8 de septiembre de 2020 01:26 AM
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Los niños que el campo y la agroexportación peruana esconden

La industria que convirtió a Perú en uno de los principales exportadores mundiales de café, palta, arándanos y cacao no controla el trabajo infantil en los cultivos.

La industria que convirtió al Perú en uno de los principales exportadores mundiales de café, palta, arándanos, cacao, y que produce 7.500 millones de dólares al año, no controla el trabajo infantil en los cultivos dentro de su cadena de suministro. 

Desde hace dos décadas el Perú vive un boom agroexportador que le ha permitido catapultar sus frutas y granos bandera a las mesas de China, Estados Unidos y la Unión Europea, favorecido por un contexto de mayor flexibilidad laboral y tributaria. El café, paltas, uvas, arándanos, mango, espárragos y, recientemente, el cacao orgánico, forman parte de esta canasta internacional que creció más de 700% en la última década, pues de facturar menos de 1 millón de dólares el 2000, cerró con 7.500 millones de dólares  en ventas el 2019.

El motor de este millonario negocio es la agricultura, una actividad donde la pobreza y las prácticas culturales han normalizado el trabajo infantil. Según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), unos 971 mil niños, niñas y adolescentes podan los campos con pesticidas o herramientas punzocortantes; cargan pesos no acordes a su edad y realizan jornadas que los privan del sueño, del derecho al juego o a la educación. La cifra representa al 60% de 1.619.000 menores de edad que están en situación de trabajo infantil; una cantidad suficiente para llenar 22 veces el Estadio Nacional, y que aumentará durante la pandemia. 

Los últimos informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierten que la crisis económica generada por el coronavirus empujará a las familias más pobres a insertar a sus hijos en el mercado laboral y elevará las tasas de trabajo infantil, y en Perú el riesgo se incrementa por el cierre de colegios y la necesidad de mano de obra barata en los cultivos.

Si bien la labor de menores de edad en el campo ocurre principalmente en la agricultura familiar, parte de sus cosechas termina en la cadena exportadora a través de cooperativas, acopiadores e intermediarios. La entidad responsable de supervisar y multar a los empresarios que se benefician con esta mano de obra es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que tiene esta función desde el 2014, pero que no puede demostrar si alguna vez aplicó sanciones por este tema. 

Meses antes del Estado de Emergencia, OjoPúblico visitó los sembríos de café y cacao en la selva de Cerro de Pasco para conocer relación de los agricultores de esta zona amazónica con el trabajo infantil. En el siguiente reportaje, realizado en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas y con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), se evidencia la delgada línea entre la agricultura familiar y las labores de riesgo que realizan los menores de edad.

Niños y adolescentes 

A kilómetros de la capital, detrás de los datos que nos muestran los estudios y las estadísticas, están los agricultores que trabajan en sus próximas cosechas; los mismos que encuentran incompatible calzar la teoría con lo que viven en el campo. “Acá se aprende haciendo. Mis hijos tienen que saber sembrar, limpiar y cosechar, si no cómo van a mantener la parcela, ¿cómo van a sobrevivir?”, dice Evelia, una mujer de 40 años de la comunidad Loma Linda, en la selva de Palcazú, Oxapampa.

Esta provincia de la región Cerro de Pasco, que soporta temperaturas de hasta 32 grados, se ubica a nueve horas en bus y camioneta desde Lima. Sus habitantes son migrantes andinos e indígenas amazónicos de la Reserva Comunal Yanesha que viven en pobreza, no cuentan con servicios básicos, y han hecho del cacao criollo su principal forma de sustento. 

“El cacao nos sostiene. Sembramos plátano, yuca, pero el cacao es el que nos da de comer porque nos pagan más. Mi hijo solo va a la chacra los domingos, los otros días está en el colegio. Es que eso nos han dicho, que no puede faltar. Sus profesores los vigilan, sino les bajan la notas”, añade. Son las 4:00 p.m. de un jueves y su hijo Johan, de 15 años, está en el campo. Las tareas escolares las ha dejado para más tarde.

– ¿Qué tareas realiza su hijo en la chacra?

Él siembra, poda con machete y carga los baldes con cacao. 

– ¿Y cree que eso es peligroso para él?

No, no es peligroso. Allí no hay culebras, solo avispas.

