7 de septiembre de 2020 23:14 PM
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Las tendencias que marcan el futuro de los plaguicidas

El debate internacional sobre el uso del herbicida glisfosato y sus eventuales riesgos no solo genera indemnizaciones millonarias en Estados Unidos, sino que refleja las nuevas demandas de agricultores, supermercados y consumidores para proteger la salud y el ambiente, y acceder a alimentos más limpios. PALOMA DÍAZ ABÁSOLO

El acuerdo alcanzado a fines de junio por Bayer en Estados Unidos para pagar alrededor de US$ 10 mil millones en indemnizaciones a más de cien mil estadounidenses que afirman haber desarrollado el cáncer del tipo linfoma no-Hodgkins por el uso continuado del herbicida RoundUp –desarrollado por Monsanto en los años 70, que fue adquirida por Bayer hace dos años, y cuya molécula esencial es el glisfosato–, reavivó el debate internacional sobre su utilización y los riesgos para la salud o el medio ambiente que pueden presentar distintos agroquímicos.

En este caso específico, la decisión no implica que la compañía admita tener responsabilidades o que existan irregularidades en el uso del herbicida. En la práctica esto no significa que esté obligada a indicar en la etiqueta que puede provocar cáncer, sino que busca poner fin a litigios que podrían extenderse por varios años.

“Si bien en la compañía existe convencimiento en la seguridad de los productos, en la evaluación de riesgos se estableció que los posibles resultados negativos de litigios adicionales, el creciente número de demandantes y resultados inciertos por parte de los jurados, así como los impactos asociados a reputación y negocio, probablemente excederían sustancialmente el monto por el que se terminó acordando”, explican desde Bayer Chile.

El glisfosato es uno de los agroquímicos más vendidos a nivel mundial y se utiliza para controlar malezas tanto en cultivos anuales como en frutales. Si bien está aprobado desde hace décadas por las autoridades sanitarias, países como Alemania, Francia y México, entre otros, actualmente tienen planes para prohibir su uso dentro de los próximos cinco años debido a presiones ciudadanas y políticas, sobre todo luego de que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) lo calificó como probablemente cancerígeno en 2015, categoría que comparte con productos como el tabaco.

En Chile es una las diez moléculas más vendidas y lo comercializan 14 empresas a través de 36 productos comerciales diferentes para uso agrícola, según datos del SAG, que no maneja información sobre el valor de las ventas. Está catalogado dentro de los agroquímicos que tienen menor nivel de toxicidad, con etiqueta verde, y en el organismo estatal afirman que no han recibido reclamos formales por eventuales daños a la salud.

“Ha habido planteamientos y consultas por parte de ONGs y universidades para orientar su accionar y la investigación en esta materia. Cuando se presentaron afectaciones a la salud en Estados Unidos se solicitó a las empresas titulares que presentaran información actualizada, la que fue analizada”, dice Rodrigo Astete, jefe de la división de protección agrícola y forestal del SAG.

De acuerdo con esa revisión, añade que uno de los coformulantes del herbicida, denominado Tallowamina polietoxilada, que está contenido en las formulaciones más antiguas del glisfosato, es el que muestra un comportamiento toxicológico más alto en todos los parámetros, lo que ha llevado a varios países a autorizar solo las formulaciones que no lo contengan, algo que también se está haciendo en Chile.

“Actualmente, solo resta que tres productos comerciales que presentan una formulación antigua con ese coformulante formalicen su solicitud de adecuación ante el SAG”, dice Rodrigo Astete, ya que cada plaguicida se autoriza por diez años.

Buscar reemplazos

Si bien una de las principales tendencias para disminuir el uso de agroquímicos en la agricultura está en buscar reemplazos de origen biológico para controlar enfermedades y plagas, en el caso del glisfosato y de los herbicidas en general, como se usan para controlar malezas, una de las dificultades que puede acarrear su prohibición es que no existe otro producto o molécula que lo reemplace con la misma eficiencia en términos de costos y efectividad.

“En el mundo hay ejemplos de otras soluciones y en Chile también, pero son muy específicos para un tipo de maleza. En cualquier campo del valle central no encuentras menos de cinco especies diferentes, por lo que es muy difícil controlarlas”, explica Lorenzo León, investigador del Inia especialista en malezas.

Desde Bayer Chile destacan que si algún país decide prohibir el uso del glisfosato estaría ignorando las evaluaciones científicas de las autoridades competentes, pero admiten que entre los consumidores hoy existen preocupaciones que van más allá de la ciencia y que lo están abordando.

“La compañía se comprometió a ofrecer mayores opciones para los productores e invertirá unos cinco mil millones de euros durante la próxima década con el fin de hacer más eficiente el combate contra las malezas”, afirman.

Más allá del caso puntual de los herbicidas, la industria agroquímica reconoce que está avanzando en desarrollar productos más inocuos para la salud y el medio ambiente, pero resaltan que esos procesos toman varios años antes de llegar a ofrecer soluciones a nivel comercial.

