8 de septiembre de 2010 11:08 AM
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El MAG autoriza ensayos sobre el maíz transgénico

Los experimentos sobre las simientes de maíz transgénico se deberán realizar bajo la modalidad de "ensayos regulados de organismos genéticamente modificados", establece la resolución anunciada ayer y que lleva la firma del ministro de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo.

Argumenta a favor de dicha tarea la necesidad de generar información local de tipo técnico y científico a fin de determinar la eficacia y/o conveniencia del uso de la tecnología en cuestión.

En la medida se aclara, sin embargo, que esas experimentaciones solo podrán ser realizadas en campos de pruebas y bajo la supervisión del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA).

La realización de las pruebas fue solicitada y recomendada de urgencia por otro organismo del ramo denominado Comisión de Bioseguridad (Combio).

Esta nueva posición que asume el sector de Gobierno sobreviene después de fuertes polémicas surgidas con el sector productivo, y principalmente con representantes de gremios agrícolas, que afirmaron que el país está tardando demasiado en autorizar un adelanto que puede ser beneficioso para toda la economía del país.

La situación llegó incluso a un punto de crispación debido a intervenciones realizadas hace unas semanas en algunas fincas de cultivos por fiscalizadores del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), que procedieron a destruir sembradíos de maíz transgénico.

Más argumentos

En el considerando, la resolución menciona que es misión del MAG, según la Ley 81/92, “apoyar a los productores en la generación y transferencia de tecnología de producción y comercialización, basado en la conservación de recursos naturales renovables y en la preservación del medio ambiente, tendientes a mejorar la calidad de la población”.

Acota que la misma Constitución obliga a fomentar la investigación científica y tecnológica, y que en tal propósito “la administración debe asegurar la vigencia de normas claras y transparentes de gestión que orienten el ejercicio de la investigación científica, pública y privada, dentro de un marco regulatorio que precautele los intereses nacionales y otorgue certeza jurídica y aliento al desarrollo científico”.

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