Johan regresó al pueblo a las cinco de la tarde y corrió a zambullirse al lago para encontrarse con sus amigos. Mientras nadaba hacia ellos, su nuca dejó al descubierto la cicatriz que le dejaron las enormes tijeras de podar cuando intentaba cosechar los frutos altos del cacao y se le resbaló de las manos. “Ya no agarra cosas filosas. A veces nomás me ayuda, pero en tareas pequeñas”, corrige su padre, Carlos Valerio.

El Decreto Supremo 003-2010 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) incluye esta actividad en la lista de trabajos peligrosos y nocivos para adolescentes porque requiere capacitación y experiencia. La norma señala como labor de riesgo el uso de “herramientas tipo manual o mecánico y equipos especializados y que requieran capacitación y experiencia para su uso, como en la agricultura”, así como la exposición a agroquímicos y pesticidas.

Las marcas en la piel muestran el impacto del campo. Luis, un niño de la comunidad vecina de Nueva Aldea, lleva impregnada en su muñeca izquierda una cicatriz de cuatro centímetros de largo por casi uno de ancho; el causante es un machete cuya hoja mide tanto como el largo de sus brazos y que deben agitar de un lado a otro para podar la maleza que crece en torno a sus cultivos.

Foto:Marco Garro

El corte se lo hizo a los 11 años, y aunque ahora tiene 13, su cuerpo frágil los hace aparentar de menos edad. “Estaba macheteando; recién estaba aprendiendo y se me resbaló por el peso. Era domingo, no había médico para coserme y  me pusieron hierbas. Pero ya no duele”, nos dice mientras hace una pausa al bordado que le pidieron en una de sus clases de identidad cultural.

El colegio donde estudia es el único que funciona en este sector de Palcazú y ha sido habilitado en una fábrica abandonada. Allí los niños de la comunidad Yanesha asisten a un único grado en las mañanas, y en las tardes realizan actividades en los cultivos familiares. 

Animados por el testimonio de Luis, sus compañeros de clase empezaron a narrar sus experiencias con la siembra, cosecha y preparación de la tierra. Algunos cultivan cacao, otros plátanos, café y yuca, para consumo interno o venta, pero sus historias dejan en claro la zona gris que existe entre ayudar en las labores agrícolas y exponerse a actividades que exponen su salud, con elementos cortantes, o les hacen perder horas de estudios.

La mayoría de los agricultores de Palcazú están afiliados a cooperativas o asociaciones que compran sus cosechas, principalmente de café y cacao; ellos secan los granos y las procesan antes de revenderlas a empresas exportadoras. A cambio, les exigen abandonar el uso de químicos y pesticidas en sus cultivos para obtener productos orgánicos, de alta demanda en el mercado europeo.

Los hogares que no son socios de estos grupos entregan sus cosechas a acopiadores, quienes las comercializan principalmente en el mercado interno, pero se desconoce cuánta de esta mercadería termina en intermediarios de compradores internacionales. Si bien el trabajo infantil se desarrolla en esta cadena familiar, también llega a las plantaciones agrícolas a través de los sistemas de subcontratación.

“Cuando los niños y niñas trabajan en plantaciones no figuran en los registros del empleador, porque solo están inscritos los padres. Este es el caso de las migraciones estacionales, cuando familias enteras se mudan de manera temporal para trabajar en plantaciones donde se paga por cantidad o peso, motivando que los hijos e hijas menores de edad participen de las labores”, señala la OIT en el Estudio regional sobre trabajo infantil en la agricultura en América Latina y el Caribe.

De acuerdo con Manuel Chumbes, jefe de la Dirección Regional de Trabajo de Lima, estas formas de subcontratación se infiltran en las agroindustrias formales cuando se convocan a jornaleros para las temporadas de cosechas. “El año pasado hicimos una encuesta en los colegios de la provincia y encontramos que cerca de 2 mil estudiantes admitieron trabajar como peones. Según sus respuestas, son menores de 10 a 16 años que cargan sacos de papa o motobombas de fumigación; cosechan paltas, arándanos, o trabajan más de seis horas”, indicó el también Secretario Técnico del Consejo Regional Contra el Trabajo Infantil y Forzoso.

Chumbes señala que este año iban a iniciar operativos de fiscalización, a raíz de los resultados de la encuesta, pero la pandemia suspendió los planes.

Sunafil confundido

La inclusión de niños, niñas y adolescentes en cultivos locales y de exportación es un problema global. Al menos el 22% de los menores involucrados en trabajo infantil forman parte de las cadenas transfronterizas de suministro de bienes y servicios, sobre todo en el cultivo y producción de materias primas. La cifra se desprende de un estudio conjunto elaborado el 2019 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otras instituciones.