“Estamos firmemente comprometidos en crear las innovaciones y tecnologías que le permitan al agricultor no solo ser eficiente, sino que también responsable en el manejo de la biodiversidad y el ambiente. Tenemos que permitirle usar todo lo nuevo que viene en camino, en base a una evaluación de riesgo y no al principio precautorio”, señala José Perdomo, presidente de CropLife Latinoamérica, que reúne a las principales agroquímicas de la región.

Manejo integrado y precisión

Tanto en el control de plagas y enfermedades como en la batalla contra las malezas, en los últimos años cada vez es más común usar el concepto de manejo integrado, para no depender solo de los agroquímicos y utilizar prácticas culturales y agronómicas en distintos rubros agrícolas, bajo una mirada holística.

“El modelo actual es un manejo integrado con distintas herramientas de control, no solo químico, sino que también con herramientas de monitoreo de plagas previo a los controles, manejo cultural, control biológico y con feromonas, entre otras medidas. El control químico es solo una de las opciones”, afirma el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas (Asoex), Ronald Bown.

Otra herramienta que se suma al manejo integrado es la agricultura de precisión, ya que se está trabajando con inteligencia artificial y sensores para lograr que las aplicaciones de productos químicos sean mucho más precisas y directas, al menos en el caso de las malezas, lo que también permite ahorrar costos.

“Estamos trabajando para disminuir el uso de agroquímicos y en casos como el del glisfosato, si hoy usamos cuatro litros por hectárea, llegar a reducirlo en 25% o hasta 50%, porque es un producto muy útil para los agricultores… En las últimas tres temporadas se han incorporado aplicaciones con drones y reducen mucho los peligros para los aplicadores, pero la carga activa por hectárea sigue siendo la misma y hoy estamos trabajando también en cómo reducirla”, explica Lorenzo León.

Para eso, detalla que en Inia están trabajando en desarrollar un mapa de las especies de malezas que se encuentran en los campos chilenos, para que a futuro –mediante el uso de sensores– una máquina pueda distinguirlas por metro cuadrado y hacer aplicaciones solo sobre ellas, no sobre el suelo ni los cultivos.

“Fuera de Chile ya hay máquinas a las que se les puede enganchar esta información y con eso hacer una aplicación específica. Es una de las herramientas que se podrán tomar a futuro para mantener la eficiencia en el control de malezas, que al mismo tiempo sea económica y se pueda hacer a escala industrial”, dice.

Avanzar a cero residuos

Otra demanda que enfrentan los agricultores en materia de plaguicidas es que los alimentos no contengan residuos luego de las aplicaciones. No solo las normativas que determinan los límites máximos de residuos en cada país se van haciendo cada vez más exigentes, sino que también las cadenas de supermercados imponen sus propias normas, incluso en Chile, tendiendo a pedir cero residuos.

“Se están produciendo cambios acelerados y muy importantes a nivel internacional, lo que está generando una mayor complejidad en la autorización de nuevas moléculas, una reducción en los niveles de las tolerancias de residuos permitidos en los alimentos y nuevos criterios al momento de evaluar la continuidad de uso de un agroquímico. Adicionalmente, algunos supermercados han establecido límites de residuos máximos más estrictos y certificaciones por entidades privadas que no están relacionadas con las exigencias formales de los entes reguladores, lo que genera un gran desafío para los productores y exportadores”, explica Ronald Bown.

Detrás de esos cambios están los consumidores, que buscan alimentos más inocuos y con el menor impacto en el medio ambiente y la salud, por lo que es un punto que también se ha convertido en una estrategia de venta y de competencia para los supermercados y marcas.

Frente a eso, los productores tienen que predefinir sus mercados objetivos y compatibilizar sus exigencias, haciendo un monitoreo permanente de los niveles de residuos, y las autoridades también deben avanzar con más celeridad.

“Una de las limitantes que están sufriendo los productores en los mercados internacionales y cadenas de supermercados es consecuencia de la desactualización de la normativa que regula los límites máximos de residuos, del Ministerio de Salud, que perjudica principalmente el uso de fitosanitarios nuevos y menos tóxicos”, advierte la gerente general de la Asociación de fabricantes e importadores de productos fitosanitarios (Afipa), Patricia Villarreal.

En ese ámbito, explica que también las empresas certificadoras de buenas prácticas tienen problemas para dar la certificación a las empresas que usan productos que no cuentan con un límite de residuos establecido en el país, aun cuando se trata de agroquímicos que están autorizados por el SAG.

“Esto también afecta la comercialización de productos en los supermercados nacionales, dado que algunas cadenas están exigiendo, al igual que las internacionales, la certificación para incluir los productos en sus góndolas”, detalla.

La gerente de Afipa resalta que la normativa actual de Salud tiene más de diez años desde su última actualización y que, si bien se trabajó en forma colaborativa en desarrollar una nueva versión, desde hace más de un año se está a la espera de su publicación, por lo que considera que el Ministerio de Agricultura también debería tener injerencia en la forma y frecuencia con la que se actualiza esta norma, ya que afecta directamente a los productores.

Fuente: Revista del Campo, El Mercurio

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