24 de mayo de 2019 13:20 PM
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El campo sale a la ruta para frenar a los ambientalistas que rechazan a los agroquímicos

Un fallo en Entre Ríos impuso distancias en la aplicación de fumigaciones en las escuelas

Hace poco un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia dejó sin efecto un decreto que había emitido el Ejecutivo provincial que regulaba la aplicación de los fitosanitarios en respuesta a lo dictaminado por la Sala II de la Cámara Civil que ordenó en octubre pasado el cese de las fumigaciones.

Para el agro está en juego el trabajo de más de 300.000 hectáreas que dejarían de producir y en donde se realizan actividades como soja, trigo, maíz, naranjas, arándanos, arroz, nuez pecán, ganadería y tambos, entre otros cultivos.

“Vamos mañana (por hoy) a visualizar esta problemática en los Tribunales dado que sus decisiones tienen impacto sobre el trabajo de mucha gente que no tiene otra actividad para vivir”, señaló a BAE Negocios, el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Raúl Bo-Hoc.

Además “le pediremos a la provincia que con celeridad tome cartas en el asunto dado que creemos que si saca un nuevo decreto donde se ordene el uso y aplicación de fitosanitarios como pide la Justicia, se soluciona el problema”, afirmó el productor.

Sucede que al no haber mas instancias judiciales en la provincia, el gobierno de Entre Ríos deberá recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Esto ya tendría otros ribetes dado que de darse un fallo negativo, sentaría jurisprudencia a nivel nacional. Sólo el sector agroindustrial generará este año dividas en torno de los u$s24.000 millones.

El tema hizo que hasta el propio presidente Mauricio Macri opinara: es “irresponsable” lo dicho por la Justicia porque “pone en riesgo más del 20% de la capacidad productiva agroindustrial de la provincia”.

El mandatario aseguró que se trata de “un fallo absurdo que no se basa en ningún rigor científico” y advirtió que “pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos”.

En su momento tanto la industria semillera como de agroquímicos decidieron trabajar en forma conjunta para buscar soluciones y de alguna forma frenar no sólo las distintas disposiciones que se aprobaron en varias localidades prohibiendo o restringiendo los fitosantarios sino también las instancias judiciales, pero nada de eso paso o mejor dicho la Red de Buenas Prácticas Agrícolas no avanzó.

El problema es serio. La irresponsabilidad de algunos productores tiene en parte la culpa. El Estado también. Si funcionara el poder de policía se evitarían los riesgos en el uso de los fitosanitarios. Los grupos ambientalistas entienden que hay contaminación. Hace falta un serio debate a nivel nacional para despejar dudas y atender reclamos, y para eso está el Congreso.

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