4 de mayo de 2020 01:37 AM
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El agro argentino y la post pandemia: ¿llegó el momento de ir por más?

De forma recurrente se escucha que el precio del pan está por las nubes, o se ve a algún notero recorriendo las verdulerías para contrastar cuánto vale la papa, el tomate o la cebolla, o frente al carnicero se toma la decisión de que, después de todo, las milanesas de Cuadrada no tienen nada que envidiarle a las de Nalga.

El Problema recurrente del precio de los alimentos

En Argentina el incremento en el precio de los alimentos, como el de otros artículos, suele ser un problema recurrente y de larga data. Salvo en el caso de algunos productos que presentan fuertes variaciones de precios debido a factores estrictamente estacionales (escasez de producción en función de la época puntual del año) o coyunturales como inundaciones, sequías, etc., en la mayoría de los alimentos se da una combinación de factores estructurales que impactan en el incremento sistemático de sus precios como el exceso de intermediarios, los paquetes tecnológicos utilizados, la presencia de oligopolios, entre otros. 

Sobre estos últimos destaca, en primer lugar, a existencia de una gran cantidad de agentes intermediarios que sin cumplir ninguna función esencial en términos productivos toman su porción de la torta encareciendo el precio final de los productos. En segundo lugar, el grueso de las cadenas productivas presenta elevadísimos niveles de concentración económica en las fases comerciales tanto en los mercados domésticos, como en los mercados externos.

Respecto a este punto, el caso paradigmático, por su peso en la economía nacional, es el oligopolio vinculado a la exportación de granos, aceites y derivados, donde apenas un puñado de firmas, la mayoría de carácter transnacional, controla uno de los sectores más pujantes del país. Según información del Indec durante el año 2019 la República Argentina despachó al exterior en concepto de granos, aceites y subproductos un valor superior a los 28.900 millones de dólares, el 44,5% de las exportaciones totales del país. Sólo tres firmas (Cargill, Cofco, A.D.M.) concentraron un tercio, mientras que las diez primeras compañías controlaron casi el 90% del volumen total exportado.

La cuestión de los oligopolios no se extingue en los eslabones comerciales, la inmensa mayoría de las tramas agroindustriales, encargadas del procesamiento de las materias primas agropecuarias, son controladas por unas cuantas empresas que mediante una serie de mecanismos logran apropiarse de buena parte de los excedentes generados en los eslabones primarios de producción.

En este sentido, es conocido el peso de las firmas La Serenísima, Sancor y en menor medida Nestlé en el devenir de la producción láctea de nuestro país; o el impacto que tuvo hasta hace unos pocos años la empresa Expofrut en la cadena frutícola del Alto Valle, para citar algunos ejemplos.

Por otro lado los planteos tecnológicos predominantes en la mayoría de las actividades adscriben a un modelo de producción basado en la incorporación creciente de insumos externos (fertilizantes, pesticidas, semillas mejoradas, etc.). Además de los impactos ambientales, en la salud de las poblaciones rurales y periurbanas y en particular sobre los propios trabajadores que manejan los equipos de fumigación, debemos mencionar sus repercusiones en el terreno económico. 

Buena parte de estos productos son importados o en su defecto de fabricación nacional pero con un peso importante de componentes externos para su elaboración. Ello implica que los costos de producción estén directamente vinculados al precio del dólar y sus vaivenes respecto a la moneda nacional. Asimismo, los mercados de agroinsumos se encuentran fuertemente concentrados tanto a nivel de nuestro país como también en el plano internacional. 

A partir de la reconfiguración en el mapa global del negocio de agroquímicos luego de una serie de megafusiones empresariales durante los años 2017 y 2018, las tres principales compañías (Bayer-Monsanto, ChemChina y Dow-Dupont) pasaron a controlan más del 59% de las operaciones globales. En tanto, que en Argentina si consideramos sólo el mercado de agroquímicos, excluyendo el rubro de semillas, los tres primeros grupos tienen una participación de mercado cercana al 50%, lo que equivale a la suma de alrededor de 1.190 millones de dólares. Al considerar el origen de los capitales queda en evidencia la extrema dependencia de nuestro país en este sector.

En cuanto al rubro de fertilizantes la situación no difiere demasiado. Se trata de un sector oligopólico en el cual el abastecimiento local se encuentra controlado en gran medida por las compañías Profertil y Bunge, acompañadas por grandes empresas comercializadoras que actúan como importadores, agentes intermediarios y grandes distribuidores mayoristas.

Por último, en el eslabón primario también existe una acentuación de la tendencia a la concentración (en el uso y/o la propiedad) de la tierra, aspecto que impacta sobre los costos de producción de muchos productores que deben dejar buena una parte de sus esfuerzos en el pago de los arrendamientos. Corresponde aclarar que dentro de los grandes ganadores de este proceso cabe mencionar al estrato de las megaempresas agropecuarias. Se trata de aquella “vanguardia” de la burguesía agraria encarnada en histriónicos personajes como Gustavo Grobocopatel, titular del grupo Los Grobo, que han asumido el faro de la modernización agrícola en las últimas dos décadas en Argentina. 

