4 de diciembre de 2010 07:04 AM
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Una exclusión con interrogantes

Debería discutirse la naturaleza jurídica de las normas de la AFIP, que permite suspender o rechazar el otorgamiento del Registro de Operadores de Granos.

La resolución general (RG) 2300 reglamenta el Registro Fiscal de Operadores de Granos, creado en ocasión del dictado de la resolución general 129 y sus sucesivas normas que la modificaron o reemplazaron, integrado por responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado.La no incorporación o la exclusión posterior en el Registro tiene en relación con el IVA las siguientes consecuencias:Falta de reintegro (7%) de las retenciones soportadas. Retención del 100% del IVA. Percepción en el IVA en operaciones de canje del 10,5% del precio neto de la operación. Retención en el impuesto a las ganancias del 15% sobre el total de la operación en lugar del 2% para los inscriptos. Los artículos 40 y 47 de la RG 2300 prevén la posibilidad de que el fisco disponga la suspensión transitoria y/o la exclusión del registro ante ciertas conductas fiscales.Los actos de suspensión transitoria -y, en su caso, la exclusión- se verificarán cuando se constaten las situaciones previstas por los apartados A (controles sistémicos formales), B (controles objetivos practicados en procesos de verificación o fiscalización) o C (estado del contribuyente en procesos judiciales) del Anexo VI de la resolución general 2300.Si bien el contribuyente podrá recurrir la decisión mediante la vía de apelación, el procedimiento administrativo prevé que será el fisco el que revise su propio accionar y los efectos de su interposición no resultan suspensivos. En estos casos, sería conveniente la solicitud de una medida cautelar ante la Justicia a fin de evitar cualquier efecto lesivo para el contribuyente durante el tiempo en que el fisco resuelva el recurso planteado. Existe jurisprudencia de la Cámara que la ha aceptado.El artículo 159 inciso b) de la ley 11.683 en tanto que regula la competencia del Tribunal Fiscal, establece que podrá entender sobre "…los recursos de apelación contra las resoluciones de la AFIP que impongan multas superiores a $ 2500 o sanciones de otro tipo, salvo la de arresto".Lo que aquí está en discusión es la naturaleza jurídica de la exclusión del Registro Fiscal, es decir, si la misma podría encuadrar como una "sanción de otro tipo" y, en consecuencia, abrir la competencia del Tribunal Fiscal. Ello, teniendo en cuenta el perjuicio que implica para el damnificado la imposibilidad de efectuar un adecuado descargo tendiente a ser oído, previo a la resolución, acorde con la garantía del debido proceso. La AFIP, como era de esperar, fijó su posición considerando que la exclusión resulta una medida de carácter precautorio que no constituye sanción.El ordenamiento de la resolución general 2300 debe ser revisado. El cúmulo de sanciones a las que son sometidos los contribuyentes ante la suspensión o exclusión del registro puede someter a los mismos a una doble persecución penal, vulnerar principios constitucionales de legalidad y proporcionalidad y afectar el ejercicio del derecho de defensa sobre la base de un cuestionable procedimiento recursivo.El Estado tiene la facultad irrenunciable do perseguir la evasión, en este mercado y en toda la economía, pero tal objetivo no puede por sí mismo cercenar los derechos del debido proceso a los contribuyentes, a efectos de discernir y asegurar que la inclusión o exclusión del Registro Fiscal de Operadores de Granos se basa en razones de legítimo derecho.Hector Tristan
El autor es contador público, especialista en temas agropecuarios

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