7 de diciembre de 2010 07:02 AM
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Quiénes investigarán a los exportadores

Fue definida la lista de diputados y senadores que deberán dar cumplimiento a una ley sancionada hace más de dos años. Cinco de los doce integrantes son kirchneristas puros, como el conductor de la bancada oficialista Miguel Pichetto. Con aliados podría obtener la mayoría.

El Congreso de la Nación sancionó en agosto de 2008 la ley 26.397 mediante la cual se creaba una comisión Bicameral de seis senadores y seis diputados para investigar “presuntas irregularidades” en las exportaciones de granos y subproductos desde el año 2007.Nadie podrá decir que la conformación de la comisión investigadora es algo que el Parlamento ha tomado a la ligera. Más de dos años, les llevó a ambas Cámaras completar el listado de los integrantes que tendrán a cargo la compleja pesquisa.Para resolver el entuerto, los legisladores contarán con noventa días a partir de su constitución (hecho que aún no se produjo) que serán renovables por única vez, por idéntico tramo, lo que completa una vida activa máxima de la comisión de seis meses o 180 días.Los senadores que conformarán la comisión son el Correntino José María Roldán ligado al gobernador radical Ricardo Colombi, el pampeano Juan Carlos Marino (UCR), así como la actual presidenta de la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, también correntina, Josefina Meabe.El peronismo aportó los otros tres nombres de entre los senadores que realizarán la investigación. La primera es la santafesina Roxana Latorre -otrora seguidora del Lole Reutemann- hoy más cercana al oficialismo que al PJ opositor.Completan la lista en la Cámara alta dos espadas destacadas del kirchnerismo, el mismísimo presidente del bloque, Miguel Ángel Pichetto (Río Negro) y el ex ministro de Educación de Néstor Kirchner, el porteño Daniel Filmus.Entre los diputados que conformarán la comisión, en cambio, sólo uno de ellos no integra un bloque peronista, Claudio Lozano -precandidato a Jefe de Gobierno porteño para el año próximo por el espacio que conduce Pino Solanas- y economista de la CTA, de estrechos vínculos con la FAA.Y si de la FAA se trata, también la comisión estará integrada por una legisladora que proviene de sus filas, la cordobesa Estela Garnero, que llegó a su banca hace un año impulsada por el actual gobernador Juan Schiaretti, e integra el bloque Córdoba Federal.Jorge Montoya –un hombre del riñón de José Manuel De La Sota- será el tercer integrante de la comisión Bicameral, actualmente con una postura en los hechos mucho más alineada con el oficialismo que en 2008, cuando se mostraba como peronista opositor y votó en contra la 125 pese a que todavía integraba el bloque kirchnerista.Los otros tres diputados que integran la comisión son del bloque oficialista Frente para la Victoria, y bien alineados con la conducción de la bancada K. Se trata del abogado moyanista Héctor Recalde (Buenos Aires), el ex ministro de la producción de Misiones, Axel Ziegler, quien también integra la comisión de Agricultura, y el salteño Fernando Yarade.Con esa conformación, la Comisión tendría 5 legisladores del kirchnerismo, que sumado a dos posibles aliados -como la senadora Latorre y el diputado Montoya- podría elevar el número del oficialismo a 7, es decir la mayoría absoluta de la Bicameral, y con ello tener el control de la Comisión.Esos legisladores bajo el paraguas institucional de la ley de creación de la Bicameral intentarán dilucidar una posible estafa al fisco nacional y a productores agropecuarios. La FAA, con el acompañamiento de la Mesa de Enlace, pidió mediante nota a los presidentes de las Cámaras ampliar la investigación a las distorsiones en la comercialización de trigo.Pero el hecho que provocó la sanción de la norma 26.397 fue el aluvión de toneladas registradas por exportadores en 2007 que les permitió congelar la alícuota en los derechos de exportación.Tras imponerse Cristina Fernández en las elecciones presidenciales de 2007, su esposo y presidente saliente, elevó a comienzos de noviembre el derecho de exportación para la soja del 27,5% al 35%, algo que todo el mundo esperaba menos el responsable de cerrar los registros de exportación, el secretario de agricultura de entonces, Javier De Urquiza.La omisión del Estado, que no cerró el registro correspondiente, permitió que los exportadores anotaran alrededor de 18Mt de granos y subproductos de una producción que recién se estaba sembrando. Ello les habría permitido a los exportadores congelar la alícuota antes de comprar el grano a los productores, asegurándose una ganancia fabulosa: exportaban con el 27,5% pero aplicaban la retención al productor del 35%.Pero a fines de 2007 el mismo Parlamento sancionó otra ley que obligaba a demostrar fehacientemente a los exportadores que la mercadería anotada, previo al aumento de las retenciones, había sido efectivamente adquirida. Por estos últimos casos el Estado reclama ante la justicia unos 827 millones de dólares, pero desde los sectores más críticos como la centroizquierda que integra Claudio Lozano se estima que la cifra en juego ronda el doble de lo reclamado por la AFIP, unos 1.700 millones de dólares.Todo eso es lo que deberán resolver los seis diputados y los seis senadores que integran la Comisión Bicameral. Aunque las autoridades para su conducción aún no fueron designadas formalmente se habla de un acuerdo por el que el correntino Roldán sería designado presidente. Concluida la pesquisa la comisión -que cuenta con facultades de allanamiento y citación de testigos entre otras- deberá volcar sus conclusiones en un informe que elevará a ambas Cámaras en plazo perentorio.

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