8 de marzo de 2020 11:05 AM
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Se resquebraja la unidad de agro por el paro de comercialización

La entidad que conduce Carlos Achetoni decidió dar libertad a sus afiliados antes las posturas encontradas de los productores más pequeños.

La medida de protesta de cuatro días impulsada principalmente por Confederaciones Rurales Argentina (CRA) (y como parte de la entidad por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap)) y luego apoyada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y la Federación Agraria Argentina (FAA), generó una verdadera revolución interna en esta última entidad que integra,  junto a las anteriores conforman la Mes Enlace Agropecuario.  

Es que el esquema establecido por el Gobierno parte de la base de redistribuir una porción de la recaudación adicional producida por la suba de 3 puntos en la recaudación de la soja a tres de cada cuatro productores de la oleaginosa, siempre y cuando no hayan superado las 1.000 toneladas durante la campaña anterior.
Así según la información oficial la medida favorecerá a 42.406 productores que representan el 74,2% del total, mientras que 14.884 productores con rindes el año pasado superior a las mil toneladas se verán afectados por el 10% de suba en las retenciones que pasarán del 30 al 33 por ciento.

Desde el Gobierno se insiste en que la medida no tiene fines recaudatorios, sino que apunta a crear las bases de una nueva política agropecuaria, que beneficie a los sectores más chicos que son los más perjudicados en los actuales sistemas de comercialización.

La segmentación dispuesta por el Gobierno apunta a que quienes hayan producido hasta 100 toneladas de soja en 2019 pagarán un 21% de retenciones; los que produzcan hasta 200 toneladas,  24%; hasta 300 toneladas, 27%; hasta 400 toneladas, 28%; hasta 500 toneladas, 29% y para quienes  produzcan entre 501 y 1.000 toneladas mantendrán la alícuota anterior del 30%.

Es decir, la propuesta oficial de incrementar las retenciones al campo tiene como contrapartida la reducción de este impuesto para 22 productos, otros 20 no tendrán cambios y sólo una suba, para la soja.

Si bien es claro que todas las entidades del campo se oponen lisa y llanamente a las retenciones agropecuarias, porque aun cuando se reduzca la alícuota que tributan, lo cierto es que debe al momento de la comercialización pagar el total y sólo después recibirá un reintegro, por la diferencia que no siempre se cumplimentó en tiempo y forma, por lo cual genera siempre una enorme resistencia, de los productores que preferirían no pagar estos derechos de exportación.

También es cierto que durante el macrismo se fue reduciendo paulatinamente el  monto de las retenciones, al punto que estimaciones privadas estiman que la caída en la recaudación por efecto de haber reducido el tributo alcanza a más de 10.000 millones de dólares, un monto cuestionado por los productores que argumentan que la caída de la retenciones generó mayor producción y con ella subió el pago del impuesto a las Ganancias

Lo cierto es que la decisión del Gobierno de segmentar la recaudación de los derechos de exportación es un viejo reclamo de la Federación Agraria, algunas de cuyas organizaciones miembro decidieron no adherir a la medida, al tiempo que reclamaron a la actual conducción por no haber consultado a las bases para adherir a la medida de fuerza.

Eso obligó a las autoridades de la Federación que hoy conduce Carlos Achetoni a dar “libertad de acción a sus bases” , debido a que dentro de la entidad “hay diferentes posturas” que le imposibilitó tomar un posición oficial.

“La FAA luego de un extenso debate interno entre sus bases, entiende que entre sus representados hay diferentes posturas, por ello es que hasta el momento nuestra entidad no ha tenido posición oficial ante el cese de comercialización anunciado”, explicó la entidad en un comunicado. A partir de esto, “la conducción de FAA decide resguardar la unión de la entidad y deja a sus bases libres de acción ante el paro convocado para el próximo lunes”.

Sin embargo, la FAA sostuvo que “el sector no resiste más carga impositiva y si bien destacamos la segmentación lograda como política pública, la misma no representa el espíritu de frenar el desarraigo y que más productores queden fuera del sistema productivo”.

Para explicar estas diferencias, bien vale recordar las afirmaciones  en una reciente nota de Pedro Peretti, ex director de Relaciones Internacionales de la Federación Agraria quien destaca que el 7,27 por ciento de los productores o empresas tienen entre 1500 y 10.000 hectáreas y producen el 37,45 por ciento del total de la producción agrícola (no solo soja). Son apenas 16.604. Mientras que apenas 2.473 productores, o sea el 1,08 por ciento, tiene más de 10.000 hectáreas y recogen el 36,44. La Argentina tiene 46 millones de habitantes y solo 19.077 ciudadanos o personas jurídicas producen el 73,89 por ciento de lo que se siembra y cosecha.

Según insisten desde el Gobierno esta concentración es la que genera también la enorme dispersión en los precios y hace disparar la inflación, que el propio presidente Alberto Fernández prometió combatir basándose en las necesidades de quienes menos tienen.

En definitiva es volver a aplicar el mismo esquema que comenzó a regir en el pago de las jubilaciones, pero como en ese caso la decisión genera enormes polémicas, pero que forma parte de la propuesta que impulsa el Gobierno, en una pulseada que todo parece indicar que recién comienza. 

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