5 de abril de 2020 02:40 AM
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Se confirma que el agro aportará US$ 100: al Fondo Coronavirus

Uruguay : La iniciativa surgió desde el sector productivo, se la plantearon al gobierno y saldrán de fondos de entidades del sector y renuncia a devolución de tributos. Representantes del campo uruguayo dijeron que fue determinante para esta iniciativa la decisión de bajar los sueldos de los gobernantes y el aporte a través de los salarios públicos. Esta semana se hará el anuncio.

Tal como anticipara hace varios días El País, el sector agropecuario se dispone a “ponerle un hombro” a la crisis sanitaria. En principio se maneja que destinarán unos 100 millones de dólares para el Fondo Coronavirus. Lo que no está definido, se hará en estas horas, es cómo y en qué condiciones se concretará el aporte económico.

Reunidos el viernes las autoridades de los ministerios de Economía y Ganadería con los principales referentes de las gremiales de la producción rural, lo primero que quedó en claro en la reunión es que no se utilizará la herramienta de generación de nuevos impuestos. Por ese motivo se están evaluando otras formas de concretar la millonaria erogación.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gabriel Capurro, dijo tras la reunión que “desde hace algunos días las instituciones rurales, a pedido de los productores, manejamos un conjunto de ideas para generar recursos para fortalecer el Fondo Coronavirus”.

“Surge la necesidad de contar con fondos que sean significativos. Estuvimos intercambiando ideas con las autoridades para ver qué instrumentos se pueden elaborar con ese fin. Se están haciendo los números, se manejan varias fórmulas, en lo posible se buscará la no generación de nuevos impuestos”, afirmó Capurro.

La ampliación de la carga impositiva sería “muy desestimulante para la producción en momentos en que hay mucha incertidumbre y las materias primas han bajado”, según destacó el dirigente rural. Por otro lado, Capurro subrayó que el aporte “no sería voluntario, la idea es que todos podamos contribuir”.

Por su parte Pablo Perdomo valoró que “pese al momento el sector hace un esfuerzo y demuestra, una vez más, su solidaridad y empatía con toda la sociedad”. El presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) se mostró optimista que “en estos días nos harán llegar un documento por escrito con las soluciones que se hablaron y quizás ya la semana que viene se pueda estar anunciando”, porque reconoció, “el problema está ahora y se necesitan los recursos”. También mencionó que “el aporte del agro debe ser equitativo entre todos los sectores”, y que “hay que ver que las instituciones que se mencionan no queden luego con problemas financieros para su funcionamiento, lo que no le haría bien a nadie tampoco”.

En tanto, el vicepresidente de la Federación Rural, Guillermo Villa, apuntó en diálogo con El País que se está trabajando para encontrar recursos “usando la inteligencia y recursos que se han generado”. “En esto no hay nada compulsivo, surgió de los propios productores a través de las instituciones gremiales para colaborar con una situación que nos preocupa a todos. Se busca hacer aportes solidarios sin afectar la cadena productiva”, aseguró Villa.

Por su parte, la Sociedad de Productores Forestales resolvió un aporte de carácter extraordinario y voluntario, de US$ 1,5 por hectárea forestada en base a los registros que posee la SPF (son 800.000, por lo cual rondaría US$ 1,2 milones). Consideran fundamental poder materializar este aporte el próximo 14 de abril, por lo cual exhortaron a sus socios que el pago de esta cuota sea realizado antes de dicha fecha. Este aporte se puede sumar a otras herramientas que definan en estas horas junto con las demás gremiales y el gobierno.

Además, empresas rurales de todo el país, tanto establecimientos agropecuarios como industriales, vienen realizando una importante cantidad de donaciones y colaboraciones en dinero y variados materiales que van desde alimentos hasta aportes en mejora de infraestructuras.

Alcance. En la reunión del viernes en la que estuvieron el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, así como el subsecretario y la directora de esa cartera Ignacio Buffa y Fernanda Maldonado respectivamente. Por el Ministerio de Economía y Finanzas estuvo el director de la Asesoría Macroeconómica Hernán Bonilla.

También participó Conrado Ferber, asesor de la Presidencia de la República en tema agro.

En tanto, del lado de los privados participaron el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) Gabriel Capurro; por las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) Pablo Perdomo; por la Federación Rural (FR), su vicepresidente Guillermo Villa; por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) Fernando López.

El monto que el sector agropecuario maneja aportar al Fondo Coronavirus, creado por el poder Ejecutivo para financiar el costo del combate a la pandemia de COVID-19, es de unos US$ 100 millones.

La idea es que ese aporte sea “equitativo” entre los diferentes sectores de la actividad agropecuaria. Aún resta definir cómo aportarán a él los productores agrícolas, lo que se dilucidará en estas horas a través de contactos que se esperan con representantes de dicho rubro.

Según las conversaciones preliminares US$ 40 millones saldrán de la renuncia del cobro por un año por parte de los productores de la devolución del impuesto a la enajenación de vacunos (el 1%).

Otros US$ 40 millones provendrán del Fondo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) disponiendo de fondos que aportan los productores rurales a esa entidad y los restantes US$ 20 millones del Instituto Nacional de Carnes (INAC), también de fondos de los productores en ese organismo.

En los tres casos para disponer de esos recursos se necesita la intervención parlamentaria por lo que el Ejecutivo deberá remitir al Legislativo sendos proyectos de ley para poder utilizarlos.
Ahora el Ejecutivo elaborará un documento conteniendo los detalles del acuerdo, el que se rubricaría la semana que viene.

La gran importancia de esto está dada por el hecho que las gremiales se presentaron voluntariamente a poner el hombro, dispuestas a ceder cosas importantes para el sector. INAC no recibe fondos del gobierno, el 100% lo aporta la cadena cárnica, y el INIA asume un importante desafío.

Según supo El País, fue unánime que la iniciativa del gobierno de bajarse los salarios fue determinante a la hora de acercarse a proponer y asumir costos. Y se valoró que por primera vez en una crisis la solución no fue mirar hacia el campo e implementar impuestos.

Se plantearon varias opciones y las gremiales hicieron las observaciones a cada una y determinaron los caminos menos malos a recorrer, porque obviamente, en estas circunstancias todas las soluciones son malas. Un tema fundamental fue que el gobierno dejó claro que no quería dañar la maquina productiva y nadie sabe mejor que los propios interesados que afecta más y que afecta menos. El día después, el sector agropecuario será una de las locomotoras de la economía…

Otros aportes. Esta semana el Parlamento aprobó una ley por la cual los funcionarios públicos, así como los cargos electivos y los de confianza aportarán por dos meses, extensibles por otros dos, determinados porcentajes de sus salarios y jubilaciones.
La ley rebaja transitoriamente los salarios de funcionarios públicos que ganan más de $ 80.000 líquidos y las jubilaciones superiores a $ 100.000 líquidas, así como los ingresos de los cargos políticos en un 20% para atender la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus.

Se aprobó que el impuesto sea cobrado por un período de dos meses extensible a dos más y no tres, como se proponía por parte del gobierno.

Se estima que el impuesto transitorio a salarios y pasividades recaude US$ 6 millones mensuales.

El Fondo Coronavirus se nutrirá también de las utilidades provenientes de empresas públicas y bancos estatales, como el Banco República, y de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

También dispondrá de recursos obtenidos por préstamos con organismos multilaterales de crédito y de las partidas de prensa del Parlamento que los legisladores renunciaron, mediante una ley, a seguir cobrando

Fuente: El Pais

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