral, ponen una vez mas en peligro la seguridad jurídica, hecho que perjudica enormemente a las instituciones y a la propia republica”, apuntó la entidad.

“La Confederación realizará las gestiones parlamentarias necesarias para rever dichos proyectos, y en la medida que estos avancen unilateralmente en el Congreso Nacional evalúa un cese de comercialización”, agregó. 

Fuente:

Publicidad

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *