28 de noviembre de 2009 07:14 AM
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La lechería necesita otras ideas

Cuando todo indica la necesidad de obrar con inteligencia e idoneidad en el esclarecimiento de las necesidades sectoriales, para establecer un norte y corregir los actuales desaguisados en política lechera, se resuelve en sentido contrario.

Así se redacta un proyecto de ley de lechería que establece un régimen de promoción sin evaluación de las necesidades regionales, sin consulta a las provincias ni presupuesto previo, con recursos exiguos frente a la facturación del sector y expuestos a la corrosión de la inflación. Se crea una Comisión Nacional de Lechería para asistir al Ministro de Agricultura al que nada impide conformarla. Procura armonizar el régimen sanitario y establecer un sistema de monitoreo de la cadena, temas que tampoco necesitan legislación alguna. Genera la posibilidad de mecanismos de regulación de volúmenes de producción y precios sin definirlos, dejándolos al arbitrio de los funcionarios de turno y sus secuaces. Posibilita así repetir la política que ha venido aplicándose en los últimos años, que tanto daño han causado al sector y a los consumidores, destruyendo reglas y previsibilidad con acciones contrarias al Estado de Derecho. Para determinar un precio obligatorio se sugiere, sin desarrollar ni probar, una fórmula que recoge información del instituto más sospechado y denunciado del país como el Indec, con un mix productos que no se corresponde con ninguna industria por lo que, seguramente, no hará más que judicializar la comercialización de leche cruda. Pretende regular los volúmenes de leche y sus destinos "manu militari" desde una repartición pública. En resumen, el típico "argentinazo" de los últimos años (medidas sin parangón en el mundo), que no soluciona lo que declama: evitar el cierre de tambos, una transferencia más equitativa de los ingresos y mayor previsibilidad. El camino que debe transitar la lechería argentina pasa por lograr la organización voluntaria de los productores que les permita comercializar ordenadamente su producción para atemperar los efectos de sobrantes ocasionales sin incumplir los acuerdos internacionales; para aumentar su poder de negociación con la industria láctea, el Estado y sus proveedores de forma de contar con excedentes económicos cuando se generen, para enfrentar a las dificultades y evitar discriminaciones y expoliaciones como las sufridas en años recientes; que posibilite organizar la distribución de la leche cruda para bajar costos, contar con laboratorios independientes y plantas de concentración de leche cruda; para facturar la producción y desarrollar instrumentos de mercado como precios pizarra, precios "consoleite", contratos de abastecimiento o mercados de futuro; para lograr mayores niveles de competitividad aumentando la productividad y mejorando la infraestructura; para fortalecer la competencia con nuevas inversiones y el ingreso de nuevos actores; para contar con información suficiente que permita consolidar las decisiones y transparentar la cadena; para facilitar la integración vertical cuando convenga (como aconseja la Presidenta); para participar en la discusión de las políticas nacionales y los acuerdos internacionales con solvencia y responsabilidad; para auspiciar la creatividad y el talento argentino; para fortalecer la cadena láctea; etcétera. Nada de esto se contempla ni propicia. Sólo se ofrece más discriminación y decadencia. Manuel OcampoEl autor es presidente de la Asociación de Productores de Leche (APL)

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