7 de septiembre de 2019 03:41 AM
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La expropiación en la legislación argentina

A partir de la propuesta de reforma agraria de Juan Grabois, una abogada desmenuza la ley y afirma que “el respeto del derecho de propiedad y la seguridad jurídica son esenciales”.

Por Eugenia Bustamante, abogada Directora del programa Régimen Jurídico de los Agronegocios de la Universidad Austral y profesora de Legislación Rural I y II en UCA

El campo sabe, y teme, que pueden darse reformas que afecten no solo la rentabilidad, sino principalmente la viabilidad de la producción de cara al inicio de un nuevo período presidencial en diciembre. Las opciones son diversas, y van desde viejas recetas conocidas como aumentar los derechos de exportación, cerrar la exportación de ciertos productos, control de precios, desdoblamiento cambiario, entre otras; hasta la más absurda e ilegal como la expropiación basada en una reforma agraria que limite a 5.000 la cantidad de hectáreas en poder de ciudadanos argentinos, con el fin de garantizar el arraigo en las zonas rurales, que se puso en agenda esta semana.

El antecedente a la limitación del dominio de cierta superficie de inmuebles rurales fue la Ley de Tierras Rurales 26.737 sancionada en 2011, que limitó la cantidad de hectáreas en poder de extranjeros: prohibió a las personas humanas o jurídicas extranjeras comprar más de 1.000 has en la zona núcleo o superficie equivalente en otras zonas, a partir de su entrada en vigencia, entre otras restricciones. Esta ley provocó cuestionamientos respecto de su inconstitucionalidad, ya que viola principios fundamentales y también algunos tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones. Un decreto posterior de 2016 corrigió algunas cuestiones.

Si bien la propuesta de reforma al sistema de la propiedad de la tierra que se difundió es impracticable con el derecho vigente, ya que habría que hacer una reforma constitucional, aprovecho para analizar como está regulada la expropiación, que consiste en la apropiación de un bien por el Estado, teniendo en cuenta que el instituto suele ser utilizado -con otros fines como la construcción de rutas o canales- afectando a ciertos campos por su ubicación.

La Constitución Nacional protege la propiedad privada de manera integral, lo cual abarca el derecho real de dominio y todo derecho patrimonial, y la última reforma constitucional incluyó los derechos intelectuales. En el artículo 14 declara que todos los habitantes de la Nación gozan, entre otros, del “derecho de usar y disponer de su propiedad”. Además, el artículo 17 dispone “la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley” y a continuación enumera los requisitos para que proceda la expropiación: “La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.” La expropiación puede ser caracterizada como un proceso de derecho público por el cual el Estado de forma unilateral determina la adquisición de bienes de particulares para el cumplimiento de un fin de utilidad pública, debiendo pagar previamente una indemnización justa. La ley 21.499 sancionada en 1977 regula el régimen de expropiación, siendo preciso que la decisión esté:

-Fundada en “causa de utilidad pública”: la ley dispone que ésta comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual. Se pueden expropiar todos los bienes cualquiera sea su naturaleza jurídica, sean de dominio público o privado, sean cosas o no. La ley exige que sean convenientes o necesarios para la satisfacción de la utilidad pública, lo cual por ser discrecional ha sido delimitado en diversos fallos de la Corte.

-Calificación por ley: del Congreso o de las legislaturas, según quien sea el sujeto expropiante. Se deben identificar los bienes afectados, en algunos casos en forma precisa cuando afecta un bien determinado, o en forma genérica cuando se trata de obras como autopistas o canales, realizándose la individualización cuando el trazado quede definido.

-Indemnización previa y justa: de lo contrario sería una confiscación. La indemnización debe abarcar el monto del bien y los daños derivados de la expropiación, y puede determinarse por avenimiento -acuerdo de partes- o por un proceso judicial.

Con relación a los inmuebles la ley dispone que si se realiza su expropiación parcial y la parte que quedase sin expropiar fuere inadecuada para un uso o explotación racional, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble. Tratándose de inmuebles rurales, en cada caso serán determinadas las superficies inadecuadas, teniendo en cuenta el tipo de explotación efectuada por el expropiado. Este concepto tiene correlación con la normativa de la unidad económica, que es la extensión mínima que debe tener un fundo para que la producción no resulte antieconómica.

Es más, la ley contempla la Acción de Retrocesión que procede cuando al bien expropiado se le da un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria, o cuando no se le de destino alguno en el lapso de dos años, garantizando de esta forma el cumplimiento de la finalidad pública en la expropiación.

Pensar que la expropiación tal como está legislada en nuestro derecho pueda ser aplicable a la división en parcelas para “entregar” a productores es absurdo desde el punto de vista jurídico. Entiendo que solo resta el análisis político de tal propuesta en estos tiempos electorales: a quien está dirigida, con qué finalidad, si es una promesa de cumplimiento imposible destinada a algunos sectores o es una amenaza para otros. En este último caso, puede considerarse de difícil cumplimiento, aunque no imposible, ya que para hacer una reforma constitucional se necesita una mayoría especial en el Congreso de las 2/3 partes, y la cultura cívica de nuestro país hace que los ciudadanos voten pensando solo en el Poder Ejecutivo -dada nuestra tradición hiperpresidencialista- y resten importancia a la composición del Congreso, que es fundamental para equilibrar los poderes del Estado.

Como dije al comienzo, el campo –y también parte de la sociedad- son conscientes de la importancia del sector agropecuario para el país, y que ante dificultades económicas es el sector al que se recurrirá por ser el que genera ingresos de manera eficiente y autónoma. La mejora de las condiciones de vida de las personas va a depender del trabajo genuino y del aumento de la producción, para lo cual el respeto del derecho de propiedad y la seguridad jurídica son esenciales

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