18 de marzo de 2020 00:40 AM
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¿Paro político o económico? Claves para entender el conflicto del campo

CompartiremailFacebookTwitterDurante las últimas semanas se debatió mucho sobre si el primer paro nacional agropecuario que se realiza desde 2015, responde a intereses políticos o económicos. Ese primer dato, el impasse de todo el Gobierno de Mauricio Macri sin protestas agropecuarias a pesar de la restitución de las retenciones en 2018, puede llevar a la conclusión […]

Durante las últimas semanas se debatió mucho sobre si el primer paro nacional agropecuario que se realiza desde 2015, responde a intereses políticos o económicos.

Ese primer dato, el impasse de todo el Gobierno de Mauricio Macri sin protestas agropecuarias a pesar de la restitución de las retenciones en 2018, puede llevar a la conclusión de que se trata de una medida netamente política. Sin embargo, el trasfondo es más complejo por lo que es bueno repasar algunos números.

La suba de retenciones

Desde las cercanías al gobierno se acusa a los productores de no querer hacer un pequeño esfuerzo al subir tres puntos porcentuales los derechos de exportación de la soja. Hagamos algunos números.

Desde el 13 de diciembre a la fecha, las retenciones subieron mucho más que esos inocentes tres puntos y no solo le tocó al “yuyito”.

En el caso de la soja, la suba fue del 35%; para el maíz y el trigo, el incremento alcanzó el 79%. En tanto, para la carne y la leche, el tributo es un 80% más alto.

Acá llega la primera excepción. El girasol tuvo la semana pasada una baja del 25% si lo comparamos la alícuota vigente hasta el 13 de diciembre. Claro, vale decir que en el lapso de las dos medidas, la misma había subido 79%, justo en el momento en que se iniciaba la cosecha y con caída de Vicentín mediante, principal operador del mercado.

Otro dato más, qué pasó con las tan mentadas economías regionales que se quieren apoyar. Los derechos de exportación volvieron esta semana al mismo nivel que en diciembre, pero mientras tanto muchas de ellas (maní y arroz, las más emblemáticas) habían sufrido aumentos del 140%.

Hay que tener en cuenta que los derechos de exportación tienen como efecto inmediato bajar el precio del producto en la misma proporción en que se aplica el tributo. Es decir, en el caso de la soja, no es que al productor se le descuenta un 33% cuando va a vender, sino que el precio de mercado ya cayó un 33%. Es decir, pega sin remedio sobre el ingreso de los agricultores, sin chance de esquivarlo.

Para buscar una comparación sencilla, es como si un trabajador, del rubro que sea, una mañana se despierta con un mail de recursos humanos comunicándole que su sueldo se redujo un 33%.

Eso por el lado de los ingresos, pero ingreso no significa rentabilidad.

Repasemos un ejemplo de la consultora AZ Group. No se refiere ni a los magros rindes del Norte del país ni a los más voluminosos de la Zona Núcleo pampeana.

Según este caso, un modelo de medio del Oeste de Bs As-La Pampa, el costo para hacer una hectárea de soja es de USD 300, más USD 200 de arrendamiento. Es decir, un total de USD 500. Va una aclaración: el 70% de la soja argentina se hace en campos alquilados.

El productor, de acuerdo al mercado de la semana pasada, tiene un precio de venta de unos USD 215, a los que hay que descontarle un 20% de gastos comerciales. Es decir, que le queda en mano unos USD 172 por tonelada. Teniendo en cuenta que la productividad media de la zona es de 2,7 toneladas por hectárea, el chacharero recibe USD 464 por hectárea. La cuenta es fácil, por cada hectárea que sembró pierde USD 36.

En este ejemplo no importa si el productor es grande o chico, todos pierden. Claro, seguramente el chico pierda más porque sus costos suelen ser mayores por no tener poder negociación a la hora de comprar insumos.

¿Este es un ejemplo aislado? La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) estimó que con el actual nivel de retenciones el 53% del área sembrada con maíz tiene una probabilidad menor a 50% de cubrir costos. En el caso del trigo, la superficie con menos chances es del 50,9%; y para la soja la misma, es del 38,5%.

Además, pronosticó que en la campaña que se iniciará en agosto la superficie sembrada con soja podría caer en 679 mil hectáreas, lo que implica un recorte de producción de más de 2 millones de toneladas.

A esto hay que sumar tipo de cambios diferenciados -impuesto PAIS por medio-, falta de acceso al crédito, mayor carga de impuestos provinciales y municipales, y mercados internacionales no muy auspiciosos, entre otras complicaciones del negocio.

La política

Sobran ejemplos para dimensionar la inestable situación de las actividades agropecuarias. Pero también es bueno repasar la política.

Así como para entender los motivos del conflicto, el núcleo de los argumentos apunta más a lo económico, la política también pone sus fichas. Y la desconfianza puede ser la primera clave para entender esta parte.

El exdirigente agropecuario Eduardo Buzzi suele decir: “El que se quema con zapallo, sopla hasta la sandía”. En esa falta de confianza se basa el rechazo a las compensaciones para productores de hasta mil toneladas. Estos sistemas ya se impulsaron en el segundo gobierno de Cristina Fernández y muchos productores quedaron sin cobrar o cobraron a destiempo, lo que, en un contexto de alta inflación como el actual, puede generar más perjuicios que beneficios.

También desconfían de un gobierno que por un lado habla de diálogo y por el otro las únicas dos veces que los citó fue para comunicarles sobre suba de retenciones ya tomadas de antemano.

Tampoco colaboran las palabras disonantes de protagonistas del Frente de Todos, alentando una reforma agraria y culpando al campo de todos los males que padece la Argentina.

Con respecto a la ideología de los productores, no hay que negar que más allá de la diversidad de pensamiento, en su gran mayoría apoyaron al Gobierno anterior. Algunos por el temor al regreso de Cristina Fernández, pero muchos por base ideológica. Por eso, unos cuantos ahora se lamentan haberse callado cuando en 2018 Macri dispuso la suba de retenciones.

Y mientras esperamos que la medida de fuerza llegue al jueves sin exabruptos y que productores y gobierno puedan volver a reunirse para conducir el futuro.

Es importante no olvidar que, de acuerdo a los datos del Censo Nacional Agropecuario de 2018, el 91% de los productores agropecuarios argentinos se encuadran en el concepto de Pyme y que viven en el campo. Muy lejos de aquel arquetipo del terrateniente todopoderoso. Ni siquiera similar a las más modernas empresas de siembra, caudillos del Agronegocio.

Ese es el actor social que más veremos en las rutas en estos días. El que el Gobierno no debe dejar de lado si, como pregona, considera al campo como pieza clave para terminar con el hambre y desarrollar la Argentina.

Fuente: www.a24.com

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