Su rasgo central es el control del proceso productivo y no necesariamente la posesión de tierras, ya que se expanden principalmente mediante el arrendamiento. Estas empresas controlan cientos de miles de hectáreas cada una y han ampliado sus negocios hacia países vecinos. Además del caso mencionado integran este selecto grupo MSU Agro (familia Uribelarrea), Aceitea General Deheza (AGD), Calyx Agro (Louis Dreyfus Commodities) y Unitec Agro (Eurnekian), entre otras. 

La aparición y consolidación de estos nuevos agentes económicos no implica olvidar el rol de la cúpula terrateniente y su vigencia en el agro argentino. De acuerdo a la información del Registro Nacional de Tierras Rurales, un total de 1.250 terratenientes controlan bajo su propiedad aproximadamente 62 millones de hectáreas.

Si bien es cierto que las diversas reestructuraciones del complejo agrario del país han impactado sobre las viejas familias de la oligarquía ganadera las cuales ya no cuentan con el poder económico y político que ostentaban a inicios del siglo XX, parte de ellas mantienen aún el control de considerables porciones de tierra. Es el caso de la familia Menéndez propietaria de 750.000 hectáreas,la familia Gómez Alzaga dueños de 60.000 o los Anchorena con 40.000 en propiedad aún en el siglo XXI.

Además de los vestigios de aquellas familias patricias, han surgido en las últimas décadas una serie de nuevos terratenientes provenientes de otros rubros de la economía como por ejemplo la firma CRESUD del empresario Eduardo Elsztain que maneja un portfolio de aproximadamente 800.000 hectáreas en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil; o el caso de Adecoagro, con 246.000 hectáreas en propiedad. 

Así es como en el panorama actual del agro argentino, aún conviven terratenientes tradicionales junto con grandes grupos propietarios más recientes, que conforman la cúpula de la gran propiedad agraria en el país.

¿El estado como árbitro o como jugador?

Si hay algo que ha quedado bastante claro en el transcurso de estas largas semanas es que el mundo no será el mismo el día después de haber controlado el Covid-19. Si bien no hay demasiadas certezas sobre cuál será el nuevo rumbo que asuma la humanidad, existen consensos suficientes de que habrá cambios significativos en la forma de organización de la vida social en sus múltiples ámbitos de incumbencia. 

Desde los blogs de aquellos pequeños grúpusculos de extrema radicalidad, que al decir de Lenin padecen los peores síntomas de un infantilismo de izquierda, hasta la prensa que responde a lo más “selecto” del establishment internacional, ya se habla del nuevo orden mundial post pandemia.

En ese marco, se reabren algunas discusiones que parecían clausuradas, como por ejemplo: ¿Qué aspectos del consenso neoliberal entran en crisis? ¿Cuál debe ser el lugar que ocupen los Estados en diferentes aspectos de la vida social? El nuevo escenario ofrece la posibilidad no sólo de reafirmar cierto piso de discusión respecto a los derechos que deben garantizar los Estados nacionales para el conjunto de los pueblos, como el acceso a la salud y educación públicas, sino que invitan (o exigen) a ir por más, a redoblar las apuestas.

En este sentido, uno de los debates fundamentales es el rol que el Estado debe asumir en la economía, y en particular sobre las actividades agroalimentarias. Uno de los aspectos se refiere a la capacidad de arbitrio o control de varias cuestiones que hoy son desatendidas, como por ejemplo los artilugios realizados por firmas y compañías integrantes de la cúpula del capital agrario para evadir el pago de diferentes tipos de impuestos, la precariedad de las condiciones laborales que afectan a buena parte de les trabajadoress rurales, los desmontes realizados desatendiendo la ley de bosques, la ambigüedad en materia de regulación de aplicaciones con productos pesticidas en regiones periurbanas, y un largo etcétera.

Pero es posible que el bochín quizás caiga un poco más allá, y se abra la posibilidad de discutir otro tipo de cuestiones de mayor relevancia vinculadas a algunos de los resortes fundamentales de los agronegocios. Quizás es tiempo de debatir al menos una participación estatal en el comercio exterior de granos, aceites y derivados. Quizás llegó la hora de plantear seriamente la necesidad de desarrollar la producción estatal de semillas (incluyendo los principales cultivos por supuesto) y otros insumos en función de disminuir la dependencia tecnológica. O también es momento de profundizar algunas de las discusiones ya iniciadas en términos recientes como la cuestión de la necesidad de una reforma agraria que permita el acceso a la tierra para miles de familias arrendatarias a partir de proyectos de colonización o sobre el proyecto de ley presentado por el diputado Federico Fagioli en estos días que propone la creación de una empresa nacional de alimentos.

Estos son algunos de los debates necesarios en pos de avanzar en un proyecto de país más libre y soberano, que pueda incluir a las grandes mayorías sociales que cada vez miran el partido más desde el borde de la cancha.

Patricio Vértiz*

* Ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Sociales (UNLP); integrante del Colectivo Crisis Socioambiental del Instituto Tricontinental de Investigación Social

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