24 de marzo de 2020 01:20 AM
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El agro cordobés insiste en que se debe recortar el gasto político

Según ruralistas de Jesús María, ese acto triplicaría lo recaudado por retenciones

La Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), al norte de Córdoba, cuestionó que el Gobierno nacional le siga pidiendo al campo un esfuerzo solidario, mientras el poder político no achica sus gastos.

Mediante un comunicado titulado ¿Y si el ajuste empieza por casa?, la institución ruralista señaló que en los últimos 18 años, la política le confiscó al Campo infinidad de recursos para atender problemas que, encima, jamás solucionó. “Una vez más, nos piden ser solidarios cuando venimos contribuyendo por encima de otros sectores desde 2002 en adelante. El Gobierno tiene otros ámbitos donde restringir. El conflicto no es campo vs. Gobierno, ni campo vs. pueblo. El problema es la quita de rentabilidad generada por la relación desigual contribuyente/recaudador. Una dicotomía que está afectando no sólo a los productores rurales, sino también al sector privado en general”, afirma el texto.

Seguidamente, la institución propone que se haga foco en otros sectores que, por lo general, nunca son destinatarios de ningún ajuste. “Con el objetivo de recaudar más, el Estado bien podría disminuir el gasto en dietas y sueldos de asesores del Poder Legislativo Nacional; achicar el gasto público de la estructura parlamentaria de las provincias; incrementar los ingresos, a partir del pago de impuestos a las ganancias por parte de jueces y de funcionarios judiciales, y achicar el gasto en publicidad del Poder Ejecutivo, entre otros”, indica.

La entidad ruralista expresa que debe considerarse al sector productivo como una oportunidad para crecer, y no como caja para el ajuste de un Estado. Además, precisa que, mediante un recorte de estos gastos políticos, el Estado podría ahorrar un flujo de ingresos que equivale a más del doble de lo que se le quiere sacar al campo.

De acuerdo al cálculo elaborado por la entidad que preside Luis Magliano, fácilmente se podrían obtener U$S 1.200 millones por medio del ajuste propuesto por la SRJM. Por el contrario, economistas y analistas estiman que las retenciones a la exportación de soja aportarían entre U$S 400 millones y U$S 500 millones adicionales.

Según el estudio, sólo con una reducción del 30% en el presupuesto destinado a dietas y a sueldos de asesores en el Poder Legislativo, el ahorro anual rondaría los U$S 137 millones. Si se aplica el mismo achique para el gasto parlamentario de las provincias se sumarían U$S 640 millones. Así mismo, si los jueces pagaran el impuesto a las Ganancias -como el resto de los trabajadores-, se sumaría casi U$S 420 millones; es decir, el equivalente lo conseguido mediante las retenciones a la soja.

“Las retenciones son un impuesto nefasto, que van en contra del desarrollo productivo. Este desaliento está comenzando a verse reflejado en el comercio, que sufre un aumento indiscriminado de tributos. Además de achicarse el margen para generar trabajo genuino, se limitan nuestras posibilidades de invertir en el agregado de valor en origen”, cierra el texto.

Fuente: La Gaceta

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