15 de enero de 2021 09:33 AM
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Lo que dejó el paro del campo: dos semanas de conflicto, con varios heridos y sin claros ganadores

Tras 14 días de tensión, el miércoles, con el levantamiento anticipado del paro agropecuario, finalizó un nuevo capítulo de esta larga historia de conflictos entre el campo y el Gobierno. A esta altura ya se perdió la cuenta de todos los enfrentamientos que se dieron desde la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada […]

Tras 14 días de tensión, el miércoles, con el levantamiento anticipado del paro agropecuario, finalizó un nuevo capítulo de esta larga historia de conflictos entre el campo y el Gobierno.

A esta altura ya se perdió la cuenta de todos los enfrentamientos que se dieron desde la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada y, de tan reiterados, se va generando una madeja de confusión, cada vez más difícil de desenredar.

En este caso, no se entiende qué motivó el cierre de exportaciones, por qué se demoró tanto la aplicación de la solución negociada y ni siquiera está claro quiénes fueron los ganadores.

Un cierre sin explicaciones

Una vez más, expresamos la sinrazón del cierre de exportaciones de maíz.

La excusa fue garantizar la oferta para el mercado interno y desacoplar los precios internacionales de los locales. Como ya se explicó, los precios ya están desacoplados: el maíz paga USD 207 en el mercado internacional y, convertido a dólar MEP, el productor argentino recibe USD 117. Además, los propios datos del Ministerio de Agricultura señalan que a fines de diciembre quedaban 9,9 millones de toneladas de maíz, el 20% de la última cosecha, para ser consumido en dos meses.

Ahora, después de varias idas y vueltas, es un secreto a viva voz que el cierre de exportaciones fue la respuesta al planteo del sector avícola sobre la falta de producto. El mismo habría tenido lugar en la Secretaría de Comercio, a cargo de Paula Español, en el marco de la negociación de Precios Cuidados.

Por eso, uno de los puntos acordados en la flamante mesa de maíz es generar un fideicomiso que sirva para financiar la compra de cereal por parte de las avícolas, para que puedan pagarlo de contado.

Es que ahí está una de las claves para entender la falta de ventas en el mercado interno: las avícolas pagan en pesos, a 30 días, con cheques de terceros, un riesgo que ningún productor quiere correr teniendo en cuenta la actual inflación.

¿Ganadores?

Se podría decir que la Secretaría de Comercio es una de las ganadoras por haber obligado al sector a sentarse a buscar soluciones.

Lo cierto es que esas soluciones no están tan cercanas. En la primera reunión que mantuvo la mesa del maíz tras el conflicto, ningún actor se mostró entusiasmado en aportar a ese fideicomiso por lo que, si no se conforma con plata del Estado, será muy difícil su puesta en marcha.

Claro que cuenta con herramientas de presión para llegar a un acuerdo. La más a mano, y que ya se está usando, es la amenaza de subir 3 puntos las retenciones al maíz, que podría ejecutarse con una simple resolución administrativa. La reacción en bloque de productores e industriales frente al cierre de exportaciones del cereal, con un paro contundente, convierte a esa medida en una jugada muy peligrosa, de consecuencias imprevistas.

Tampoco parece haber ganado el Ministerio de Agriculturaa pesar de ser el artífice del acuerdo que culminó con la pelea.

Es cierto que se movió rápido, juntó a los actores clave para negociar, impulsó la creación de la mesa de monitoreo de maíz y postergó por tres días el inicio de la medida de fuerza, dándole aire al Gobierno para tomar decisiones.

Sin embargo, pese a haber alcanzado el jueves pasado al mediodía un acuerdo técnico con el sector, el ala política tardó cuatro días en aprobarlo parcialmente y terminó comunicando, sobre el inicio de la medida de fuerza, el cupo de 30 mil toneladas diarias, algo más parecido a una mojada de oreja al campo que una medida seria, que finalmente tuvo que anular dos días más tarde.

No sólo fue cómplice de una chicana hacia el sector, con ese anuncio de medianoche, sino que una vez más parece confirmarse su bajo peso político hacia adentro del Gobierno. Vale agregar que, aunque no haya sido el autor ideológico de la medida, es el área que accionó el cierre de exportaciones el 30 de diciembre, disparando el conflicto.

Por el lado de los productores, Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Federación Agraria y la Sociedad Rural (SRA) dieron muestras de haber podido articular un cese de comercialización exitoso (con caídas de ventas del 50% en relación al promedio diario de la semana pasada). Se canalizó el malestar de los productores de base y los autoconvocados y hasta lograron lo más difícil: que se respete y acate la decisión de levantar la medida de fuerza antes de tiempo, en medio de un clima de descontento.

Pero a pesar de esto, la Mesa de Enlace quedó debilitada ante la no adhesión de Coninagro. Si bien en declaraciones públicas los dirigentes hablan de unidad, diálogo y respeto, los desacuerdos y operaciones de prensa de unos y otros son moneda constante.

Y entre las entidades, la SRA quedó en el papel más confuso. Al no ser parte del Consejo Agroindustrial (CAA), armado que el Gobierno eligió como negociador, a partir de ahora se quedó afuera de toda la discusión sobre el futuro del comercio del maíz. Como contrapartida, es la que más capitalizó el enojo del grueso de los productores movilizados que piden que los productores salgan del CAA. Es decir, queda con poca capacidad de diálogo, pero con la identificación de las bases ruralistas.

Por el lado del CAA, si antes de esta situación ya había desconfianza, la permanencia de la producción primaria dentro del mismo parece por momentos insostenible. Su futuro queda atado a la más mínima medida que pueda tomar el Gobierno que los productores consideren perjudicial e interpreten a la industria como cómplice.

Y llegamos a la máxima autoridad. En el medio del conflicto, Alberto Fernández volvió a hacer declaraciones que, más allá de posturas ideológicas, son totalmente erradas. Plantear que los productores argentinos quieren cobrar lo mismo por vender al mercado local que al externo; que un bife no puede costar lo mismo en Europa que en la Argentina; o que no les subieron los costos de producción porque están en pesos, puede ser muy útil para aglutinar a la trinchera K, pero está muy lejos de lo que se necesita en momentos en que la Argentina sortea más de una crisis a la vez.

Por último, los productores y los consumidores. Los primeros recibieron una cuota más de incertidumbre, que sigue posicionando al riesgo político como la mayor amenaza para el desempeño del sector agropecuario.

Los segundos (todos nosotros) vemos que el precio de los alimentos sigue subiendo en un contexto general inflacionario y, ante nuestros ojos, se ofrecen falsas soluciones que ni siquiera terminan de plasmarse.

Algunos señalan que este conflicto marca el comienzo del año electoral. Para ver si en ese plano hay ganadores falta mucho, pero jugar con fuego no parece el mejor camino para desarrollar la contienda, en una Argentina tapizada de pólvora.por Marcos Lopez Arriazu

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