3 de marzo de 2021 13:45 PM
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Tras el anuncio de Alberto, buscan ajustar dos artículos para que la ley de promoción agroindustrial llegue al Congreso

El Consejo Agroindustrial Argentino y el Gabinete Económico negocian incentivos para la inversión en ganadería y el mayor uso de fertilizantes y semillas fiscalizadas. Desconfianza de los productores.

Luego de que Alberto Fernández anunciara que enviará al Congreso el proyecto de Ley de promoción agroindustrial, el sector busca llegar a un acuerdo con el Gabinete Económico sobre dos artículos que considera vitales para aumentar la producción agrícola y ganadera.

Además, mientras desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) valoraron como positivo el mensaje del Presidente frente a la Asamblea Legislativa, los dirigentes de la Mesa de Enlace optaron por criticar el discurso o mantener silencio a la espera de que la promesa se concrete.

Más allá de la diversidad de criterios, las diferentes posiciones ayudan a entender por qué el lobby agroindustrial suele ser más efectivo que el de los productores.

El proyecto en debate

El lunes pasado, en la apertura de las sesiones ordinarias 2021, Alberto Fernández anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de Ley de promoción agroindustrial surgido del debate con el CAA durante gran parte del año pasado. El objetivo de la norma será “fortalecer inversiones” para “agregar valor y aumentar la producción y las exportaciones”, dijo el Presidente.

En ese sentido, explicó que se apunta a promover la exportación agroindustria “con incentivos impositivos y previsibilidad”, para estimular las inversiones, “generando más empleo y más valor agregado”.

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y miembro del CAA, Gustavo Idígoras, reveló que el proyecto sobre el que se trabaja consta de 16 artículos, de los cuales 14 ya están acordados. Los dos restantes tienen que ver con beneficios fiscales para promover inversiones en ganadería y el mayor el uso de fertilizantes y semilla fiscalizada.

Según explicó, el Gobierno ya aceptó la necesidad de implementar estos mecanismos y hoy el debate se centra en la forma de comprobar que los incrementales de producción o demanda de insumos sean reales. “La AFIP necesita tener mecanismos efectivos para su comprobación y eso es lo que venimos discutiendo estos días“, enfatizó.

Por el lado de la ganadería, los incentivos irán en dos líneas: el aumento de la productividad del rodeo (lograr más terneros por stocks de vacas) y la terminación de animales más pesados.

El Coordinador de la Mesa de las carnes, Dardo Chiesa, explicó a A24.com Agro que en el caso del impulso a la cría, se discuten “desgravaciones impositivas y amortizaciones aceleradas de inversiones en infraestructura” además de “un plan forrajero para poder mejorar la nutrición de las vacas”.

En el caso del novillo pesado, se busca liberar el pago de ganancias a partir de un determinado peso. La diferencia entre el CAA y el Gobierno pasa por si la liberación del impuesto “se establecerá en base a los incrementales de peso que logre cada productor (para lo que habría que contar con el promedio de terminación de animales de los últimos años) o directamente a partir de un determinado peso, por ejemplo los 420 kg”, agregó.

En este último caso, los funcionarios del ministerio de Economía no ven con buenos ojos el costo fiscal que tendría la medida, que algunos estiman en USD 40 millones anuales. El tema es que si se opta por la primera opción, el control sobre la veracidad de los kg adicionales se ve como imposible.

“Lo más positivo es que los funcionarios valoran y ven necesarias estas iniciativas y tenemos las puertas abiertas para discutir herramientas que ayuden a mejorar la producción”, destacó Chiesa.

¿Los tiempos? “Esperemos que el Gobierno nos pueda responder esta semana y concretar una reunión con el Gabinete económico“, expresó Idígoras. Y adelantó que el CAA comenzará a “hacer reuniones con Diputados y bloques para que el proyecto tenga un tratamiento rápido en el Congreso”.

