16 de agosto de 2020 12:01 PM
Imprimir

Idígoras: “La consigna es industrializar el agro”

El presidente de la Cámara de Industria Aceitera explicó los objetivos del consejo creado por las cadenas agroalimentarias. Analizó el comercio global.

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, subrayó la importancia de “industrializar el agro” y aumentar las exportaciones como parte del modelo de desarrollo del país. Explicó que ese es el objetivo que busca el Consejo Agroindustrial Argentino con la propuesta que presentó recientemente al presidente y al Congreso. Dirigente del principal sector exportador de la Argentina, advierte que se profundizará el proteccionismo en el comercio internacional. “Hoy los precios de los granos están muy vinculados a la geopolítica”, subrayó. También defendió el tratamiento impositivo diferenciado para el procesamiento de soja, se refirió al caso Vicentin y a las sospechas sobre la transparencia en el comercio de granos.

—¿Por qué se creó el Consejo Agroindustrial Argentino?

—Es la expresión de una necesidad que identificamos las distintas cadenas agroalimentarias del país, de llevar al gobierno una propuesta de reactivación industrial. El gobierno está hablando de medidas de reactivación y nosotros estamos convencidos de que el agro es un gran generador de empleo, producción, exportación y divisas. Por eso queremos poner sobre la mesa una serie de propuestas, con la consigna de industrializar el agro. Y también trabajamos propuestas para hablar con el Ejecutivo, vinculadas con la facilitación y simplificación del comercio exterior, obras de infraestructura, conectividad, etcétera. Todo ese paquete el Consejo lo presentó a los gobernadores, al presidente de Diputados, a la presidenta del Senado y al presidente de la Nación. También a los distintos bloques parlamentarios.

EM_DASH¿Qué se demanda para ser previsible y sustentable?

—Lo primero, previsibilidad tributaria por diez años. Pero también proponemos metas de crecimiento en cada uno de los sectores para 2025. Y llegamos a algunas conclusiones. La primera es que se deberían generar no menos de 700 mil puestos de trabajo en el país, a nivel federal. La segunda es que ese crecimiento sea sustentable y protegiendo al ambiente. La tercera es que tenemos que incrementar las exportaciones. Estamos proyectando u$s 16.500 millones anuales de crecimiento exportador. Pero para eso necesitamos reglas. Y por eso hablamos de una ley de reactivación agroindustrial federal, inclusiva, sustentable y exportadora. La Argentina, para honrar su deuda y reducir su necesidad de financiamiento externo, tiene que tener un plan exportador.

—Productores autoconvocados criticaron la propuesta y el diálogo con el gobierno. ¿Hay diferencias de criterio por representación, modelo económico o posicionamiento político?

—El Consejo Agroindustrial se caracteriza por su horizontalidad. Está abierto a todos los que tengan el compromiso de trabajar con una propuesta a favor de la producción, la exportación y la industrialización del agro. Si no existen esos compromisos, claramente este no es el espacio. En segundo lugar, no hacemos política partidaria, sí política empresarial. Queremos crear más fuentes de empleo, producción y exportación. Y aquel que no tenga esas ideas no se a va a sentir cómodo estando acá. Pero también creo que hay gente que tal vez no tenga toda la información para saber lo que estamos haciendo. Por eso hablamos con todos. No tiene sentido pelear por una foto o una silla. Estamos hablando de generar una política de Estado.

—¿Hubo algún pedido concreto al gobierno por parte de la industria aceitera por el diferencial arancelario?

—Dentro del consejo agroindustrial no planteamos temas específicos. Tenemos la decisión de impulsar un proyecto de ley con efectos horizontales para todos. Luego cada uno tiene sus temas con el gobierno En el caso de la industria aceitera, hay un tema tributario que castiga al procesamiento de granos. Nuestra industria tiene una capacidad ociosa del 45 por ciento, lo que implica menos exportaciones con valor agregado, menos divisas y menos ingresos fiscales. Se está proyectando una molienda tal vez menor a 40 millones de toneladas. El año pasado estuvimos en 44 millones. Las exportaciones de harina entre enero y junio cayeron cerca del 10 por ciento y el biodiesel 47 por ciento. Las de poroto de soja aumentaron 60 por ciento. Estamos preocupados por este proceso. Hay 22 mil familias que trabajan en forma directa en la industria aceitera.

—Cuando se sacó el diferencial arancelario, entidades del agro lo celebraron porque entendían que el productor iba a recibir mayor precio. ¿Es lo que pasó?