“Es posible que las empresas compradoras no tengan conocimiento de la existencia de estas vulneraciones en sus cadenas de suministro, pero quizás más importante aún, es que no tengan la capacidad para hacer frente a estos complejos problemas con los proveedores, con quienes no tienen relaciones comerciales directas”, se advierte en el informe también suscrito por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la OIT.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es la entidad estatal que debe supervisar y multar a las compañías que promueven el trabajo infantil, por ello OjoPúblico solicitó por acceso a la información conocer el listado de empresas agrícolas que sancionaron en los últimos cinco años. La respuesta que enviaron incluye los nombres de 20 personas naturales y jurídicas sobre las que pesan órdenes de fiscalización por trabajo infantil y adolescente, según su Sistema Informático de Inspección del Trabajo (SIIT).

La lista identifica a tres pequeños agricultores, cinco productoras locales de frutas y hortalizas, y 12 agroexportadoras de las zonas costeras de Lima, Tumbes, Lambayeque, La Libertad e Ica; la sierra de Cajamarca y la selva de San Martín. Todos los cuáles fueron inspeccionados por supuestamente tener en sus plantaciones a adolescentes sin autorización para laborar o ejerciendo actividades peligrosas, pero también a niños en situación de trabajo infantil prohibido.

Ojo Público se contactó con las agroexportadoras a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas, detallando el número de documento con el que aparecen en la base de datos de Sunafil. Solo cuatro respondieron y dijeron que, en efecto, la visita inspectiva se realizó entre el 2014 y 2019, pero fue un acto de rutina y no se encontró nada irregular, por lo que no fueron sancionados. 

Al consultar el detalle de estos expedientes, dentro de la misma Sunafil se generaron contradicciones, pues mientras la sede central insistía en que estas órdenes terminaron en multas, sus oficinas regionales -donde se originaron los casos- lo niegan. Desde febrero solicitamos mayor información y una entrevista con la jefatura de esta superintendencia, pero solo respondieron a través del área de prensa asegurando que las órdenes de fiscalización que aparecen en el SIIT -y fueron enviadas a este medio por acceso a la información- corresponden a empresas infractoras.

Óscar Moreno, jefe de la Intendencia Regional de Sunafil, en La Libertad, cotejó tres casos que corresponden a su jurisdicción y aseguró que se trataron de inspecciones inopinadas, las mismas que se archivaron al no encontrarse adolescentes ni niños laborando. “En el sector agroindustrial no tenemos sanciones impuestas a la fecha, tampoco procedimientos en curso”, añadió. 

En la Intendencia Regional de Ica, donde se redactaron las órdenes de fiscalización contra otras seis agroexportadoras, la intendente Flor Cruz, coincidió en señalar que no tienen un solo caso de multa y sanción en el sector agrícola, pese a que este es el principal escenario donde se desarrolla el trabajo infantil en el Perú. 

“No estamos facultados a fiscalizar el trabajo familiar, solo intervenimos cuando existe una relación de dependencia laboral con un empleador, sea formal o informal, pero es muy difícil encontrar esta situación en el campo”, señala Cruz. Ella considera necesario desarrollar un mapa de riesgo, encuestas entre los escolares, y habilitar sistemas tecnológicos para identificar quiénes ingresan a los cultivos. 

“Debemos saber quiénes contratan al grupo familiar y quién lo terceriza, para así poder llegar a un empleador. Pero el fundo es amplio y móvil, los inspectores somos pocos y mientras lo recorremos se pueden ocultar muchas cosas. Además, los propios padres e hijos lo esconden (…) No podemos decir que esto no sucede en las grandes empresas, pero en menor grado. Son ellos los que deben reforzar sus mecanismos para fiscalizar la contratación de terceros, sin escudarse diciendo que no son sus trabajadores directos”, añadió.

Foto:Marco Garro

La industria agropecuaria

Sólo una empresa de la lista enviada por Sunafil aparece también en actas de sanción impuestas por otra institución pública, en este caso el Gobierno Regional de Lambayeque, que hasta el año pasado tenía injerencia para fiscalizar el trabajo infantil. Se trata de la agrícola Capsicum Andino S.A.C., productora de ajíes para Estados Unidos, Reino Unido y Arabia Saudita, que tiene entre sus principales clientes al gigante McIlhenny Company, creador de la reconocida marca de salsa picante Tabasco. 

