31 de agosto de 2010 10:06 AM
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La ingeniería genética de la evasión

La Justicia Federal procesó en Córdoba a 25 integrantes de una organización dedicada a la creación de empresas fantasma para evadir el pago de impuestos en operaciones sojeras. Los mecanismos que utilizaron entre 2008 y 2009 posibilitaron a empresarios agropecuarios eludir el pago de una suma cercana a los 130 millones de pesos en concepto de impuesto a las Ganancias.

Las maniobras ilegales detectadas entre abril y mayo por la AFIP representan un negocio por 600 millones de pesos, que equivalen a la comercialización de 800 mil toneladas de soja. El blanqueo de los granos se efectuaba en la etapa previa a la venta a las aceiteras, moliendas y exportadores. El ente recaudador tiene en la mira a un conjunto de compañías en distintas regiones del país que utilizan la misma dinámica para escapar al pago de distintos tributos en operaciones agropecuarias.

A través de la creación de empresas fantasma, inscriptas en los registros correspondientes, los miembros de la organización lograban la pretendida simulación de formalidad. Los responsables de la banda creaban y administraban “carpetas” de contribuyentes falsos que les permitían evadir las cargas fiscales mediante facturas apócrifas, fundamentalmente la alícuota del 35 por ciento del impuesto a las Ganancias. El cereal blanqueado era comprado por intermediarios, quienes se encargaban de venderlo a las moliendas, aceiteras o exportadores.

Para el pago a los eslabones en negro se recurría a asociaciones mutuales que aprovechaban las posibilidades que otorga esa figura jurídica para cerrar la pata financiera de la operación. Las mutuales que recibían cheques apelaban a la entrega de “ayudas económicas” a las empresas fantasma. Finalmente, el dinero en efectivo se distribuía entre los integrantes de la organización y los productores agropecuarios. Si bien este era el mecanismo más usual, los evasores disponían de una amplia variedad de alternativas.

“Esas ‘carpetas’ tienen una duración de dos o tres meses hasta que AFIP las detecta y las registra como malos contribuyentes. Pero se trata de una ingeniería muy dinámica, porque si bien se les da de baja, rápidamente crean una nueva empresa irregular que les permite continuar evadiendo”, apuntó Santiago Cataldo, responsable de la Dirección Regional de AFIP en Córdoba. El funcionario resaltó que “detectamos irregularidades por 600 millones de pesos, pero no quiere decir que sea el 100 por ciento de esta organización. Además, AFIP tiene abiertas investigaciones a empresas en la misma cuenca sojera y en otras zonas del país que operan con mecanismos similares”. Cataldo descartó la posibilidad de que los productores agropecuarios desconocieran la existencia de las irregularidades, ya que “vendían sus granos en negro a las empresas fantasma y cobraban de la misma forma”.

La comercialización y el blanqueo de los granos estaban a cargo de las empresas Graneros SA y Superficies SA, ubicadas en la ciudad de Córdoba. Mientras tanto, la transferencia del dinero se realizaba a través de distintas mutuales, aunque la Asociación Mutual Defensores de Boca Juniors era la más utilizada. La red de evasión estaba concentrada en la provincia de Córdoba, pero no se limitaba a esa región, ya que la ingeniería diseñada para ocultar la procedencia de los granos tiene ramificaciones en los puertos cerealeros de Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca.

La lucrativa operatoria se detectó a partir de un cruce informático donde surgió un alerta, producto de un movimiento financiero relevante realizado por personas de bajos ingresos. Según señalaron desde la AFIP, otra maniobra, de menor envergadura, detectada consistía en la simulación de gastos e insumos destinados a la producción agrícola.

El Juzgado Federal de Villa María procesó con prisión preventiva a los cuatro jefes de la organización: Miguel Angel Seri, Guillermo Daniel Boldorini, Néstor Eduardo Boldorini y Alberto Daniel Jáuregui. La Ley Penal Tributaria estipula un mínimo de cinco años de prisión con cumplimiento efectivo de la condena. Hasta el momento, la causa no involucra a ningún productor de cereales o a los eslabones finales de la trama agropecuaria.

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