16 de abril de 2019 14:36 PM
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AFIP insiste con el REC y se inicia la temporada de cacería de carnicerías

CompartiremailFacebookTwitterA través de declaraciones al diario La Nación, fuentes de la AFIP anunciaron que ahora sí, con seis meses de demora respecto de la fecha original (el 1° de noviembre de 2018), comenzará a exigirse a matarifes, frigoríficos y carnicerías que cumplan con la obligación de informar todo el movimiento de carne vacuna a través del […]

A través de declaraciones al diario La Nación, fuentes de la AFIP anunciaron que ahora sí, con seis meses de demora respecto de la fecha original (el 1° de noviembre de 2018), comenzará a exigirse a matarifes, frigoríficos y carnicerías que cumplan con la obligación de informar todo el movimiento de carne vacuna a través del llamado Remito Electrónico de Carnes (REC). Se lanza así oficialmente la temporada de cacería de carnicerías, el último eslabón de la cadena que queda por blanquear, y el que más difícil.

“El tiempo de la inducción se terminó. El martes empezamos de verdad”, informaron desde el organismo que dirige Leandro Cuccioli al matutino porteño. Ese funcionario había dicho la semana pasada que el 60% de las carnicerías figuraban en los padrones de la AFIP como monotributistas, lo cual era imposible porque ya el valor de vender una media res por semana supera los mínimos de facturación establecidos para esa categoría. Deberían ser responsables incriptos.

“No cierran los números, si cada uno no paga lo que tiene que pagar, las industrias no funcionan y la gente no invierte. Estamos metidos hace mucho tiempo en ese círculo”, dijo Cuccioli, anticipando que se venía esta ofensiva para instalar un Remito Electrónico que hasta ahora ha sido un fiasco, un poco por las dificultades informáticas para implementarlo (esa es la excusa) y sobre todo por el desacuerdo que existe en la Mesa de las Carnes sobre este mecanismo.

El REC es la estocada final que pretende dar la AFIP para tener control absoluto de todas las operaciones con ganados y carnes que sucedan en el país, para así poder cobrar el IVA de 10,5% y eventualmente poder imputarle otros tributos al contribuyente. Esta ofensiva oficial por blanquear la cadena se inició con el sistema de pago anticipado diseñado por la Dirección de Control Comercial Agropecuario, que permitió un blanqueo de las ventas mayoristas. Pero empezó a hacer agua al llegar a las carnicerías, un rubro en el que muy pocos entregan factura.

Con el Remito en funcionamiento, en el planeta ideal que imaginó la AFIP, cada frigorífico o matarife que vende carne a este último eslabón informa por internet de esta operación a la Administración tributaria. Luego, el carnicero que recibe y vende esa carne al consumidor debería ingresar con el mismo código a informar la concreción de la entrega. Si esto no sucede, querrá decir que esa carne se vendió en negro, sin factura. La AFIP podría caerle entonces a ese comercio, pero también a su proveedor.

En la Mesa de las Carnes, la pretensión de imponer el Remito Electrónico divide aguas entre sectores bien diferenciados a lo largo de la historia. Los que más lo reclaman (para evitarse una competencia desleal) son los grandes frigoríficos exportadores, mientras que usualmente rechazan este tipo de controles las cámaras de la industria y los matarifes dedicados a atender el mercado doméstico y que suponen que detrás de medidas como el REC se esconde la pretensión de concentrar el negocio en unos pocos frigoríficos y en los supermercados.

Por ejemplo, por estas mismas horas, el presidente de la Federación de la Industria Frigoríficas Regional (FIFRA), Daniel Urcía, alertó que “en este contexto económico, social y electoral creemos que no debería ser puesto en vigencia”. El empresario consideró consideró que “debería postergarse la punibilidad de la norma hasta el 1 de enero de 2020 y trabajar en la identificación de los comercios que lo hacen de manera irregular”.

En ese sentido, Urcía reveló que en estos seis meses de prórroga la AFIP “hizo notificaciones a operadores registrados y los que no están registrados no están enterados”. Es decir, dio a entender que el organismo fiscal salió a cazar carnicerías en el zoológico.

Otro sector que ve con malos ojos el REC es el de los matarifes, y con argumentos parecidos, ya que así como está diseñado el sistema serán ellos y los frigoríficos (aplicando diferentes retenciones de IVA) los que deban actuar como controladores de sus clientes carniceros, asumiendo una responsabilidad que le cabe a la propia AFIP y a los organismos provinciales. Desde la flamante cámara de matarifes, además, están en puja porque ARBA les ha venido reclamando a ellos pagos por aportes no hechos por los carniceros.

Se estima que hay unas 70 mil carnicerías, pero una escasa porción de ellas se han inscripto en un registro oficial creado por Agroindustria a fin de que se regularicen. Muchas de ellas, además, figuran a nombre de monotributistas de origen oriental que no resultan ser una presa fácil para los sabuesos. Por eso desde hace décadas que aplican intrincados sistemas de pagos a cuenta, percepciones y remitos electrónicos.

Cabe decir que en el marco de la Mesa de las Carnes, al principio de este plan de trabajo, la AFIP prometió frente al presidente Mauricio Macri estudiar otras alternativas, como un impuesto a la venta final de la carne, que se cobrara directamente al mayorista como un porcentaje sobre el precio o como un monto fijo, de modo de obtener así una mayor recaudación sin necesidad de intentar este mecanismo de control sobre el eslabón final de la cadena. Pero entre cambio de autoridades y otras urgencias, la AFIP nunca presentó alternativas y por eso ahora insiste con el remito.

Para tener dimensión del problema, en la Argentina se produjeron 3 millones de toneladas de carne vacuna y 2,5 millones se destinaron al mercado interno, que paga el IVA. A un valor promedio de 200 pesos por kilo de carne, estamos hablando de unos 500 mil millones de pesos de facturación. Aplicando la alícuota del 10,5% (el FMI anda diciendo que hay que volver a subirla a 21%), estamos hablando de una recaudación teórica de 55 mil millones de pesos.

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