La compañía es subsidiaria de la colombiana Hugo Restrepo y Cía., la misma que en su página web destaca que los agricultores son contratados “exclusivamente para nuestras compañías, bajo estricta supervisión y acompañamiento de nuestros agrónomos en todos los aspectos de la producción agrícola”. Sin embargo, la data de Sunafil indica que Capsicum Andino fue inspeccionada en febrero del 2016, luego que el Ministerio Público iniciara una investigación en su contra por trabajo infantil.

De acuerdo con la información que consta en los archivos de la Gerencia Regional de Trabajo de Lambayeque, entonces dirigida por Omar Effio Arroyo, la fiscalía recogió los testimonios de 21 niños y adolescentes, de entre 10 y 17 años, que afirmaron laborar en la siembra de ají en los fundos La Ponderosa y San Antonio, que dicha agroexportadora alquilaba en el distrito norteño de Olmos. 

Por estos hechos, en marzo del 2016, la gerencia regional inspeccionó los cultivos y multó a Capsicum Andino con 200 UIT, equivalentes a S/790 mil; unos 239 mil dólares al cambio. Desde fines del año pasado, todo lo actuado por esta región en materia laboral ha pasado a manos de la Sunafil, incluso este expediente, pues ya cuenta con una oficina descentralizada en el norte.
OjoPúblico contactó vía telefónica con el ciudadano colombiano Carlos Magaña Martínez, gerente general de la compañía, quien pidió tiempo para responder nuestras preguntas porque se encontraba realizando gestiones para reactivar la agroexportadora durante la pandemia. Él subrayó la necesidad de explicar la problemática social en torno a la agricultura, pero, tras un mes de espera, no hubo respuesta.

“Este asunto que usted quiere tratar es una problemática nacional muy importante y me parece que eso tarda, hay que procesarla bien. Le podría contar lo que estamos haciendo, para dónde vamos, lo que veo en el campo, porque yo también veo muchos temas sociales (…) Pienso que lo importante aquí es hablar de la problemática de la agricultura por contrata, en qué consiste, cuáles son las limitantes. Me parece importante hablar del tema del café y otros cultivos, y cuál es la cultura de las familias campesinas. Como gerente también puedo opinar sobre eso”, señaló en junio.

Según el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo las empresas que permiten la labor de niños o adolescentes en actividades no autorizadas, o incumpliendo la legislación, son sancionados con multas que van desde los S/202 mil a S/810 mil, es decir, de  61 mil dólares a 245 mil, dependiendo del tamaño de la compañía. Consultamos a Sunafil cuál fue el destino de la multa impuesta a Capsicum Andino, pero hasta el cierre de edición no respondieron.

Víctor Gómez, Secretario de Defensa del Sindicato de Inspectores de esta superintendencia, explicó que estos hechos son calificados como faltas muy graves e insubsanables, en su marco operativo. “Si se detecta actividad infantil se redacta un acta de infracción y no hay opción a apelar para corregirlo, ni mucho menos obviar la multa”, añadió.
Edad mínima y pagos injustos

Sergio Quiñones Infante, director general de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo señala que la actividad infantil en la agricultura es mayoritaria e invisible. “Está opacada y normalizada por la idea de que el niño del campo debe ayudar a su familia. Pero más allá de la cosecha y la siembra, hay muchas actividades que pueden ser riesgosas, como el transporte de productos, el uso de fertilizantes químicos, el manejo de machetes y la limpieza de canales”, advierte el funcionario del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la entidad rectora en esta materia.

Para Patricia Rivera, consultora nacional del Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos (Manthoc), el término trabajo infantil está construido desde un concepto del abuso y la explotación, no desde las costumbres y necesidades de los hogares donde los hijos requieren aprender y aportar a la economía del hogar. “Partimos de una realidad donde miles de niños y adolescentes trabajan. Una regulación normativa prohibitiva, no protectora, solo invisibiliza esa etapa de sus vidas y los expone a más riesgos”, enfatiza.

“No negamos que muchos niños en Perú están en situaciones de explotación, pero para nosotros eso ya no es trabajo, es un delito. El trabajo que forma, educa y contribuye es compatible con la asistencia escolar y el tiempo libre. El niño también se siente útil. No hay una fórmula, pero hay que llegar a los padres o cuidadores con este mensaje, sobre todo porque venimos de generaciones donde se cree que la violencia y el sufrimiento enseñan”, añadió Rivera.

