28 de noviembre de 2009 06:53 AM
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LA POSIBILIDAD DE QUE EL GOBIERNO COMPRE TRIGO

Desde que se disolvió la Junta Nacional de Granos, en 1991, la producción agrícola argentina soltó amarras. Saltó de 45 millones de toneladas, la mayor parte cereales (trigo, maíz y sorgo) a los casi 100 del 2007, la mitad de oleaginosas, que valen el doble. En menos de veinte años, se duplicó la producción en volumen y se triplicó en valor.

Pero en la Argentina no hay bien que dure cien años. Todo el proceso se hizo con un Estado ausente. Ni siquiera hizo esfuerzos consistentes para apoyar la transición desde la vieja a la nueva agricultura.

El raquítico programa de Cambio Rural del INTA (que contó con apenas el 3% de la institución) es una honrosa excepción, ya que muchos de los chacareros condenados a jugar a las bochas todo el año, encontraron el rumbo como prestadores de servicio en la nueva agricultura en red. Unos, saliendo a sembrar asociados en pequeños pooles, otros directamente profesionalizándose, como contratistas de siembra, fumigación y cosecha.

Prosperaron las fábricas de maquinaria, que desarrollaron los equipos más eficientes del mundo. Hoy se exportan a todos los países que quieren imitar el modelo argentino de la siembra directa, el cultivo bajo cubierta de rastrojos, la agricultura de precisión, el almacenaje en bolsas.

Los grandes actores fueron los productores y los proveedores de tecnología. No el Estado y las "políticas activas" (ojalá hubiera habido alguna a favor en estos casi veinte años). Las fábricas, las compañías de semilla, los centros de agroservicios que analizan los suelos, diagnostican su estado nutricional, formulan las recomendaciones y aplican los fertilizantes.

Y, al final del día, la agroindustria que a fuerza de inversiones hoy puede procesar toda la cosecha argentina de oleaginosas, y le queda capacidad para traer soja de Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay, como se ve en las barcazas que bajan por el Paraná. Embarques por 25.000 millones en el 2008.

Esta oleada de inversiones se desencadenó en los 90, pero se aceleró en los últimos diez años. En 1999 había una capacidad diaria de "crushing" (molienda de soja) de 75.000 toneladas por día. Hoy alcanza a 160.000. En estos años pasaron cosas (¿recuerda?), pero la expansión no se detuvo. En volumen y calidad, porque ahora a la producción de aceite se suma la de biodiésel, que ya exporta por 1.000 millones de dólares y el año que viene doblará esa cifra, con la apertura de nuevas plantas. Argentina no sólo es el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja, sino también de biodiésel.

Una sola de esas plantas tiene el triple de superficie cubierta que la General Motors. Y hay veinte, todas en expansión. Ahora llega la hora de Bahía Blanca, donde Dreyfus inició la construcción de un complejo que va desde el crushing hasta la planta de biodiésel más grande del mundo.

Pero no hay bien que dure cien años. Hace cuatro años, en nombre de la mesa de los argentinos, comenzó a descalabrarse todo. El desquicio sirvió para que algunos medraran, y vino más intervención. La espiral llevó a la caída de la producción de trigo y maíz.

La intención del ministro de Agricultura es revertir esta tendencia, buscando la forma de garantizar el precio lleno a los productores de trigo. La mejor opción es la libertad comercial.

La segunda mejor ("the second best", diría Alieto Guadagni) es la compra de trigo por parte del Estado. Debiera dejarse para el momento en que, una vez eliminadas las interferencias, siga viva la brecha entre FAS teórico y precio interno.

Aquí nunca faltó trigo. Eso sí, los molineros tenían que competir con la exportación para hacerse de la materia prima. La competencia aseguraba el precio. Al productor y al consumidor. Es lo que hay que restablecer.

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