28 de julio de 2020 20:45 PM
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Fraude alimentario: estos son los casos más recientes (y sus consecuencias)

La operación más reciente contra el fraude alimentario se salda con la incautación de más de 119.000 kilos de alimentos y 38.000 litros de bebidas adulteradas o falsificadas

Las actividades delictivas contra los consumidores no cesan. Durante el primer semestre del año se han producido diversos fraudes alimentarios que abarcan desde la distribución de productos elaborados en un local que no contaba con las condiciones higiénicas obligatorias hasta la falsificación de etiquetados y la adulteración de bebidas. Como resultado, el pasado fin de semana la Guardia Civil detuvo a 19 personas y se incautó de 119 toneladas de alimentos y 38.300 litros de bebidas que no cumplían con la legislación o no eran lo que decían ser. En este artículo detallamos en qué consisten estos fraudes y cuáles son las consecuencias para los consumidores.

OPSON, la operación internacional contra el fraude alimentario, ha vuelto a dar frutos este año. En su novena edición y tras varios meses de investigaciones, se ha detenido a más de 400 personas en Europa, se han retirado unas 5.000 toneladas de alimentos y se ha llegado a estimar un fraude económico de más de 28 millones de euros. En España, las principales actuaciones tuvieron lugar en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Burgos, Ciudad Real y Huesca. Los controles e inspecciones realizados en varios puntos críticos (centros de distribución, almacenes, superficies comerciales, medios de transporte, contenedores, puertos y aeropuertos) han sacado a la luz más de 38.000 litros de bebidas y casi 120.000 kilos de alimentos que no cumplían con la legislación.

Los productos implicados en el fraude alimentario

La Guardia Civil, que ha liderado la operación en nuestro país, define el fraude alimentario como “una amenaza en la que destaca la elaboración y distribución de productos falsificados o de baja calidad, que influye directamente en el mercado de los consumidores”. Pero ¿qué alimentos y bebidas son esos? ¿Cómo repercuten en el mercado y en nuestra salud? Los siguientes son algunos ejemplos de lo que se ha confiscado este año:

❌ Pizzas sin garantías. Se incautaron más de 12.000 pizzas congeladas en diferentes establecimientos, por delitos contra la salud pública, en la elaboración, distribución y venta en todo el país. Este producto carecía del registro sanitario e incumplía las medidas higiénico-sanitarias obligatorias en su elaboración y transporte.

❌ Lechazo francés con etiqueta de Castilla y León. Se demostró la venta de 57 lechazos de origen francés, haciéndolos pasar como productos con Indicación Geográfica Protegida (IGP Lechazo de Castilla y León). También se incautaron de otros 940 lechazos de dudosa procedencia.

❌ Ibéricos con documentación falsa. Confiscaron casi 6.000 envases con productos ibéricos loncheados con documentación y trazabilidad falsa.

❌ Vino de origen incierto. Se detectó un fraude en el etiquetado de botellas de vino, que presentaban irregularidades en relación a las normas sobre las denominaciones de origen (DO) e indicaciones geográficas protegidas (IGP).

❌ Mosto falso y alcohol puro. Se desarticuló una organización delictiva que introdujo en el mercado vitivinícola de primeras materias o productos semielaborados un total de 40.746.855 kg de isoglucosa, haciéndola pasar por mosto concentrado o rectificado de uva. La misma organización comercializó 39.755.335 de litros absolutos de alcohol haciéndolos pasar por aguardiente de vino.

Los presuntos delitos cometidos y las consecuencias para los consumidores

¿Qué presuntos delitos se han podido cometer en estos casos? La lista es larga: fraude, estafa, falsificación, delito contra la salud pública, delito contra el mercado y los consumidores, delito contra la propiedad industrial, organización criminal, falsedad contable y documental, y blanqueo de capitales. En lo que respecta a la salud y la seguridad alimentaria, la gravedad del fraude de alimentos y bebidas dependerá del tipo de fraude.

“En algunos, las consecuencias se limitan a un engaño al consumidor (que no es poco), porque hacen pasar productos de menor valor por alimentos de valor superior”, dice Beatriz Robles, experta en seguridad alimentaria. Es lo que sucede, por ejemplo, con el aceite de oliva lampante vendido como virgen extra o cuando un lechazo francés se vende como si tuviese IGP de Castilla y León. “En otros casos se miente sobre la naturaleza del producto, atribuyéndole características por las que el consumidor está dispuesto a pagar más, como los alimentos etiquetados como orgánicos que proceden de la agricultura convencional. En estos casos, no supondría un problema de seguridad alimentaria, pero sí sería fraude”, continúa Robles, quien añade un tercer supuesto: el de los casos en los que sí que hay riesgos sanitarios. “Por ejemplo, el atún comercializado una vez superada su vida útil, al que se le altera el aspecto haciéndolo pasar por fresco y que contiene cantidades de histamina por encima del límite legal, lo que puede provocar efectos adversos”.