—Hubo reacciones de algunas entidades y algunos funcionarios del anterior gobierno que se sentían victoriosos por haber logrado una reivindicación personal, como lo planteaban ellos. Sinceramente, el precio de la soja cayó en Argentina y esta es una de las causales. Aumentar impuestos para productos procesados lo único que logra es que la industria tenga menos capacidad de pago. Y si eso pasa, pierde el productor. Lo hemos demostrado en números.

—¿Cómo ves el comercio mundial de commodities en la pandemia y pospandemia?

—Ya viene afectado por la guerra comercial entre China y EEUU, que tomó como rehén a los precios de la soja y el maíz, pero sobretodo a la soja. China ha desviado compras a Brasil y ha presionado muchos sobre la Argentina para que sea proveedor de productos sin procesamiento. Los precios de la soja están muy vinculados a los vaivenes de la geopolítica. La pandemia redujo consumos a nivel global. En la India, el gran comprador de aceite, bajó 40 por ciento el consumo de aceite comestible por la pandemia. Lo mismo pasó con Europa con los biocombustibles.

—¿Se viene un comercio internacional más cerrado, con más protagonismo de los Estados?

—Visualizamos una profundización del proteccionismo por dos simples razones. La primera es que todos los países tienen que reactivar su economía y cierran la frontera para cuidar su propio desarrollo. La segunda es que los gobiernos vieron que el aislamiento territorial los protege en materia de salud pública. China el mes pasado consideró que el segundo contagio fue fruto de la importación de productos de la pesca de Noruega que supuestamente estaban contaminado de Covid, cosa que no es así. Pero estableció, a partir de eso, que cualquier terminal portuaria o empresa que tenga un caso de Covid, determinará que el barco de granos o contenedor de carne que se despachó no puede llegar a China. Es absurdo porque es un concepto de extraterritorialidad de la salud pública. Pero son las situaciones que se vienen.

—¿Cómo afectó a la industria aceitera el default de Vicentin?

—Nos afectó en términos generales de una manera muy fuerte porque era una empresa líder de la industria. La crisis financiera por la que atravesaron el año pasado generó también algunas incógnitas sobre el sistema financiero internacional que financia las exportaciones argentinas y también por las medida que tomó el gobierno, que luego rectificó, y que para nosotros fueron erróneas, como el proyecto de expropiación. Ahora la situación debería ir por el carril de la solución judicial. Y además se había anticipado que había empresas interesadas en sus activos.

—¿No hay riesgo de extranjerización si esa es la salida?

—La verdad es que cuando hablamos de extranjerización, en el agro es una buena noticia mas que mala. Empresas como Cargill, Bunge y Dreyfus están hace años y hundieron miles de millones de dólares en inversiones. Hoy tenemos 22 puertos en Argentina con inversión 100 por ciento privada. Más allá de que también hay empresas argentinas muy interesadas en el tema Vicentin.

—Con el caso de Vicentin reapareció la discusión sobre el tema de la transparencia del comercio de granos a nivel nacional y mundial. Tenés trayectoria en el ámbito de las negociaciones agrícolas internacionales. ¿Cuánto hay de mito y realidad en los planteos sobre la opacidad de este mercado?

—Hay un gran componente de mito. El comercio internacional de granos es extremadamente riesgoso desde el punto de vista económico, comercial y financiero. Los 4.650 barcos que salen de Santa Fe todos los años llevando granos, harina y aceite, van a cien mercados, donde hay más de 10 mil ó 15 mil operadores. La capacidad que tiene Argentina de financiarle a esos importadores las condiciones comerciales es nula. Si no tuviéramos oficinas en el exterior vinculadas con estas empresas que están en Argentina, con capacidad de acceder a crédito y de testear quienes son esos 10 importadores, el país entraría en colapso del comercio exterior. Por eso el rol del trader es fundamental en todo el mundo. Algunos tienen la oficina de trading en sus propios países, como en EEUU, otros las tienen en Suiza, donde el sistema financiero funcionan muy bien, y otros en Singapur, para facilitar el comercio con la India y otros países asiáticos. Se buscan plazas financieras eficientes que trabajen las 24 horas, en todos los idiomas y que generen confianza en las operaciones del comercio exterior. En mi sector exportamos por año u$s 25 mil millones. Si no logramos formas de reasegurarnos financiera y comercialmente quién nos está comprando, ponemos en riesgo el 25 por ciento del comercio internacional del país. Además la Afip mejoró mucho su control. En los últimos diez años se digitalizó y amplió su control, sobre todo con el concepto de precios de transferencia. Hoy Argentina tiene todos los mecanismos de chequeo y control y es de hecho uno de los países más estrictos en ese sentido.

Publicidad