11 de agosto de 2020 11:31 AM
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Bloqueo de rutas en San Luis: la Procuración de la Nación dice que la Corte no tiene competencia

No obstante, el fallo no es vinculante y el máximo tribunal podría abocarse a estudiar el expediente remitido por la justicia federal de Río Cuarto.

La procuradora general de la Nación para asuntos de derecho público no penal, Laura Monti, consideró que el conflicto por el bloqueo de las rutas en San Luis no es competencia de la Corte Suprema de Justicia. Por ello dispuso –en un fallo que no es vinculante para el máximo tribunal de justicia de la Nación– que la cuestión se dirima en los tribunales provinciales.

La decisión de la procuradora generó críticas por parte del abogado constitucionalista, Antonio María Hernández, que patrocina a las entidades de Córdoba que solicitaron a la Justicia federal que el Gobierno de San Luis levante los bloqueos a sus accesos, dispuesto por la pandemia del nuevo coronavirus.

“Este Dictamen causa estupor porque desconoce palmariamente los principios fundamentales de la federación argentina”, destacó Hernández, que aclaró no obstante que el pronunciamiento no es vinculante para la Corte y que confía en que el máximo tribunal se aboque al expediente.

Los hechos

El 29 de junio pasado, las sociedades rurales de Río Cuarto y Vicuña Mackenna, junto con la Asociación Civil de Transportistas de Achiras y el consorcio caminero 158 de Achiras habían promovido una acción de amparo contra la provincia de San Luis por las violaciones constitucionales provocados por el bloqueo de rutas y  límites interprovinciales.

Ante el planteo, el 1° de julio, el juez federal de Rio Cuarto, Carlos Ochoa se declaró competente y dictó una medida- cautelar ordenando que se arbitren los medios para proceder a la apertura y circulación de la Ruta Nacional 8, la provincial 30 y los respectivos caminos vecinales, que se dan en el límite entre la provincia de Córdoba y San Luis.

Conocido el pronunciamiento en su contra, el Gobierno de San Luis presentó una acción declarativa de certeza ante el Juez Federal de San Luis sobre la legalidad de la legislación provincial y obtuvo en menos de 24 horas una medida cautelar. El nuevo fallo  impidió la ejecución de la dispuesta por el juez federal de Río Cuarto.

Con posterioridad,  el fiscal de Estado de San Luis planteó la incompetencia del tribunal de Río Cuarto y solicitó que se  remitiera la causa al juzgado federal de San Luis.

Por el conflicto planteado, Ochoa consideró que la competencia corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos del artículo 117 de la Constitución Nacional,“por ser demandada una provincia por vecinos de otra provincia , por existir cuestión federal predominante y porque no existe además una Cámara Federal en común de ambos Juzgados Federales”. 

Por ello, el juez federal de Río Cuarto remitió al Tribunal el expediente con la causa.

Fallo de la Procuración

El 5 de agosto, la Procuración General de la Nación, en su dictamen firmado por Laura Monti, entendió que no era predominante la cuestión federal y que el tema debía ser resuelto por los jueces locales provinciales. Argumentó que frente a la distinta vecindad de los actores con la provincia demandada, el fuero federal cede frente a las causas regidas por el derecho público local, ya que de otra forma se violaría la preeminencia de las autonomías provinciales.

Críticas

Para Hernández, este fallo es absurdo e imcomprensible. “Es evidente que sólo la Corte Suprema puede resolver esta cuestión de bloqueo de rutas y límites interprovinciales, que es una cuestión federal indiscutible de su exclusiva competencia, por el artículo 117 de la Ley Suprema, pues hay una provincia demandada por vecinos de otra provincia y además, un conflicto de competencia entre dos jueces federales, con fallos contradictorios”, precisó el abogado constitucionalista.

Según Hernández, el fallo de la procuradora es una violación de la Constitución Nacional y del Pacto de San José de Costa Rica, por considerar que resulta imposible la actuación de jueces provinciales en esta cuestión.

No obstante, el abogado tiene expectativa de que el máximo tribunal desestime este pronunciamiento. “Al no ser vinculante este dictamen, confíó en que la Corte Suprema haga justicia para garantizar los derechos de miles de ciudadanos que desde hace meses soportan este bloqueo. Esta emergencia no puede ser utilizada para tan profundas lesiones de nuestra democracia republicana y federal”, indicó.

Fuente: AgroVoz

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