21 de agosto de 2020 12:41 PM
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“Cerdos chinos”: Berhongaray pide informes

CompartiremailFacebookTwitterEl diputado nacional se vio movilizado por el principio de acuerdo que motoriza cuestionamientos de distinto tipo, pero sobre todo ambientales. Pregunta -entre otros puntos- en qué provincias funcionarían los “confinamientos” y cómo se abastecería de agua a semejante proyecto. El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR) hizo un pedido de informes que desarrolla distintas prevenciones y […]

El diputado nacional se vio movilizado por el principio de acuerdo que motoriza cuestionamientos de distinto tipo, pero sobre todo ambientales. Pregunta -entre otros puntos- en qué provincias funcionarían los “confinamientos” y cómo se abastecería de agua a semejante proyecto.

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR) hizo un pedido de informes que desarrolla distintas prevenciones y consultas relativas al acuerdo comercial con China para la multiplicación de la producción de cerdos en el país.

El legislador advirtió que “es un proyecto de enorme envergadura que implicaría prácticamente duplicar en pocos años la cantidad de madres reproductoras con que cuenta actualmente nuestro país con un manejo productivo intensivo ‘en confinamiento’, para exportar carne de cerdo y sus derivados con destino al abastecimiento de ese mercado asiático”.

El acuerdo ha disparado críticas de numerosos sectores, y por varias razones, pero especialmente desde el punto de vista ambiental. En ese contexto apareció en nuestra provincia un proyecto vinculado con ese sector productivo, ya que la firma Lartirigoyen avanzó en conversaciones con el gobierno provincial para la instalación de un frigorífico de cerdos en el lugar donde está “Montenegro”.

Berhongaray pregunta, entre otras cosas, “qué estrategias de políticas públicas se evalúan para proteger la producción nacional, particularmente a los pequeños y medianos productores” y “qué reaseguros se proyectan en caso de que el producto no fluya en su totalidad a China y se vuelque en parte al mercado interno deprimiendo los precios locales”.

El legislador señala en su iniciativa que “de acuerdo a lo informado por Cancillería, fueron actores del sector privado quienes arrimaron el posible negocio de inversión citado”. Le pide al Ejecutivo que “indique a qué actores se refiere y por qué no resultaron consultadas las instituciones con trayectoria e injerencia relevante en la temática tales como el INTA, las Universidades, los grupos de pequeños productores porcinos, el Centro de Información de Actividades Porcinas, Colegios de Ingenieros Agrónomos y/o de Veterinarios, entre otros”.

” Si a partir de la exportación de 10 toneladas de maíz se obtienen cerca de 2.000 dólares en divisas, pero empleando esa misma cantidad de toneladas se pueden lograr 3 toneladas de carne porcina que podrían elevar los ingresos en concepto de exportaciones entre 10.000/12.000 dólares, ¿qué garantías se están evaluando para evitar que capitales extranjeros comiencen a comprar campos y granjas de nuestro país?”, indaga en otro punto del poroyecto.

También quiere saber “en qué provincias se instalarían las mega granjas que albergarían hasta 12.000 madres reproductoras ‘en confinamiento’ cada una”. Se pregunta “cuál sería la fuente de aprovisionamiento del agua requerida para tamaña futura producción, teniendo en cuenta que se calcula la demanda en 300 litros diarios por madre reproductora alojada (ella más sus progenies)”.

Berhongaray pretende saber además “qué estudios existen acerca de la cantidad de energía no renovable (fósil) que resultaría necesaria para abastecer las distintas Cámaras de frío que se construyan, y cuál sería la fuente que aseguraría semejante capacidad de frío”.

Otra pregunta es “cuáles son las posibilidades reales de transformar purines en energía térmica y eléctrica, teniendo en cuenta particularmente los actuales costos de ese procedimiento, así como las garantías de eficiencia de los fertirriegos resultantes, especialmente en orden a garantizar homogenidad en la fertilización de los suelos”.

También requiere que el informe oficial señal “las garantías existentes de calidad del agua, fundamental para que los procesos de biodigestión se desarrollen en forma óptima”.

El diputado nacional pampeano consulta “si existen razones que justifiquen los potenciales beneficios económicos en función del riesgo sanitario que asume nuestro país”; y “si existen estudios y prospecciones en orden a preservar el alto valor asignable al status sanitario que posee el sector y que obliga a extremar los cuidados en la bioseguridad”.

Otra exigencia es que el Ejecutivo “indique dónde y cómo serían tratados los efluentes, teniendo en consideración que constituye una de las producciones más contaminantes del planeta”.

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