De acuerdo con el Código de los Niños y Adolescentes (Ley N° 27337), la edad mínima para realizar tareas agrícolas son los 15 años, siempre que cuenten con un permiso emitido por las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo, y sean actividades que no impliquen riesgos a su salud o integridad, por horas limitadas y que no interfieran con sus clases o vacaciones. Pero, en la práctica, los menores inician actividades agrícolas peligrosas a temprana edad.

Las familias con las que hablamos en Palcazú niegan que sus hijos realicen actividades peligrosas, pero los hijos, como José, de 9 años, cuenta con naturalidad cómo está aprendido a usar el machete que su hermana de 13 ya usa con destreza.
Elías, por ejemplo, empezó las tareas en la chacra a los 12 o 13 años. Según su familia, debió hacerlo a los 9 años, pero al ser zurdo le costó más tiempo aprender a usar el machete y sufrió cortes. Ahora tiene 17 y está en último año de secundaria. Los fines de semana se reúne con sus amigos y visitan en grupo las parcelas donde los llaman para limpiar los cultivos.

El esfuerzo de los adolescentes que trabajan en el campo no se ve reflejado en los honorarios. Según el Régimen Laboral Agrario, un jornalero debe recibir S/39,1 (US$12) por día de trabajo, pero los niños y adolescentes obtienen nada o la cuarta parte de este monto y un almuerzo. “Sería bueno contratar a peones de chacra, pero no vienen hasta acá seguido. Nosotros nos hemos acostumbrado a que los jóvenes nos ayuden y entre todos nos juntamos y les damos su propina. A ellos les gusta la chacra, si no están aquí se aburren o se dedican a vicios”, dice su madre Yanira.

Para los agricultores la opción más rápida y económica para luchar contra la maleza, por ejemplo, es comprar un balde de agroquímicos por S/20 soles (US$ 7) y esparcirlo en las zonas afectadas, pero esto se encuentra prohibido en las plantaciones orgánicas como la de la familia de Carlos Valerio. Si los hijos no ayudan en esta tarea, las familias deben contratar a jornaleros por S/300 (US$ 90) para que deshierben las parcelas, de forma manual o con máquinas. Una operación que dura tres días y debe repetirse cada tres o cuatro meses.

Las ganancias que les deja el campo no les permite a todos hacer esta inversión. Por ejemplo, los cultivos de cacao -que están entre los más rentables- el precio internacional por tonelada bordea los US$ 2.300, por lo que cada agricultor recibe US$ 2.30 kilo de grano seco. Con este dinero mantienen a sus familias, combaten las plagas e invierten en sus próximas cosechas. La Asociación Peruana de Productores de Cacao (Appcacao) estima que el precio debería elevarse a US$ 3.200 por tonelada para que el producto sea competitivo.


Certificación contra el trabajo infantil

El compromiso asumido por el Estado como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) es erradicar el trabajo infantil para el 2021, sin embargo, en los últimos seis años apenas lograron reducir su incidencia en un punto porcentual anual. A la fecha, el 21% de los menores se mantienen vinculados a esta actividad, y en lo que queda del 2020 -en plena pandemia- no llegaremos a la meta. 

Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café y vocero de la Coordinadora Nacional de Comercio Justo -que agrupa a 56 cooperativas y 40 mil productores- explicó que el Estado de Emergencia y la crisis económica generada por el Covid-19 han reducido las posibilidades de contratación de jornaleros. En las parcelas más pequeñas las familias vecinas se agrupan para apoyarse por turnos con las cosechas, emulando el sistema incaico de la Minka, pero los hijos se han vuelto parte importante de este sistema.

“Ahora que los colegios están cerrados, los hijos han vuelto al campo para ayudar en la cosecha. Es parte del aprendizaje que realicen acopios y otras labores”, sostiene. Él considera que el trabajo infantil solo sucede cuando los niños son contratados en plantaciones de terceros, no con la familia, sin embargo, dice que cuentan con un sistema de control comunitario para que tales trabajos no sean excesivos o riesgosos para sus rangos de edad.

