9 de febrero de 2020 00:14 AM
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España : Los productos agrícolas se encarecen más de un 340% entre el campo y las tiendas

«Si los precios en origen no suben en la próxima campaña, yo no sembraré brócoli», reconoce el agricultor Antonio Aguilera

A las ocho y media de la mañana empieza la jornada. En realidad, un poco antes porque a esa hora ya están los trabajadores en las fincas preparados para la recogida del brócoli. Este proceso se extiende durante tres meses, diciembre, enero y febrero. Pero el trabajo para poder llegar a este punto de la cadena se prolonga más en el tiempo. «El brócoli es de invierno y se siembra entre agosto y el 15 de octubre», explica Antonio Aguilera, el agricultor propietario de la explotación.

Él sabe antes de sembrar el precio que le van a pagar por su cosecha. El año pasado fueron 23 céntimos por cada kilo de brócoli que se destinó a la congelación y 30 céntimos el que se vende en fresco en los lineales de los supermercados o en las fruterías. «En esta campaña ya dije que si no subían el precio del brócoli para la industria, yo no sembraba; al final conseguimos que nos pagaran a 25 céntimos el kilo; y si en la próxima campaña no vuelven a subir los precios dejaré de sembrar», afirma este agricultor, que tiene once hectáreas de este cultivo y que considera que 40 céntimos por kilo sería un precio ajustado a los costes que tiene la producción.

La mayoría de los productos agroalimentarios que se dan en Extremadura no tienen esa posibilidad. «Ojalá tuviéramos unos precios de referencia mínimos», reconoce Ángel Pacheco, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura. Y es que uno de los problemas a los que se enfrentan los agricultores es la incertidumbre. «No sabes a qué precio vas a poder vender; la volatilidad de los precios dificulta mucho la labor de los productores», añade Pacheco.

Son la primera parte de la cadena agroalimentaria y los que reciben el ingreso más bajo. Una vez que los agricultores venden sus productos, éstos se van encareciendo en cada eslabón hasta llegar al consumidor. Algo lógico. Todos los integrantes de esa cadena tienen que ganar dinero. Lo que está en discusión estos días es que sean los productores quienes obtienen un beneficio tan reducido que amenaza sus subsistencia.

Incluso hay ocasiones en las que se ven obligados a vender su cosecha por debajo de lo que les cuesta producirla. «El aceite de oliva, según el Ministerio de Agricultura, cuesta 2,70 euros por litro su producción y se está pagando en origen a 2,10», detalla gráficamente Juan Moreno, presidente de la organización agraria COAG.

Estos datos los confirma Juan Carlos Medina, presidente de la Cooperativa de aceite la Milagrosa. En su almazara, como en todas, se realiza el proceso completo de transformación de las aceitunas hasta su conversión en aceite. De estas instalaciones, ubicadas en Monterrubio de la Serena, sale el producto listo para su comercialización. «El rendimiento de las aceitunas suele estar en el 20%», manifiesta Medina.

Eso quiere decir que para elaborar un litro de aceite son necesarios cinco kilos de aceitunas. Por tanto, los agricultores han recibido en la última campaña una media de 42 céntimos de euro por kilo.

A partir de estos eslabones iniciales, los productos deben llegar hasta los puntos de venta. Cada paso supone un aumento. Según el índice de precios en origen y en destino de los alimentos, que elabora todos los meses COAG, los productos agrícolas multiplicaron su precio por 4,43 en ese recorrido durante el mes de enero. Un incremento del 343% por término medio.

No todos los alimentos tienen un incremento similar. Las variaciones son mucho más importantes en la naranja, la mandarina o la patata. Todos ellos cuestan más de un 500% más en tienda que en campo, siguiendo el índice que publica COAG para toda España.Los agricultores reciben 0,42 euros por kilo de aceituna. Producir un litro de virgen extra cuesta 2,70 euros. El consumidor paga, de media, 3,80 euros por litro.

Al igual que en los productos, también hay múltiples diferencias entre las regiones. Actualmente, en Extremadura el único producto que se está recogiendo es el brócoli. Su superficie de cultivo se ha multiplicado en los últimos años. Ahora hay cerca de 3.000 hectáreas, como calcula Juan Luis Ardila, presidente de la cooperativa Aldea del Conde, de Talavera la Real.

En este centro todo el brócoli que se recibe se destina a la industria. Entre las labores que se realizan, por tanto, en estas instalaciones están la recepción del producto y la negociación de los contratos de campaña de sus agricultores.

La cadena agroalimentaria incluye algunos eslabones más si el producto necesita transformación, como el caso del brócoli que se encuentra congelado en bolsas de medio kilo en los supermercados o del aceite. Los alimentos que no se transforman, como la fruta o el brócoli que se vende en fresco, se ahorran esos procesos, pero tienen un inconveniente añadido: son perecederos y su vida útil es más reducida.

En ambos casos, el siguiente paso es la distribución logística. «Hay aspectos que encarecen los productos y que son inevitables: almacenamiento, embalaje o transporte», comenta Pacheco, que añade que lo que carece de lógica es que haya personas que se llevan un beneficio sin ver ni tocar ni manipular el producto. Son los denominados intermediarios. Contra esta figura se alzan la mayoría de las voces. «En los últimos años han desaparecido muchos agricultores y ganaderos, pero no ha desaparecido ningún intermediario», asegura Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE.

Todavía falta que los alimentos lleguen a los puntos de comercialización minorista, ya sean fruterías o grandes superficies. Más costes de transporte.

Es este último eslabón de la cadena en el que se pone el precio de venta. Al hacerlo tiene en cuenta las mermas y sus beneficios. «Yo me muevo con márgenes de entre el 20% y el 30%», aporta Jerónimo Fernández, de Frutas Cordón, en Badajoz. «No es rentable; tenemos costes de alquiler de local, luz, agua… no es suficiente para tener un sueldo a fin de mes pero no puedes subir más los precios porque la competencia que hay es brutal», puntualiza.

En su frutería vende el brócoli fresco a un euro el kilo. Un incremento final del 233% respecto a lo que recibe el agricultor. Lo tiene más barato que en las grandes superficies, donde llega a 1,65 euros por kilo. Aquí el precio se multiplica por diez.

«Nos movemos con márgenes de entre diez y quince céntimos», señala la propietaria de otra frutería en Badajoz, que prefiere no dar su nombre. Ella compra a un almacén que recibe el producto de Madrid o de Sevilla. Lo mismo cuenta Fernández. No es el único punto que tienen en común. Los dos negocios llevan abiertos cerca de 25 años. «Cuando había pesetas, ponía el precio de venta cinco pesetas más caro de lo que yo lo compraba y con eso tenía beneficios suficientes para mi familia; ahora eso es imposible pese a que la fruta se ha encarecido mucho en 20 años», declara el trabajador de Frutas Cordón.

Tampoco hay grandes márgenes al final de la cadena. Las grandes superficies sí cuentan con unos ingresos superiores. Principalmente porque suelen tener unos precios algo más elevados y porque mueven mucha más cantidad de producto.

Entonces, ¿dónde están los incrementos más fuertes? Los productores lo tienen claro. «El mayor problema es el desequilibrio que hay en la cadena de valor y en el medio de la cadena están los márgenes más grandes», según el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, que insiste en que «los intermediarios se aprovechan más de los productos perecederos, porque o se venden o se tiran».

Identificado el problema, el sector agrario demanda una ley que impida la venta a pérdidas y que regule los márgenes de los intermediarios, así como una mayor unión para unificar la oferta y poder negociar desde una posición más fuerte con los grandes distribuidores. «En España, cinco cadenas comerciales (Mercadona, Carrefour, Lidl, DIA y Eroski) controlan el 52% de la alimentación», detalla Huertas, que compara ese número con las más de 3.000 cooperativas que hay en nuestro país.

«Ese desequilibrio posibilita que la distribución ponga los precios y que el productor no tenga capacidad para trasladar sus costes de producción al precio del producto», concluye Huertas.

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