24 de agosto de 2010 08:00 AM
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Modo perverso de concebir el poder público

A través de funcionarios con estrechísimos lazos con la cúspide del gobierno nacional como Ricardo Jaime o Ricardo Echegaray, el poder político está mostrando sus peores facetas, aquellas donde las diferencias entre lo público y lo privado desaparecen y la corrupción crece.

La carta de un grupo de diputados pidiendo a la presidente Cristina Fernández de Kirchner el desplazamiento del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray por presuntas irregularidades en la Oncca y el informe de la Oficina Anticorrupción que confirma la vinculación entre la esposa del titular de la AFIP y el feed lot “Hacienda Argentina” -al que se le habría otorgado alrededor de 1.250.000 pesos en subsidios- argumenta que lo denunciado “resulta incompatible desde lo ético con el ejercicio de sus funciones, máxime cuando es el titular del organismo recaudador del Estado nacional” .

Sin dudas esto no forma parte del anecdotario periodístico y se entrelaza profundamente con la ética y con una manera de concebir la función pública. Los diputados del PRO, la Coalición Cívica, la UCR, el Peronismo Federal y el GEN, aportaron, además, nuevos elementos a la causa judicial que investiga el desempeño, no sólo de Echegaray sino, además, de otra docena de funcionarios de Oncca y AFIP.

Con todo lo que implica la envergadura de la denuncia en torno al titular del máximo ente de recaudación impositiva del país y de su esposa, el impacto va mucho más allá porque el caso, como ocurre con las andanzas del ex secretario de Transportes de la Nación, Ricardo Jaime; las de la ex ministra de Economía, Felisa Miceli; las denuncias en torno a operaciones de obra pública que conciernen al súper ministro de Planificación Julio De Vido; las insistentes denuncias sobre la evolución del patrimonio de los Kirchner desde que ocupan Olivos, conforman mucho más que un estilo: concluyen en una concepción del ejercicio de la función pública y del método político necesario para concentrar poder y recursos al servicio personal, familiar o de grupo, que caracteriza desde hace años a los protagonistas de la gestión de gobierno.

Y no sólo se trata de las sospechas de corruptelas o de licencias protegidas por una concepción del poder: hay también evidencias de esa manera de entender el interés público y el propio o el del grupo, en los descaros con que se arman entramados familiares en los intersticios del poder político y el manejo de los recursos que implica.

Sucesiones familiares, líneas de transmisión de poder y manejo entre esposos, hermanos y una amplia gama del parentesco, manifiestan un descaro ofensivo hacia la consideración y respeto que tienen del ciudadano que les confiere su representación.

Los casos de Echegaray, Jaime, Miceli, De Vido -como otros muchos casos en gobernaciones e intendencias- se muestran en definitiva en la concepción conyugal de transmisión del poder público y el manejo de los recursos del Estado que evidencia el matrimonio Kirchner, o la hermana Alicia o las andanzas cercanas de hijos, sobrinos o parientes “confiables”.

Tiene también que ver con la manera, casi descarada, en que se simulan representaciones y candidaturas engañosas -como las “testimoniales” o de listas colectoras- y cierra perfectamente con el método político con que se menosprecian los canales republicanos de control del poder y del manejo de los recursos públicos.

En ese modo de entender la representación pública, se explica también el menosprecio al federalismo institucional y el sometimiento y presión constante sobre gobernadores e intendentes, para disciplinarlos y subordinarlos al poder central

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