Las alteraciones en el origen y la trazabilidad, como en el caso del lechazo o los ibéricos, no solo afectan a los productores ocasionándoles pérdidas de ventas, imagen y reputación. También ponen en riesgo la salud de los consumidores. En el supuesto de que el alimento tuviese algún problema o provocase una toxiinfección alimentaria, sería muy laborioso rastrear toda la cadena de producción, detectar el origen del problema, identificar el lote afectado y retirarlo de circulación, como se hace de manera habitual y expeditiva cuando se activa una alerta alimentaria.

La elaboración de pizzas (o de cualquier otro alimento) en entornos que no cumplan con las medidas higiénicas establecidas aumenta notablemente el riesgo de sufrir una toxiinfección alimentaria. La presencia de ciertos patógenos puede causar estragos en la salud pública, como se vio el año pasado con el caso de la Listeria en la carne mechada.

La trampa de la isoglucosa: jarabe de maíz en vez de mosto concentrado

maiz jarabe isoglucosa

¿Y qué pasa con la isoglucosa que se vendía como mosto concentrado? ¿En qué consiste la trampa? La isoglucosa es un producto que se obtiene con la isomerización de jarabe de glucosa que, a su vez, es un derivado del almidón. En otras palabras, es un jarabe barato al que se le ha modificado su estructura molecular. El mosto concentrado, en cambio, procede de la uva. Es, de hecho, zumo de uva al que se le ha quitado casi el 70 % del agua para que dure más tiempo.

“Ese jarabe se obtiene a partir de materias primas ricas en almidón, especialmente maíz, y se utilizan enzimas para conseguir que tenga una concentración de fructosa más alta de lo que sería normal. Precisamente por eso se puede hacer pasar por mosto concentrado: su sabor dulce es similar porque el mosto contiene una elevada concentración de fructosa”, explica Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. “También se puede utilizar para elaborar vino ‘de mentira’ —de laboratorio—, mezclando diferentes compuestos químicos que están presentes en el vino: etanol, ácido tartárico, ácido málico… De hecho, hay empresas que lo hacen de forma legal aunque esa bebida no se puede vender con el nombre de ‘vino’”, agrega.

¿Tiene relevancia esta sustitución en términos de salud? En opinión de Lurueña, muy poca, ya que “el mosto de uva no se puede considerar como saludable porque tiene una elevada proporción de azúcares libres. Es verdad que si lo comparamos con un jarabe de fructosa, gana el mosto porque tiene otras sustancias de interés que están naturalmente presentes en la uva, pero a grandes rasgos viene a ser un poco lo mismo. Salvando las distancias, es como si comparamos un zumo de naranja y un refresco. El zumo es mejor: tiene vitamina C y esas cosas, pero a la hora de la verdad son azúcares libres”.

Detectar un fraude alimentario en casa: ¿es posible?

¿Puede un consumidor de a pie detectar que le han vendido un alimento adulterado o falso? Beatriz Robles apunta que la detección del fraude es compleja incluso para las administraciones, ya que “una de las condiciones para considerar una acción como fraudulenta es que, además de engaño a los consumidores, beneficio económico e incumplimiento de la normativa, haya intencionalidad, y esta es difícil de probar”. Además, como indica la Comisión Europea, el fraude puede tomar muchas formas: desde una adulteración con ingredientes de menor calidad mezclados con ingredientes de alta calidad, a un etiquetado incorrecto o violaciones de la propiedad intelectual.

En su opinión, los consumidores “no lo tenemos fácil, pero sí que hay dos factores que nos deberían hacer sospechar”:

  • El precio. Si un producto de aparente alto valor se vende por debajo del precio de mercado, es probable que no esté cumpliendo las especificaciones de ese producto.
  • La venta en canales no autorizados. Parece evidente, pero se sigue vendiendo (y comprando) alimentos en canales de venta no controlados que no ofrecen ninguna garantía, ni respecto a su calidad, ni, por supuesto, respecto a su seguridad. La Comisión Europea publica informes anuales en los que recoge los fraudes alimentarios detectados.

¿Qué deberíamos hacer si detectamos un producto falso? “Guardar toda la documentación que tengamos sobre el producto: tique de compra, etiqueta, folletos publicitarios… y trasladarlo a las autoridades con competencias en materia de consumo, como se indica en la web de AESAN“, explica la experta.

Fuente: Consumer

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