18 de febrero de 2021 11:42 AM
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Desconcierto y cautela: la reacción de empresas acusadas de desabastecimiento

CompartiremailFacebookTwitterDespués de que la Secretaría de Comercio imputara a grandes empresas de consumo masivo por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos para su comercialización, desde el sector alimentario comenzaron a hacerse escuchar algunos reparos. Como factor común, el grueso de las firmas consultadas por A24.com Agro, señalaron su “sorpresa” o “desconcierto” por la medida […]

Después de que la Secretaría de Comercio imputara a grandes empresas de consumo masivo por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos para su comercialización, desde el sector alimentario comenzaron a hacerse escuchar algunos reparos.

Como factor común, el grueso de las firmas consultadas por A24.com Agro, señalaron su “sorpresa” o “desconcierto” por la medida y por haberse enterado por el parte de prensa del ministerio de Desarrollo Productivo.

“Todavía no hemos recibido ninguna notificación oficial”, apuntó un ejecutivo de una de las grandes firmas aceiteras del país. Y a su vez, contó que por el intercambio mantenido con otras empresas del rubro “varios están en la misma situación”.

El desconcierto de la medida, se basa en que los empresarios aseguran haber cumplido tanto con el pedido de información, como con la provisión de mercadería.

“A principios de febrero recibimos el pedido de información de la secretaria de Comercio el que respondimos con los datos de stocks, producción y comercialización”, agregó la fuente.

A la vez que negó cualquier caída en la producción o en el abastecimiento. “Las fábricas están trabajando a full y los volúmenes de comercialización son los habituales”, aseguró.

Por su parte, desde Mastellone, también reflejaron haber remitido la información solicitada por la secretaría de Comercio. “No entendemos porqué nos pusieron entre las empresas que no aportamos información”, sostuvieron desde la compañía.

“El 1° de febrero recibimos la notificación de la Secretaría de Comercio y el 8 de febrero respondimos con un documento de 1.700 páginas detallando la producción, los stocks y el total comercializado en el período”, precisaron.

Además, aseguraron que desde el comienzo de la pandemia “la empresa decidió destinar más producción a productos de primera necesidad, como las leches fluidas, por sobre la de otros productos con mayor margen, resignando rentabilidad”.

Otros empresarios consultados, admitieron que fueron “avisados previamente” a la salida del comunicado oficial, aunque aún esperaban “la notificación oficial para hacer los descargos pertinentes”.

Las compañías apuntadas por el Gobierno son Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, las que ahora tienen un plazo de 5 días hábiles para responder a la imputación.

Acusación y consecuencias

Según explicaron desde el ministerio de Desarrollo Productivo, las imputaciones se realizaron luego de que la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) verificase que las mencionadas empresas habrían incumplido la intimación a “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, establecida por la resolución 100/2020.

El mecanismo para constatar el incumplimiento fue el siguiente:

  • Los inspectores de la Secretaría de Comercio Interior identificaron faltantes en góndolas.
  • Luego fiscalizaron los centros de distribución y constataron que desde las empresas proveedoras hubo inconvenientes en la entrega de mercadería.
  • Se realizaron requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021 a las empresas proveedoras.
  • Se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos

Ahora las compañías tienen un plazo de 5 días hábiles para retomar la producción y comercialización en los niveles de capacidad máxima, además de realizar un descargo.

Si la información que remite la empresa da cuenta que retomó el normal abastecimiento, se termina el proceso administrativo. Si la Secretaría considera que la información es insuficiente o si no la presentan, se avanzará en el proceso de multa, que van desde los $500 a $10.000.000.

Otro camino para los empresarios es apelar en la Justicia y a partir de ahí el proceso se ajusta a los plazos judiciales.

De todos modos, desde el Ministerio afirmaron que “el objetivo no es sancionar sino que vuelvan a producir para poder abastecer de mercadería los puntos de venta”.por Marcos Lopez Arriazu

Fuente: a24.com

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