Sin capacitaciones a las familias ni sanciones reales a las empresas, la cadena agrícola que se beneficia con la mano de obra infantil y adolescente continúa sin obstáculos. Recién en febrero el Gobierno publicó la Resolución Ministerial 072-2019-Minedu que formalizó la Secundaria Tutorial para acercar la escuela a los niños, niñas y adolescentes que trabajan en zonas rurales y que, por cuestiones geográficas, no pueden asistir a esta. El programa incluye el seguimiento a las familias para asegurar la permanencia de sus hijos.
María Gloria Barreiro, directora ejecutiva de la ONG Desarrollo y Autogestión (DyE), sostiene que no se puede llegar a los agricultores con un discurso prohibitivo que se enfoque en exponer las leyes contra el trabajo infantil sin comprender su realidad social. Su organización ha clasificado la rutina y labores del campo por etapas y niveles de riesgo (fumigación, poda, jornadas de madrugada), de acuerdo al tipo de cultivo, para mostrarles a los padres las fases en que pueden participar sus hijos de forma segura.

“Los agricultores que hemos capacitado ya saben cuánto tiempo le deben dedicar sus hijos al colegio, a las tareas y al estudio, pero también al juego y al descanso. No es que dejen de ayudar en el campo, porque allí también aprenden. Lo que se debe cuidar es qué actividades y cómo las realizan. Cuando los padres comprenden estas razones se crea una sinergia que les permite a los hijos contribuir al hogar sin poner en riesgo su educación para romper el círculo de pobreza”, añade.

Esta ONG ha capacitado a productores de café, cacao, palta y espárrago en las regiones de Cerro de Pasco, Junín y Huancavelica a través del proyecto Semilla, el mismo que ha sido el pilar para que en agosto del 2019 el Gobierno cree el Sello Libre de Trabajo Infantil (SELTI). Una certificación que se le otorgará a los agricultores que demuestren -luego de evaluaciones técnicas y visitas inopinadas- que no usan mano de obra infantil en sus cultivos. Y en caso cuenten con el apoyo de adolescentes, esto debe cumplir con los parámetros de ley. 

Esta es la primera iniciativa estatal de acreditación en el sector agrícola, pues en el rubro minero el país cuenta con el sello “Oro formal, oro peruano” para promover la compra del mineral a empresas formales. La experiencia más cercana en Latinoamérica es la de México, que cuenta con el Distintivo de Empresas Agrícolas Libres de Trabajo Infantil (Dealti); mientras que Bolivia y Ecuador existen certificaciones a cultivos específicos como la caña de azúcar y el cultivo de flores.
En febrero pasado se eligieron a las primeras siete asociaciones y cooperativas de café y cacao que pasaron los filtros SELTI, y ahora podrán exhibir el sello en sus productos y campañas de mercadeo para darles un valor agregado. Estas agrupan a agricultores de las regiones Pasco y Junín; una de ellas es la Asociación de Pequeños Productores Agroecológicos de Laguna Raya (APPALAR), que reúne a 52 familias Yaneshas que cultivan cacao orgánico y ahora tienen el reto de mantener el trabajo infantil fuera de sus plantaciones.

Sin embargo, como indica el mismo Ministerio de Trabajo en sus comunicados oficiales, el SELTI solo acredita que “en ciertas cadenas productivas o prestaciones de servicios no se utilizó trabajo infantil”, en este caso, la siembra y cosecha. Es imposible asegurar que en el resto de procesos agrícolas -preparación, siembra, cosecha, traslado y venta- no hayan intervenido niños, niñas o adolescentes. 
Desde su práctica, Antonio Marín, representante de la Cooperativa Agraria Cafetalera Cepro Yanesha, de Villa Rica, señala que las certificaciones por sí solas no funcionan para erradicar el trabajo infantil, pues estas deben ir acompañadas de capacitación y recursos para tecnificar los cultivos. 

“La mayoría de cooperativas solo acopian los granos, no supervisan ni ayuda a sus socios. Les pagan por los costales y se olvidan de ellos; no saben cómo ni con quién están sembrando. Somos muy pocos los que invertimos en acompañarlos todo el proceso y podemos garantizar que no se usan a niños o adolescentes fuera de la ley”, sostuvo.

Los productos de agroexportación en Perú cuentan con otros sellos, como el de cultivos orgánicos y pagos justos. En estos casos, las pruebas de laboratorio detectan cuando los granos están limpios o impregnados con pesticidas; y una revisión a la documentación pueden confirmar los sueldos y la cadena de pagos. Sin embargo, sin confesiones de por medio ni fiscalización, no hay forma de probar que la cadena agrícola está libre de mano de obra infantil.

Este reportaje fue realizado en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
 

Mensaje de Raúl Garáfulic, Presidente del directorio de Página Siete

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