25 de agosto de 2010 09:34 AM
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Retenciones para la discordia

Después de meses de disputa y en el marco de una fuerte división interna, el Grupo A logró emitir ayer dictamen sobre retenciones al sector agropecuario.

En una extensa y acalorada reunión de las comisiones de Agricultura y Economía, la Coalición Cívica, el PJ disidente, el PRO y un sector mayoritario de la UCR firmaron la iniciativa que lleva a cero los derechos de exportación de todos los productos agropecuarios, salvo la soja, el maíz y la carne vacuna. Finalmente, los diputados del socialismo y de Proyecto Sur presentaron una iniciativa propia, al igual que los agrodiputados radicales de Federación Agraria, Ulises Forte y Pedro Orsolini. El tema deberá ahora ser tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el kirchnerista Gustavo Marconato.

El plenario de comisiones estuvo colmado de dirigentes ruralistas, desde autoconvocados hasta el titular de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati; su antecesor, Luciano Miguens, y el presidente de Coninagro, Carlos Garetto. Durante más de cuatro horas, el debate debió ser interrumpido por los abucheos e insultos de los ruralistas, no sólo a los oficialistas Alejandro Rossi y Patricia Fadel, sino también a otros opositores que no se sumaron al dictamen mayoritario. En un intento por acercar posiciones, los radicales Juan Casañas y Ricardo Buryaile (ex vice de CRA) incorporaron a su proyecto una segmentación para los productores de hasta 300 toneladas. Sin embargo, la medida no alcanzó para incluir a Forte y Orsolini y produjo malestar y desacuerdo en la CC y el PRO.

El dictamen de mayoría establece un cero por ciento de derechos de exportación para trigo, girasol, sorgo, lácteos, carne, frutas, verduras, yerba mate, té, miel, harinas, oleaginosas, azúcar, aceites y grasas, vinos y mostos, molienda húmeda y molienda seca, lanas y pieles, algodón, variedades de tabaco, industria conservera y olivícola y productos forestales. En el caso del maíz y de la carne vacuna, se fija una retención del 10 por ciento para 2011, 5 por ciento para 2012 y un cero por ciento para el 2013. En el caso específico de la soja, se establece un 30 por ciento para 2011 y una disminución del 5 por ciento anual para terminar en 2015 con un piso del 10 por ciento.

“Nosotros no vamos a acompañar este proyecto. Nuestro compromiso es con la segmentación, porque así estamos yendo a una agricultura de unas cuatro o cinco mil empresas en la que los chacareros pasaremos a engrosar los bolsones de pobreza de las grandes ciudades”, aseguró Orsolini, de Federación Agraria. “No se puede tratar como iguales a quienes no lo son”, señaló el diputado socialista Lisandro Viale, quien consideró que “pretender compensar a los productores que comercialicen las primeras 300 toneladas, lo cual representa al 13,5 por ciento del volumen de producción, es claramente insignificante”.

El proyecto impulsado por los dirigentes de Federación Agraria establece un esquema de reducción de las alícuotas en los cinco granos y una segmentación según la producción para cada grano. En el caso particular de la soja, propone una retención del 33 por ciento y la devolución del 100 por ciento a los productores de hasta 600 toneladas, del 79 por ciento hasta las 1500, 64 por ciento hasta las 2500, 48 por ciento hasta las 3500 y el 9 por ciento hasta las 500. “Yo firmo el dictamen como hablo, soy sincero y no traiciono, ni vengo a hacer lobby por los pools. Así que dejo sentada mi posición: que se rompa, pero que no se doble”, dijo Forte en alusión a sus socios de la Mesa de Enlace.

Más sencillo, el Partido Socialista y Proyecto Sur proponen retenciones cero para quienes producen hasta 600 toneladas de soja, 1000 de trigo, 2400 de maíz, 1800 de sorgo y 700 de girasol. En su defensa, Viale sostuvo que el dictamen mayoritario “podría significar una fabulosa transferencia de recursos al 10 por ciento de las grandes empresas que hoy concentran el 62 por ciento de la producción”.

Desde el oficialismo, el diputado Alejandro Rossi fue lapidario con el dictamen. “Esto es un disparate ideológico; y denunciamos un plan político que tiene como fin producir el colapso de las finanzas del Gobierno”, aseguró Rossi, y adelantó que con esta iniciativa “los más grandes se van a comer más rápido a los productores más chicos”.

Los tres dictámenes presentados ayer deberán ir ahora a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tiene 30 días para convocar a su tratamiento. Una vez con despacho, recién allí se tratarán el recinto, donde será central la actitud del radicalismo, dividido entre el sector que acompaña a la FAA y el que acompaña a CRA y la Sociedad Rural.

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