La reacción al discurso

Durante las casi dos horas que habló Alberto Fernández en el Congreso del lunes pasado, hubo muy pocas menciones al sector agropecuario. Además del anuncio de la Ley de promoción agroindustrial, se refirió a la concesión de la Hidrovía Paraguay Paraná (sin anuncios novedosos), a la modificación de los derechos de exportación para premiar el valor agregado y la contribución a la seguridad alimentaria durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 a través del programa Pro Huerta.

Otros, como la federalización de la Argentina, infraestructura y conectividad, temas que pegan de lleno al agro, no fueron relacionados con el sector por Alberto Fernández.

El primero en reaccionar fue el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto. “Esperábamos del Gobierno menos expresiones de voluntad y más precisiones en términos de gestión, sobre los “cómo” piensa el Gobierno edificar la reconstrucción de nuestro país”, dijo el dirigente en redes sociales.

Con respecto a la inflación, criticó que “no se mencionaron medidas inmediatas para remediar esta problemática que erosiona el poder adquisitivo de los argentinos”. Del mismo modo, a pesar de que valoró la ponderación de la mención al “valor agregado”, señaló que el Presidente no realizó “anuncios a favor de la producción ni de política impositiva y cambiaria, que es un eje imperioso para otorgar previsibilidad a sectores inversores“.

Por su parte, el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, sostuvo que le hubiera gustado que el tono del discurso del Presidente fuese más vinculado con la concordia y con tratar de encontrar entre todos las soluciones que nuestro país necesita a todos los problemas que se arrastran desde hace años y se empeoraron durante el transcurso de la pandemia”. Y precisó que “en muchos lapsos pareció que el presidente sólo le hablaba a la oposición, en lugar de estar exponiendo un programa de país para todos los argentinos”.

En relación con el sector agropecuario, enfatizó que quedó “la sensación de gusto a poco”, en coincidencia con lo que lo que la entidad viene planteando: “Pese a que se nos declaró esenciales durante la pandemia (en tanto proveedores de alimentos que el país necesitaba), al momento de diseñar las políticas públicas no se nos tiene cuenta de la misma manera”.

Y concluyó evaluando que “pareció más un discurso de campaña” en lugar de “decir cómo se sacará adelante el país en este contexto y cómo se ayudará a tantos pequeños y medianos productores que lo necesitan”.

En tanto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, criticó que no haya habido “ninguna mención al campo como uno de los sectores más importantes de la economía” y resaltó que “siguen confundiendo valor agregado con industrialización, sin entender que el sector primario es un enorme generador de valor agregado”.

También llamó la atención el silencio de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) frente a las palabras de Alberto Fernández. Según allegados a la entidad, los dirigentes resolvieron esperar que se concrete el envío del proyecto de ley y su avance en el Congreso, antes de salir a opinar sobre lo dicho para el Presidente.

Otra mirada totalmente distinta tuvieron desde el CAA. “Nos complace escuchar que nuestro proyecto de crecimiento agroindustrial sea parte de la agenda de Gobierno. El discurso del Presidente vino a confirmar que la cantidad de reuniones discutiendo posibles medidas no han sido en vano”, dijo José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales y vocero de ese armado.

No hay dudas de que el lunes pasado Alberto Fernández le dedicó más tiempo a avivar la disputa política en un año electoral por sobre los pocos lineamientos de gestión para este 2021. Pero en ese contexto, los agroindustriales prefirieron puntualizar su opinión exclusivamente sobre los temas que tienen que ver con el sector, dejando de lado el palabrerío político.

Es decir, priorizaron las condiciones de negocios sectoriales por sobre el debate político.

Seguramente, tomar estas posiciones es más sencillo para una cámara empresarial que para una asociación de productores cuyos fines van más allá de la rentabilidad de una actividad. Pero podría ser una lección para estudiar si se busca tener lobbies más efectivos que consigan políticas para el agro.

Por Marcos Lopez Arriazu

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