1 de septiembre de 2010 07:21 AM
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Piqueteros acusan al Gobierno por el cierre de un frigorífico

Es Yaguané, que funciona como una empresa recuperada en La Matanza.

La historia del ex frigorífico Yaguané sabe de altos y bajos. Conoce de momentos de esplendor y del sabor de las mieles del éxito. Pero son sus trabajadores los que saben mejor que nadie de etapas de derrotas y de procesos de recuperación que sólo ellos tuvieron que llevar adelante. El frigorífico fue la segunda empresa recuperada de la provincia de Buenos Aires pero ahora el futuro vuelve a ser incierto en la planta del kilómetro 38 de la ruta 3, en la localidad de Virrey del Pino del partido de la Matanza.

Ayer, los trabajadores de la cooperativa Coo. Tra. Fri. Ya, que intenta llevar adelante los hilos de la planta, acusaron al Gobierno Nacional por la presunta complicidad en una serie de irregularidades que pusieron al frigorífico al borde del cierre. La primera estocada la dio la Justicia mediante un embargo por una deuda de 12,5 millones de pesos con la AFIP. El golpe final llegó el jueves: la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) le quitó el permiso de faena y paralizó la producción de la planta frigorífica. Bajo el lema "salven a Coo. Tra. Fri.

Ya. Ltda", los trabajadores de la cooperativa explicaron que la deuda con la AFIP fue contraída por las anteriores administraciones del frigorífico gracias a una serie de irregularidades en las que, según ellos, hubo complicidad de parte de varios organismos del Estado.

Luego de varias negociaciones, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) le dio en marzo de este año un "cuerpo legal" a la nueva conducción de la cooperativa (no había elecciones desde el 2005). Mediante un comunicado los trabajadores no dejaron lugar a eufemismos: "Con la complicidad política de Moreno,
ala ONCCA, la AFIP y el INAES Le robaron a nuestra cooperativa más de 50 millones en los últimos 5 años, endeudándonos en mas de $ 12,5 millones". Eduardo Creus, vocero de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), explicó que durante cinco años el frigorífico careció de legalidad, por la dilación en las decisiones del INAES y que durante ese tiempo fue "gerenciado por privados que operaron a nombre de la cooperativa con una clave fiscal ilegal que la AFIP les dio sin lque tuvieran representación de la cooperativa". "Operaban con la matrícula de la Cooperativa, pero sin autorización", agregó.

"Estamos contestando el juicio con la AFIP, rechazándolo. Empezamos a movilizarnos y a golpear las puertas que tengamos que golpear", explicó a Clarín Juan Carlos Tolosa, presidente de la Cooperativa. "Denunciamos con nombre y apellido a los inspectores del INAES y de la AFIP que para nosotros fueron cómplices para obtener la clave fiscal. Están las pruebas", disparó Tolosa. Creus sostuvo que "quieren quedarse con el frigorífico" y señaló que las maniobras que perjudicaron a la cooperativa no podrían haberse llevado a cabo "sin la decisión política del gobierno nacional". Ahora, 400 familias esperan una solución

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